El jueves pasado el secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó al arquitecto Max Betancourt Villaseñor como el responsable de supervisar las estructuras de todas las escuelas de la Ciudad de México, principalmente las afectadas por el sismo del martes 19, pese a que éste, desde el 25 de noviembre de 1983, fue el responsable de la obra y el mismo que gestionó los cambios del uso de suelo del Colegio Enrique Rébsamen, escuela que tras su reciente desplome cobró la vida de 19 niños y siete adultos.
Por Rosalía Vergara/ Proceso
Las copias de las licencias, difundidas el jueves 28 por la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, en la página oficial de la demarcación y en rueda de prensa, apuntan a que la corrupción cimbró desde un principio los cimientos de la escuela ubicada en el terreno denominado Rancho Tamboreo 19, colonia Oriental Coapa, en la delegación Tlalpan, pues el objetivo de la primera licencia de construcción 1/23402/14, con el número de foja 1019, expedida por la Oficina de Planeación Urbana, Sección de Licencias de Construcción de esa demarcación, era para construir departamentos, oficinas de 30 metros y un salón de juegos.
El miércoles pasado, a las 21:47, Nuño compartió en su cuenta oficial de Facebook, operada por la propia SEP, el siguiente epígrafe: “El Arquitecto Max Betancourt, Director Responsable de Obra, y el Ingeniero José Arturo Zárate, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, realizaron una demostración pública sobre las revisiones de seguridad estructural que se están haciendo en todas las escuelas de la #CDMX. Nuestra prioridad es la seguridad de la comunidad escolar”.
El propio Betancourt Villaseñor narra en el video que el objetivo de la labor de los arquitectos es verificar las condiciones estructurales de las escuelas que fueron afectadas en la capital del país.
“Tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como la Secretaría de Educación Pública, junto con los colegios de Arquitectos e Ingenieros, determinaron que las escuelas tenían que ser revisadas por los arquitectos con más experiencia en la Ciudad de México”, destaca Betancourt en el video de 2:49 minutos.
“La revisión consiste en observar a detalle, de manera minuciosa, las columnas, trabes, muros para, de una manera muy eficiente, darnos cuenta, en función de nuestra experiencia también, si la escuela tuvo un daño importante que le impida su funcionamiento”, agregó.
De esa manera, los arquitectos pueden confirmar si la escuela puede regresar a sus actividades o no, y entonces elaboran un dictamen estructural gratuito, añadió.
Sin embargo, de acuerdo con uno de los documentos que la delegada hizo públicos, Betancourt Villaseñor fue entonces uno de los responsables del posterior derrumbe del Colegio Rébsamen, sitio donde Televisa inventó la historia de la inexistente niña “Frida Sofía”.
En 1984, un año después del primer aval, el ahora colaborador de Nuño expidió otra solicitud de licencia. Fue el 19 de marzo de ese año. De acuerdo con la copia de la licencia 1690, el permiso justificaba la “ampliación de construcción con local de especialidades de tres niveles, con una superficie cubierta de 740.00 m2”.
El 16 de marzo de 1990, con el número de folio 06573, se expidió la solicitud de Constancia de Zonificación de Uso de Suelo en ese terreno. Se le cambió el nombre a la colonia de Oriental Coapa a Nueva Oriental Coapa. El jefe de Registro del Plan Director para el Desarrollo del Distrito Federal, el arquitecto Roberto Rocha García, de nueva cuenta negó el permiso porque, según las leyes vigentes en ese momento, “el uso de suelo para escuela secundaria aparece prohibido”.
La supuesta constancia indicaba que el uso de suelo cambió para construir una escuela de mil metros cuadrados, pero se habían edificado 2 mil 500 metros cuadrados, quedando, en ese entonces, nada por cimentar en el predio.
Mal desde el principio
En ese tiempo, el jefe del Departamento del Distrito Federal era Ramón Aguirre Velázquez, a quien le tocó sortear como funcionario las consecuencias del terremoto del 19 de septiembre de 1985.
Años después, en 2012, se giró una orden de aprehensión contra Francisco Javier Aguirre Vizzuet, hijo del exregente, por presuntamente defraudar a su socio Hugo Cariaco Ojeda Castañeda con 10.5 millones de pesos y transferirlos a una cuenta bancaria de su padre, Ramón Aguirre. Los implicados fueron socios de la inmobiliaria Rododendro.
De 1982 a 1985, el delegado en Tlalpan fue Gilberto Nieves Jenkins, quien también fue presidente de la Comisión Legislativa del Distrito Federal. En 1985 fue sustituido por Jesús Salazar Toledano, y en la LIII Legislatura, Nieves Jenkins fue diputado federal.
A finales del foxismo, en 2005, el mismo personaje fue asesor de la dirección de la extinta Luz y Fuerza del Centro, dirigida entonces por Luis de Pablo Serna quien, en mayo de 1998, en el sexenio de Ernesto Zedillo, fue nombrado director general del Infonavit. En 1994, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se desempeñó como director general de Ferrocarriles Nacionales de México para su “reestructuración”, pero esta compañía fue privatizada.
Y con Fox, en 2001, era vocal del Fovissste. Un año después, en 2002, el mismo presidente panista lo nombró director general de la también extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Nieves Jenkins avaló, el 25 de agosto de 2015, el “Manifiesto vecinal a favor del sustentable desnivel Mixcoac-Insurgentes”, que grupos de vecinos impugnaron; el documento fue enviado al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, a través de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado (http://ensayosalbertooliver.blogspot.mx/2015/08/manifiesto-vecinal-favor-del-proyecto.html)
La falta de documentos
De acuerdo con Sheinbaum, obtuvo dos cajas con fojas del expediente que están analizando especialistas de la UNAM, mediante solicitudes de información. En las copias escaneadas en la cuenta oficial de la delegación no existe ningún trámite hasta 2014.
De 1990 a 1994, el delegado fue Francisco Ríos Zertuche Díez, quien en 2008 fue asesor del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón, y cuyo hijo, Francisco Ríos Zertuche Martí, fue vinculado con la empresa Interlaminados Transparentes SA en el negocio del blindaje automotriz. Ríos Zertuche Díez falleció este 2017.
Le siguió Alfonso del Río Pintado (1994-1997), primo de Roberto Madrazo Pintado, quien en 1994 fue coordinador de asesores del DDF. De 1997 al 2000 estuvo al frente de la demarcación Salvador Martínez della Roca; la izquierda gobernaba la ciudad desde 1994 con Cuauhtémoc Cárdenas. Del 2000 al 2003, con Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno, el delegado fue Gilberto López y Rivas.
Y de 2003 a 2005 el delegado fue Carlos Imaz Gispert, exesposo de la actual delegada Claudia Sheinbaum e involucrado en los “videoescándalos” de 2004, cuando el empresario argentino Carlos Ahumada hizo entrega de dinero a René Bejarano a cambio de obra pública. De 2004 al 2012 pasaron por la demarcación delegados surgidos de las filas del PRD: Eliseo Moyao, Guillermo Sánchez e Higinio Chávez.
En el “Año de Octavio Paz”
En 2014, el director responsable de la obra seguía siendo el arquitecto Max Betancourt Villaseñor, de acuerdo con la licencia número 1/245/83/14, en la que se pidió el permiso para una construcción nueva, ubicada en la calle Rancho Tamboreo, pero en el número 11, “para la construcción de escuela para jardín de niños y dos departamentos en cuatro niveles con una superficie cubierta de 2 mil m2 de uso de suelo con número 1372, de fecha 1 de junio de 1983. Aut. Seguridad Urbana No. 6701, con fecha 11 de julio (ilegible) sin volado habitable que invada la vía pública”, donde se advertía que no se cambiaría el estacionamiento y se construiría una “barda de colindancia”.
El trámite fue aprobado por el delegado Gilberto Nieves Jenkins y el jefe de la Oficina de Planeación Urbana, sección de licencias de construcción, José Manuel Lomas Uribe, según la foja 820, cuya copia consta en el expediente dado a conocer por Sheinbaum.
En 2014 ya habían construido 2 mil 349 metros cuadrados con uso “Q” (Educación), “correspondientes a los años 2002 y 2003”, y el plantel operaba con “actividad de impartición de primaria y preprimaria correspondientes a los años 2000 y 2003”, donde el ya denominado Gobierno de Distrito Federal, en el folio de ingreso 40825 y fechado el 28 de julio de 2003, otorgó el certificado “con fundamento en el principio de buena fe”.
De 2012 a 2014, la delegada en Tlalpan fue Maricela Contreras, y su directora de Manifestaciones y Licencias era Julieta Cortés Fragoso, pero en ese certificado se reconoce que en ese domicilio operaba –en el número 11–, desde el 27 de agosto de 1983 un establecimiento “con giro de kínder y primaria, con una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados”, determinación avalada por Salvador Pasalagua López, en ese entonces subdirector de Desarrollo Urbano de la delegación Tlalpan”.
El 27 de junio de 2014, con el folio 1999-5-13, se expidió en el oficio DGNDU/DML/2014/1351 la previsión de un trámite de “aviso de constancia de seguridad estructural” en el cual, según la copia de la delegada, Cortés Fragoso enumera al representante legal del Colegio los documentos faltantes para aprobar su solicitud, la cual ingresó el 19 de mayo de 2013 con un “aviso de constancia de seguridad estructural”, y en el que manifestaba haber construido tres niveles en una superficie de 2 mil 500 metros cuadrados, pese a que esa obra había sido aprobada para ocupar sólo mil m2. Incluso daba cinco días de plazo para cumplir con esos requisitos como “término impostergable”.
El “aviso de constancia de seguridad estructural” está fechado el 16 de junio de 2014 a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), delegación Tlalpan.
El entonces corresponsable de Seguridad Estructural era Francisco Arturo Pérez Rodríguez y tenía vigencia de cinco años. Un día antes, el 15 de junio de hace tres años, el ingeniero arquitecto Juan Mario Valverde Gámez firmó un documento donde “hace constar que se hace responsable del inmueble”, debido a que presuntamente se hicieron las pruebas de carga correspondientes. Para ese entonces ya se habían construido 2 mil 690 metros cuadrados.
De nueva cuenta, el 5 de septiembre de 2014, Cortés Fragoso manda un aviso al representante legal –cuyo nombre aparece tachado con plumón negro en el documento– pidiéndole que entreguen los documentos faltantes, de acuerdo con el documento DGODU/DML/2014/2111.
El 22 de septiembre de 2014, Pérez Rodríguez entrega otro documento y el arquitecto Velarde Gómez se vuelve hacer responsable de la obra “bajo protesta de decir la verdad”.
El 13 de julio de 2017, la dirección de Protección Civil y Proyectos Especiales de la delegación Tlalpan respondió, en el oficio de referencia DT/JD/DPC/1858/PE/754/2017, que se debería anexar la actualización interna del programa de protección civil, responsivas de las instalaciones, bitácoras de mantenimiento preventivo, entre otros documentos, si es que se quería el aval a la solicitud para la autorización del programa interno de protección civil de los inmuebles Rancho Tamboreo 11 y 190, según el folio 346-20-17.
El 2 de junio de 2017, el colegio pidió a la delegación que diera el visto bueno de seguridad y operación para la renovación, aunque ahora el ingeniero Juan Apolinar Torales Iniesta fue quien se hizo responsable de la obra.
Ese mismo día, Torales Iniesta y la propietaria Mónica García Villegas entregaron cartas-compromiso dirigidos a la actual delegada Claudia Sheinbaum, en donde “bajo protesta de decir la verdad la propietaria y el D.R.O. manifestamos que el predio no ha sido ni será modificado en el uso de suelo permitido en toda la superficie construida y que reúne las condiciones de seguridad previstas en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado el 17 de junio de 2016”.
Se agregó que “por lo antes expresado, la propietaria se compromete a conservar en perfectas condiciones de seguridad e higiene las instalaciones del inmueble. El D.R.O., en su caso, se compromete a vigilar que se cumplan con las disposiciones señaladas en el Reglamento y Normas Técnicas Complementarias. Ambos nos comprometemos a manifestar ante la administración pública cualquier modificación o cambio del uso de operación del mismo”.
En otra carta compromiso, Torales Iniesta aseguró que se realizó la revisión de la edificación y sus instalaciones, “del inmueble en comento, observando que se encuentren en perfecto estado y reúne las condiciones de seguridad previstas” en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y por tal motivo solicitó la autorización.
En una declaratoria más del D.R.O. y de la propietaria, éstos afirman, siempre “bajo protesta de decir la verdad”, que el inmueble cumple con las condiciones de seguridad estructural para operar con el giro y uso escuela, toda vez que el D.R.O. revisó las instalaciones, su estructura, los sistemas y equipos de seguridad para las situaciones de emergencia, cumpliendo con lo señalado en el reglamento, así como las normas oficiales mexicanas correspondientes”, por lo que solicitó la autorización del “visto bueno de seguridad y operación del inmueble en comento”.
En otro oficio, Torales Iniesta afirmó que el inmueble no había cambiado de uso de suelo y reúne las condiciones de seguridad, pese a que en la solicitud de “visto bueno” se señaló que el predio tenía un “uso actual: servicios”, y solicitaba que siguiera así su “permiso”, en el número 11 de la calle Rancho Tamboreo –donde había solicitado un permiso para impartir clases de preprimaria y primaria–, según el acuse de recibido del 2 de junio pasado, signado con el folio 1317-5-17.
En otro oficio, Torales Iniesta afirmó que “después de haber verificado y revisado cada uno de los elementos estructurales, como las columnas, trabes, losas, los muros de cortante, y la estructura en general, así como sus diversos componentes, la calidad de los materiales que componen dicha estructura, con el objeto de que se encuentren en perfecto estado de mantenimiento y de servicio; que no presentan deflexiones, agrietamientos, asentamientos en muros, pisos, trabes y losas y, por no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 185, no es necesario comprobar la seguridad de la estructura por medio de las pruebas de carga que se señalan en el artículo 186, además de que se tiene el Dictamen de Seguridad Estructural”, por lo que acto seguido se solicitaba la autorización del “visto bueno de seguridad y operación” en dicho inmueble.
Tres meses después, el martes 19, el mismo día que ocurrió uno de los sismos más mortíferos en la Ciudad de México, hace 32 años y a 34 años de que se le entregó una licencia irregular a los dueños de este plantel, el Colegio Enrique Rébsamen colapsó, pues sus endebles estructuras aguantaron la corrupción de tres décadas, pero no un movimiento telúrico, dejando tras de sí más de una veintena de muertos, entre ellos casi dos docenas de niños.
Fuente: Proceso
