La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó este jueves que sancionó con 177.6 millones de pesos a 17 clubes de la la Liga MX, a la Federación Mexicana de Futbol y a ocho personas físicas por culudirse en el mercado de fichajes de los futbolistas.
El organismo antimonopolios explicó que una de las conductas sancionadas consistió en un acuerdo para fijar un tope máximo a los salarios de las jugadoras, lo que eliminó la competencia entre clubes para contratarlas con una mejor remuneración y profundizó la brecha salarial por razón de género.
Otra consistió en la segmentación en el mercado de los jugadores, en la que los equipos inhibieron artificialmente la competencia por su contratación, mediante un acuerdo que restringió indebidamente su movilidad laboral. Lo anterior les impidió negociar y contratarse con el equipo que más les conviniera.
Los sancionados son América, Pachuca, Cruz Azul, Mazatlán (antes Monarcas), Guadalajara, Santos, Tigres, Toluca, UNAM, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla.
Dichos clubes pactaron precios para imponer topes máximos al salario de las mujeres futbolistas. Desde la creación de la Liga MX Femenil en 2016, diversos clubes acordaron el establecimiento de un tope salarial para estas deportistas.
Explicó que el primer tope a las remuneraciones de las futbolistas fue parte de la presentación del proyecto de la Liga MX Femenil y fue aprobado por el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX.
Adicionalmente, la Federación emitió comunicados para persuadir a los clubes a cumplir con el tope salarial, además realizaba labores para verificar su cumplimiento.
Además, los 17 clubes sancionados, con la coadyuvancia de la FMF, acordaron aplicar el derecho de retención (mejor conocido como “pacto de caballeros”), mediante el cual cada club afiliado a la Federación registraba ante esta a los jugadores con los que tenían un contrato, pero a su vencimiento mantenían el derecho de retenerlos.
Si un club distinto estaba interesado en contratar a ese futbolista, necesariamente debía obtener la autorización del primer club que lo tenía en su “inventario” y, a menudo, pagar una contraprestación por el cambio.
Estos acuerdos se materializaban durante el régimen de transferencias y contrataciones para jugadores de futbol (conocido como draft).
“La conducta constituyó un acuerdo colusorio que tuvo el objeto y efecto de segmentar el mercado de jugadores para limitar la competencia de los clubes en la contratación de estos, lo cual restringió indebidamente la movilidad de los deportistas y limitó su capacidad de negociación para obtener mejores salarios”, apuntó.
La duración de esta conducta fue de por lo menos 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor.
Fuente: La Jornada
