Coca-Cola Femsa suspendió su servicio durante cinco días en Chilpancingo después de que dos de sus empleados fueran retenidos por integrantes del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (Funpeg).
Las protestas por meses en Guerrero tras la desaparición de 43 estudiantes se han traducido en bloqueos y ataques a vehículos de particulares y compañías, pero ahora se alcanzó un nuevo nivel cuando manifestantes retuvieron temporalmente a empleados de la compañía Coca-Cola provocaron el enojo del sector empresarial.
Maestros y estudiantes llegaron el miércoles 18 de febrero hasta las instalaciones de Coca-Cola en Chilpancingo, Guerrero, y retuvieron al gerente y subgerente en protesta por la detención de tres alumnos tras una demanda por robo interpuesta por la empresa en su contra, dijo el jueves a The Associated Press un funcionario estatal que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa.
La empresa denunció el robo de uno de sus camiones repartidores y la policía detuvo a tres de los alumnos como probables responsables, lo cual desató una movilización de sus compañeros hacia las oficinas de la empresa, añadió el funcionario.
La oficina local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó el jueves a la AP que desde la desaparición de los estudiantes en septiembre, Coca-Cola les ha reportado la pérdida de 250 camiones, porque han sido robados o atacados.
Grupos de maestros detuvieron hace unas semanas a algunos policías y los intercambiaron por algunos de sus compañeros retenidos, aunque hasta ahora no se había registrado que se usara esa estrategia con empleados de empresas.
“Les funcionó la primera ocasión y por supuesto, como cualquier niño berrinchudo que le agarra la medida a los papás, ya aprendieron que esa es una estrategia para negociar”, dijo a la AP Jaime Nava, presidente de Coparmex en Chilpancingo, sobre la retención de los empleados de la empresa.
“Estos actos de chantaje, de secuestro, nos reflejan simplemente que hay un vacío de poder, que hay una violación al estado de derecho total”, añadió.
El gobierno del estado había informado en un comunicado que la policía se enfrentó con los manifestantes cuando intentaron atacar las instalaciones de Coca-Cola y que al menos 10 personas resultaron lesionadas, incluido un policía por quemaduras de una bomba molotov.
Pero el funcionario estatal dijo que los manifestantes mantuvieron retenidos a los dos empleados de la compañía y sólo los liberaron hasta que el gerente ordenó que se retirara la denuncia por la que estaban detenidos los tres estudiantes.
Sin embargo, el grupo sindical de maestros que mantiene un plantón en Chilpancingo y cuyos integrantes participaron en la movilización del miércoles, negó esa versión.
Josefina Sauceda, integrante del grupo sindical magisterial, dijo a la AP que nadie saqueó ni robó ningún camión de la empresa y que en realidad fueron cinco maestros detenidos como parte de un intento de la autoridad estatal para presionarlos a que se retiren de la capital estatal.
Reconoció, sin embargo, que se retuvo a los dos empleados para intercambiarlos por sus compañeros.
Compañías locales han sido blanco de ataques de grupos criminales que buscan extorsionarlos, pero las multinacionales rara vez son víctimas de ese tipo de atentados.
“¿En dónde está el Estado de Derecho?”, preguntó Juan Pablo Castañón, presidente nacional de Coparmex, sobre lo sucedido el miércoles. “Hay personas que parece que tienen más privilegios que otros, que tienen el privilegio de robar y no tener consecuencias”, dijo en entrevista a MVS noticias.
Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola en México, dijo el jueves a la AP que sus dos empleados se encuentran bien, aunque no precisó bajo qué condiciones fueron liberados por los manifestantes.
“Afortunadamente nuestros colaboradores están bien”, señaló Femsa en una breve declaración escrita. “Actualmente estamos valorando la viabilidad de nuestra operación, anteponiendo la seguridad de nuestra gente”, añadió
La compañía que ha enfrentado varios problemas en Guerrero, incluidas amenazas que la llevaron a cerrar operaciones en una de sus plantas de distribución en el estado.
La planta de distribución en la localidad de Arcelia había recibido amenazas antes de que atacantes quemaran cuatro de sus camiones en una zona marcada en los últimos meses por disputas de bandas del narcotráfico.
En el 2012, en Michoacán, el cartel de las drogas de Los Caballeros Templarios fue responsabilizado de atacar e incendiar cinco bodegas y docenas de vehículos propiedad de la compañía Sabritas, una subsidiaria mexicana de PepsiCo.
En aquel momento, miembros del cartel señalaron que Sabritas había permitido a autoridades usar sus vehículos para trabajos de inteligencia, algo que la compañía negó.
Con información de Milenio y AP
