La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que no promoverá acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Senado, con las que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) toma el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional (GN). Respaldó las modificaciones legislativas ante la situación de violencia generada por la delincuencia organizada, y defendió que atienden “a los parámetros tanto nacionales como internacionales de los derechos humanos”.
La transferencia del control de la GN es “extraordinaria, es decir que está justificada y resulta excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso”, además, es “subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles”, sin que sus trabajos puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial.
También es “regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia”, y es “fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”, aseveró la CNDH en un pronunciamiento largo, de 16 páginas.
Destacó que en las reformas “no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia Nacional”.
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A pesar de que diversas organizaciones de derechos humanos han rechazado las citadas reformas, debido a, entre otras cosas, por el incremento de violaciones graves a derechos humanos por parte de elementos de la Sedena y la Guardia Nacional, la CNDH defendió que de acuerdo a diversas encuestas y consultas de opinión, la institución pública que cuenta con mayor confianza por parte de los mexicanos es el Ejército. Además, según el número de expedientes de queja de la Comisión “es evidente que la actuación de la GN arroja menos hechos violatorios de derechos humanos que su antecesora, la PF (Policía Federa)”.
Asimismo, resaltó que del mes de diciembre de 2021 a la fecha, si bien la GN y Sedena “han dejado de aparecer entre las cinco autoridades más señaladas en expedientes de queja, se mantienen dentro de las 10, pero la tendencia ha sido a la baja a lo largo del presente año”.
Aunque diversas voces le pidieron a la CNDH promover una acción de inconstitucionalidad, en su pronunciamiento este organismo nacional señaló que mejor se sumará “a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo, atendiendo las quejas desde luego, que pudieran derivarse de posibles violaciones de derechos humanos que se cometan, pero también impulsando acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada, se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones”.
Indicó que en México será necesario que la GN, bajo la administración de la Sedena, “vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes, y desde luego su actuación, con un enfoque de derechos humanos”.
La Guardia Nacional “debe contar con un enfoque diferenciado de formación al de las fuerzas armadas, pues su incorporación a la Sedena no significa que se cuente con los mismos planes de capacitación”. Por lo que, agregó, “se propone desarrollar, en breve, un amplio programa de educación que abone a su desempeño en el terreno, frente a la ciudadanía y ante el crimen organizado que nos acecha; contar con los elementos que, a partir del conocimiento de los derechos humanos, les permita diferenciar el tipo de acción a llevar a cabo y en qué medida puede resultar violatoria de derechos, aunado a un marco que dé certeza a sus actuaciones”.
Dicha formación, además, “debe tomarse en cuenta para su desarrollo profesional a través de un escalafón que les permita acceder a ascensos y mejores ingresos, que garanticen su compromiso con la sociedad y estimulen su actuación apegada a derecho”.
Indicó que otras de las acciones a implementarse, en el mediano y largo plazo, son: promover sistemas de inteligencia criminal, con doctrina democrática y estructuras especializadas en función de la seguridad ciudadana; incorporar contenidos de derechos humanos en sus planes de estudios y capacitar en esta materia a todo el cuerpo docente dedicado a la formación de la Guardia Nacional en sus diferentes niveles, así como promover una carrera en la GN que garantice a los miembros reglas claras y estables en el tiempo para la promoción y desarrollo de sus integrantes, “en función objetiva y exclusiva de las capacidades, rendimiento y méritos en el desempeño de la labor”.
Asimismo, garantizar salarios que les permitan una vida digna; generar el entrenamiento y conocimiento necesario en el uso adecuado y proporcional de la fuerza, en base a los principios del derecho humanitario universal sobre el uso de la fuerza y armas de fuego.
Fuente: La Jornada
