La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió violaciones graves a las garantías de Mario Aburto Martínez, a su integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso. Ante ello, dirigió la Recomendación 48VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en la que solicitó realizar una investigación del caso que dio origen a la detención y sentencia de la víctima.
“Estas nuevas diligencias se deberán abordar sin perjuicio y con perspectiva pro homine, aportar como prueba la propia Recomendación y considerar las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado”, indicó en un comunicado.
Agregó que la nueva investigación o la reapertura de la anterior tendrá como finalidad subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos, que permitan a Aburto Martínez, preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 en el municipio de Ocampo, Guanajuato, y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva de las reiteradas violaciones a los derechos humanos cometidas, y que el Estado responda por sus actos, no solo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición.
En un comunicado, la CNDH recordó que Aburto Martínez fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al finalizar un evento de proselitismo político en el que el ex candidato a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, fue herido por disparos de arma de fuego, falleciendo horas más tarde.
Expuso que hace siete meses, la CNDH recibió una nueva queja por parte del agraviado, donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad.
“La víctima y sus familiares manifestaron a este organismo nacional que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”, añadió.
También, la CNDH reconoció su responsabilidad en este caso, “toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, este organismo nacional tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió. Incluso obra en los archivos de esta Comisión una entrevista de la cual no se tiene registro en ningún expediente de queja de aquellos años y realizada sin autorización del hoy agraviado, lo que cuestionaría las actuaciones de esta Comisión Nacional porque no corresponden a su función legal”.
Por ello, subrayó, tras investigar el caso, la CNDH determinó que elementos de entonces la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República -hoy Fiscalía General-, así como los Agentes del Ministerio Público Federal que intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales y en el traslado de la víctima a las instalaciones del CEFERESO número 1, incurrieron en actos de tortura en su contra y los médicos que intervinieron en los hechos actuaron de forma irregular al pretender ocultar o tolerar dichos actos.
También se acreditó que personal médico y custodios de dicho centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que el OADPRS incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en CEFERESOS lejanos al lugar en donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno.
La CNDH recomendó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en el OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados.
Indicó que la Recomendación será remitida a la Cámara de Diputados, a efecto de que sea agregada a la investigación que realiza la Comisión de la Verdad creada para esclarecer los hechos y, en su momento esa soberanía determine lo que a Derecho corresponda, remitiendo a esta Comisión Nacional las pruebas que acrediten su cumplimiento.
Fuente: La Jornada
