El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, informó que pese a que no ha recibido queja por el operativo de la Secretaría de Marina (Semar) el pasado jueves 9 en Nayarit, ya solicitó información sobre los hechos en los que 12 personas fueron abatidas.
Entrevistado luego de firmar un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), agregó que la Segunda Visitaduría del organismo realiza la investigación correspondiente. No obstante, descartó tener información sobre la denuncia hecha por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de que entre las víctimas presuntamente hay menores de edad.
“No tenemos ninguna queja en ese sentido que se haya interpuesto, pero estamos pidiendo la información al respecto y nosotros no podemos adelantar juicios”, dijo el ombudsman.
Ayer, Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Semar, aseguró que en el mencionado operativo no murieron ni estaban involucrados menores de edad ni tampoco hubo exceso de fuerza.
Antes, González Pérez fue cuestionado por su posición en torno a la Ley de Seguridad Interior, por la que se pretende depositar en las Fuerzas Armadas la seguridad pública. Al respecto, exhortó a los legisladores a aplazar su aprobación a fin de que la iniciativa sea discutida ampliamente en un debate en el que estén todas las posturas.
“Yo diría que se aplazara el tiempo en que todas las voces puedan ser escuchadas y que la precipitación no nos haga incurrir realmente en una legislación que no sea la apropiada. Más vale prudencia, pero una buena legislación que determine exactamente cuál es el rol y participación de cada ente en el ámbito civil y el ámbito militar”, dijo el presidente de la CNDH.
Al señalar que el eje de la seguridad pública debe “tener un eje a partir de la autoridad civil”, González Pérez apuntó que “ninguna regulación debe trasgredir competencias y sobre todo el respeto de los derechos humanos; ninguna regulación puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias”.
El ombudsman nacional resaltó que si bien los gobiernos estatales están en deuda desde hace 10 años, tiempo en que las fuerzas armadas han asumido tareas de seguridad para fortalecer y depurar los cuerpos policiacos, debe programarse el retiro gradual de las tropas.
“Tiene que haber un plan de retorno, verificable, gradual, pero verificable, y desde luego, siempre el respeto a los derechos humanos”, puntualizó.
El titular de la CNDH recordó que “no se pueden sustituir las competencias de las autoridades como es la persecución de los delitos, que el artículo 21 (de la Constitución) prevé que compete al Ministerio Público, a la Policía Federal y a las policías estatales”.
Al ser cuestionado sobre su disposición de interponer un juicio de inconstitucionalidad en caso de que la ley de seguridad interior sea aprobada, González Pérez argumentó que “mientras no se agote el proceso legislativo, no se puede valuar esas circunstancias”.
Por ello, insistió a los legisladores en abrir el debate y a actuar con cautela, “no por precipitar una ley, resulte ser una que no responda a las necesidades que requiere el país”.
Sin embargo, alertó que en materia de seguridad “la ley por sí misma no resuelve, se requieren también otras medidas como la inteligencia financiera, toda la cuestión de lavado de dinero”.
Por último, el ombudsman apuntó que ante todo debe procurarse “el enfoque de seguridad ciudadana, que implica voltear los ojos a las circunstancias de desigualdad y de pobreza, o sea, tiene que ser una visión integral, cualquier regulación por sí misma, no corrige el grave deterior de la seguridad pública en este país”.
Fuente: Apro
Exige AMLO al gobierno revelar edades de los abatidos en Tepic
