En cuatro años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incrementó su presupuesto en 55.21%. A pesar de contar con mayores recursos, existe más de un centenar de casos en los que ha tardado más de año y medio en resolver una queja ante situaciones graves, y el número de recomendaciones que emite va en descenso, publica El Universal.
Además, si se divide el total de los recursos públicos que recibió la institución en el periodo 2010-2013 entre el número de expedientes en los que concluyó una investigación y acreditó violaciones a las garantías por parte de alguna autoridad, cada caso costó al erario entre 10 y hasta 15 millones de pesos —dependiendo de los fondos anuales que se le destinaron—.
Organizaciones civiles critican la labor del organismo nacional, aseguran que hay dilación y falta de resultados en la gestión del actual presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva.
Datos oficiales de la comisión revelan que en 2010, durante el primer año de la gestión de Plascencia, recibió un presupuesto de 889 millones 578 mil 369 pesos.
Los recursos a partir de ese año fueron en aumento y para 2014, se incrementaron a mil 416 millones 381 mil 46 pesos. Es decir que el Congreso le dio 526 millones 802 mil 677 pesos más.
Sin embargo, las investigaciones para verificar la existencia de violaciones a derechos humanos que derivan en recomendaciones tardan más tiempo en integrarse.
En 2010, en 14 resoluciones éstas se emitieron después de 18 meses de que se denunció el presunto abuso (16.2% del total de las que se giraron ese año); en 2011, esa demora sucedió en 19 quejas presentadas, lo que implica que en 20% de los expedientes hubo dilación.
Las cifras indican que en 2012, en 30 casos, el personal de la CNDH tardó más de año y medio en concluir las diligencias de la queja (que equivalen a 32.2% de las recomendaciones) y en 2013 fueron 35 expedientes los que tuvieron la misma tardanza para actuar.
47 meses de espera
Incluso, hay un expediente en el que el tiempo de espera fue de 47 meses antes de que la comisión ofreciera resultados.
Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), considera que, además, la dilación revictimiza a las personas que han sufrido alguna violación de sus garantías fundamentales.
“Es un desperdicio de recursos públicos. Ese dinero debería emplearse en reparar el daño a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en este país, que además son demasiadas, en lugar de estar malgastando en una institución que no cumple su función primordial que es, primero, prevenir que se cometan violaciones a los derechos humanos y, segundo, que cuando se presenten, se sancione a los responsables y que las víctimas puedan acceder a la justicia lo más pronto posible”, señala Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos.
Los datos contenidos en la página electrónica de esta institución indican un descenso en el número de recomendaciones. En 2010, se emitieron 86 recomendaciones; al siguiente año hubo 95; en 2012 la cifra bajó a 93; en 2013 volvió a disminuir a 86 y hasta el 5 de septiembre pasado, se habían elaborado 41 recomendaciones.
Además, al dividir el presupuesto asignado al organismo nacional entre el número de recomendaciones giradas cada año se observa que cada vez son más costosas las investigaciones que documentan las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades.
A partir de esta operación se observa que en 2010 el costo de cada recomendación fue de 10 millones 343 mil 934 pesos; para 2011 ascendió a 11 millones 597 mil 30 pesos; en 2012 cada caso representó una erogación de 13 millones 766 mil 415, y en 2013 el gasto fue de 15 millones 989 mil 851 pesos.
Daños irreversibles
El 9 de noviembre de 2011, elementos de la Marina interrumpieron de manera abrupta el sueño de una pareja y su hija de tres meses. Golpearon la puerta preguntando por el hombre de la casa y al ingresar le apuntaron con sus armas para preguntarle por el paradero de dos personas que él, asegura, no conocía.
Con gritos e insultos, le insistieron que respondiera porque, de lo contrario, matarían a su familia.
Al desistir, causaron destrozos en la casa, se llevaron al padre de familia y durante dos días lo mantuvieron retenido en instalaciones de la Secretaría de Marina en Fortín, donde lo torturaron para que hablara de su supuesta relación con miembros del crimen organizado.
Estuvo privado de su libertad y su familia lo consideró desaparecido, hasta que siete días después los marinos lo presentaron ante un agente del Ministerio Público.
La CNDH tuvo conocimiento de estos hechos el 16 de noviembre de 2011, cuando la esposa de la víctima presentó una queja. El organismo constató que, en efecto, los elementos de la Secretaría de Marina incurrieron en un cateo ilegal, detención arbitraria, incomunicación, tortura y trato indigno. Evidenció que los uniformados intentaron ocultar los hechos, pero que además, la víctima presentaba lesiones físicas y un “rango severo” de estrés postraumático que se reflejó a través de ansiedad, incapacidad para llorar, sensación continua de estar siendo castigado, insomnio y pensamientos recurrentes sobre este episodio en su vida.
Por ello, dirigió una recomendación al entonces secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Pero lo hizo hasta el 31 de julio de 2014, dos años y ocho meses después de los hechos.
En dicha recomendación solicita, entre otras cuestiones, que se le proporcione atención médica y psicológica a la víctima.
“¿Después de tanto tiempo pides que le den apoyo médico a una víctima de tortura? Eso no puede ser, cualquier autoridad en éste como en todos los casos en los que se trata de violaciones graves a los derechos humanos debe actuar de inmediato. A estas alturas el daño psicológico es ya irreversible por no haber intervenido a tiempo”, considera Tania Delgado Guzmán, perito en criminalística y psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Y todavía —agrega la especialista— hay que ver si realmente se acató esta recomendación porque el presidente de la CNDH puede tener muy buena voluntad, pero no pasa así con muchas autoridades al momento de responder”.
Exilio forzado
La impunidad en el homicidio de la activista Josefina Reyes y de otros cinco integrantes de su familia fue documentada por la CNDH durante 47 meses.
El 3 de enero de 2010 ella fue asesinada por un grupo de hombres armados en Ciudad Juárez, Chihuahua, después de haber organizado múltiples protestas en la entidad para exigir la presentación con vida de uno de sus hijos, quien fue secuestrado por agentes federales, y para exigir justicia en el asesinato de otro de sus hijos. Luego, el 19 de agosto de ese año, un hermano de la activista también fue asesinado en Valle de Juárez, Chihuahua. En febrero de 2011, otros tres familiares de Josefina Reyes fueron secuestrados y posteriormente asesinados; la casa donde vivía la mamá de estas víctimas fue incendiada.
No fue sino hasta el 23 de diciembre de 2013 cuando la CNDH dirigió la recomendación con número 82/2013 al gobernador de la entidad, César Duarte, por “indebida procuración de justicia”.
En ella, entre otras medidas, Plascencia Villanueva pidió al gobernador otorgar atención médica, psicológica, social y la que fuera necesaria a los familiares de las víctimas, que estableciera medidas de protección urgentes para los miembros de la familia que estuvieran en el estado, y generara las condiciones de seguridad para que pudiera regresar quien así lo quisiera.
Al ver que ninguna autoridad los protegía, la familia de Josefina Reyes decidió abandonar el país y continúan el exilio forzado.
Los pendientes
Aleida Calleja, coordinadora de la organización Observacom, agrega que además de las deficiencias descritas, hay omisiones por parte del ómbudsman nacional relacionadas con las nuevas reformas estructurales presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dice, es contraria a la Constitución porque limita la libertad de expresión, violenta la protección de los datos personales y no establece mecanismos de rendición de cuentas ni de transparencia. Pese a ello, insiste, la CNDH ha estado inactiva.
Araceli Olivos, abogada del Centro Prodh, añade el tema de la reforma energética, ante la cual considera que Plascencia Villanueva debiera presentar un recurso de inconstitucionalidad debido a que la extracción del hidrocarburo como un asunto prioritario afectaría el territorio de las comunidades indígenas y rurales que se ubican encima de los yacimientos.
“El plazo para hacerlo vence el 10 de septiembre, de lo contrario, el presidente de la CNDH estaría respondiendo más a intereses políticos que a la defensa de los derechos humanos de la población”, señala.
Miguel Moguel, investigador de Fundar, considera que ante este contexto, se debe llamar a Plascencia Villanueva al Senado para que rinda cuentas y se haga una revisión exhaustiva de su mandato al frente de la CNDH.
Fuente: El Universal
