Una nueva clausura parcial-temporal fue impuesta a Grupo México, la empresa del magnate Germán Larrea Mota-Velasco, por violar la normatividad ambiental en su mina Buenavista del Cobre, la misma de donde se vertieron sustancias tóxicas en tres ríos de Sonora. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó en un comunicado que, luego de una inspección a las instalaciones mineras, identificó que se violaba la Norma Oficial Mexicana NOM-159-Semarnat-2011.
Apenas la mañana del lunes, Grupo México admitió –aunque responsabilizando a un contratista–, en un desplegado pagado en diferentes diarios de circulación nacional que su mina Buenavista de Cobre causó el desastre ambiental en Sonora. Al mismo tiempo, pidió al gobierno federal que no “discriminen” a la empresa, porque seguiría con la contribución al desarrollo del país y la generación empleos.
Dicho desplegado inició con el reconocimiento de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y concluyó al pedirle “por favor” que “no dude” del compromiso de la empresa de “cumplir con México y con los objetivos de su gobierno”, refiriéndose al desastre ambiental como un “percance” y un “accidente”.
De acuerdo con la información emitida esta tarde por la Profepa, “las diversas irregularidades encontradas resultan en un riesgo inminente al medio ambiente y los ecosistema”. Además, Grupo México no presentó documentales que acreditaran el cumplimiento de niveles de calidad en su sistema de lixiviación establecidos en el proyecto de las instalaciones de dicho proceso, ni en lo correspondiente a su estructura ni a los materiales empleados.
Tampoco presentó a los inspectores de la Profepa las pruebas de laboratorio con las que se determinan las actividades de excavación, nivelación, compactación y relleno que se llevaron a cabo en la preparación del lugar, a fin de saber si afectan la impermeabilización y la capacidad de drenaje natural de la zona. Dichas disposiciones se deben cumplir para asegurar la estabilidad de los sistemas, considerando aspectos de la tierra, el agua y la sismicidad de la región, entre otros.
La Procuraduría ambiental expuso que, como medida de seguridad, se impuso la clausura del proyecto que incluye la disposición de mineral fresco, riego de mineral, proceso de lixiviación de cobre y su bombeo al área de recuperación. La dependencia federal aseguró que este mismo año realizará una inspección a todas las minas del país para evaluar el cumplimiento de leyes, normas y diversas disposiciones en materia ambiental.
Fuente: Apro
