Por Arturo Balderas Rodríguez
Hace algunos años hubiera sido difícil pensar que una ciudad se declarara en quiebra. El hecho de que sus servicios e infraestructura fueran sujetos de bancarrota o motivo de insolvencia financiera resultaba difícil de creer.
Hace unos días la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en cuyo seno se encuentran las sedes de General Motors, Ford y Chrysler, se declaró en quiebra, o lo que es lo mismo, en insolvencia financiera para renegociar y hacer frente a sus compromisos económicos. ¿Cómo pudo suceder tal cosa?
Las respuestas son múltiples, pero se pueden resumir en una más o menos elemental: los impuestos y los ingresos extraordinarios que financiaban el gasto de la ciudad disminuyeron a niveles en los que fue imposible sostener los gastos corrientes y compromisos contractuales de la ciudad, entre ellos los salarios y las pensiones de sus trabajadores.
El gobernador republicano de Michigan responsabiliza de la quiebra a la corrupción, la mala administración y particularmente a los salarios y pensiones de sus trabajadores del sector público. Como remedio ha propuesto despedir a un buen número de ellos, recortar salarios de los que queden y las pensiones de los jubilados.
En el sector privado declarar la quiebra es un medio para deshacerse de los trabajadores y faltar a las obligaciones contractuales contraídas. Ahora la misma fórmula se aplica en el sector público. No tardará mucho para que otros estados sigan esa pauta. Por lo visto, es la fórmula práctica que los gobiernos neoliberales han encontrado para reducir al Estado.
Cabe preguntarse cómo es posible que ciudades y países enteros como México no quiebren. La respuesta para el caso particular de nuestro país son los ingresos extraordinarios o para decirlo en una palabra: Pemex. Gracias a esa empresa, patrimonio de todos los mexicanos, ha sido posible que el país haya funcionado durante años, no obstante su insuficiente, ineficiente e injusto régimen fiscal.
En ciudades como Detroit no hay petróleo y la industria, que en un momento dado hizo posible la época dorada de la ciudad, perdió competitividad y desplazó sus actividades a otros países como China, India y México, para mantener las utilidades de sus accionistas. Tal vez valga recordar que una situación similar sucedió hace algunos años en la ciudad de Nueva Orleáns, donde sí hay petróleo, pero está en manos de corporaciones privadas y sus ganancias se distribuyen entre unos cuantos y salen de la ciudad, del estado, e inclusive del país.
A la luz de lo sucedido en Detroit cabe preguntarse si el Estado, con sus actuales características, tiene capacidad para dar a sus trabajadores un salario y una pensión que les permita vivir dignamente, sin que por ello deba declarar la bancarrota y como remedio los despida. Se ve difícil mientras el Estado siga siendo un medio que propicia desigualdades, no justicia social y mejores condiciones de vida para todos, no sólo para unos cuantos.
Fuente: La Jornada
