La secretaria de la Función Pública del gobierno estatal, Rocío Stefany Olmos Loya, dio a conocer que hasta ahora han detectado pagos indebidos, precios inflados y gastos sin comprobar, en la construcción de la Ciudad Judicial, que inició con un presupuesto alrededor de mil 500 millones de pesos y rebasó los 2 mil millones, publica la revista Proceso.
La ficha roja de Duarte librada por la Interpol
La funcionaria adelantó que los mil 200 millones de pesos aproximados, que presuntamente se desviaron del erario público denunciados ante los tribunales locales con 12 exfuncionarios imputados y otros más en los federales, podrían ser apenas la mitad del dinero con el que desfalcaron a los chihuahuenses, a través de la red de corrupción del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Olmos dijo que las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Obras Públicas, son las que hasta ahora registran más irregularidades en las auditorías, ya que investigan todas las secretarías.
Acusó que la administración duartista permitió que se hicieran grandes gastos de recursos estatales y federales en la construcción de la Ciudad Judicial, por ejemplo, sin pedir las comprobaciones como debieron hacerlo, sólo acreditaban las salidas de dinero con recibo simple.
Las anomalías mencionadas salieron a la luz por una auditoría parcial que practicó la Secretaría de la Función Pública, que aún no concluye, pues está en una etapa de aclaración por parte de los entes auditados.
Dijo que pudieron constatar que hubo irregularidades graves, como las compras a sobreprecios y pagos indebidos, pero por su tamaño, la construcción de la Ciudad Judicial será objeto de una auditoría adicional, para abarcar la obra completa y detectar si hubo otras irregularidades en el resto de las operaciones relacionadas con ese proyecto.
Asimismo informó que realizan auditorías al programa asistencialista del gobierno de Duarte, “Chihuahua Vive”, así como a dependencias del sector salud y a la ejecución de obras públicas.
Sobre “Chihuahua Vive”, indicó que hay investigaciones y señalamientos concretos, pero por ser una auditoría en proceso, no se pudo adelantar más detalles.
En total, según los casos procesados hasta ahora, se habrían desviado recursos públicos por una suma cercana a los mil 200 millones de pesos, incluidos los pagos a empresas fantasma que se hicieron desde la Secretaría de Hacienda, y la venta a bajo precio, de terrenos propiedad de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua (Coesvi) así como la retención de parte del salario a funcionarios estatales, para entregarlo al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Tan sólo en las denuncias que se han presentado por pagos indebidos y pagos a empresas fantasma están acreditados ante un juez más de 800 millones de pesos”, detalló al referirse a los casos por los que hay ocho detenidos y vinculados a procesos.
Se les suman otros 400 millones de pesos por la venta de terrenos de la Labor de Terrazas, operación por la que fue vinculado y permanece en prisión preventiva el extitular de la SCOP y el exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco.
Rocío Stefany Olmos dio a conocer además que la Feadle busca ampliar la acusación contra el exgobernador César Duarte Jáquez, mediante la figura de continuación de delito, para que no sólo sea juzgado por los 14.6 millones de pesos, sino por los 79 millones que habrían desviado del erario al PRI estatal, durante el sexenio, por descuentos realizados a burócratas de las secretarías, sin contar los descuentos de dependencias descentralizadas.
Fuente: Proceso
