Por Javier Aranda
No basta con indignarse ante la escandalosa corrupción del caso Wal-Mart Teotihuacán. El ex presidente Calderón lo hizo en su mandato, pero la tienda construida de manera ilegal en el perímetro C de esa zona arqueológica siguió operando. Tampoco sirvió de nada que un diligente secretario del Medio Ambiente mostrara preocupación ni que ofreciera revisar los permisos correspondientes ni que un director del INAH diera la orden de no aceptar ni unas tijeras a la trasnacional como donativo.
Las cajas del supermercado han seguido operando con el sonido característico al leer los códigos de barras, amparadas con permisos hechos a toro pasado por el propio instituto, encargado de proteger el patrimonio vulnerado.
Si uno de los ejes rectores del nuevo gobierno es modificar la mala imagen de México en el extranjero, manchada por la corrupción y el narco, el caso Wal-Mart Teotihuacán le ofrece una magnífica oportunidad para demostrar por lo menos tres cosas:
1) Que con todas sus imperfecciones, instituciones como el INAH, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública pueden ser instrumentos eficaces para garantizar la legalidad.
2) Que existe realmente una diferencia esencial entre un gobierno que confundió las políticas públicas en materia de cultura con onerosas ocurrencias y desplantes, y
3) Que los mecanismos contra la corrupción y a favor de la transparencia sobre lo que ocurre en territorio mexicano no son políticas públicas exclusivas del gobierno estadunidense, que sigue muy de cerca la pista de la corrupción de esa multinacional en diferentes lugares, sino práctica de un gobierno moderno preocupado por la economía y la legalidad.
Si se corrompió a autoridades municipales y federales para lograr los permisos de construcción correspondientes, en Teotihuacán aún se pueden hacer varias cosas. En España demolieron kilómetros de viviendas construidas en zonas prohibidas por desarrolladores ilegales. Algunos dijeron que lo que se hizo en la península ibérica fue desaprovechar el capital ya invertido. No creo que sea así, la legalidad no tiene precio ni el interés de unos cuantos vivales puede estar por encima del interés común.
En políticas públicas no basta parecer eficiente, sino serlo. No basta promulgar reformas ni emitir decretos, sino llevarlos a cabo. Tampoco basta señalar e indignarse, sino actuar.
Estos primeros meses del nuevo gobierno definirán muy bien lo que significa la voluntad de cambio prometida. Voluntad es capacidad y esta administración ha dado muestras para imaginar que ese cambio es posible: pienso sobre todo en la reforma educativa como hace unos días lo expresé en estas páginas.
Después del minucioso reportaje de The New York Times sobre la corrupción en la Ciudad de los Dioses, ya no es posible salir a estas alturas con justificaciones leguleyas o con explicaciones como la clásica cantinela burocrática de: No contábamos con los instrumentos necesarios, ni teníamos la capacidad, ni era de nuestra competencia, para proteger quizá el más importante centro arqueológico del país.
¿Las cosas se hicieron mal? El INAH, la SFP y la PGR tienen capacidad para corregirlas. Corregir no es claudicar. La legitimidad de un gobierno no termina en las contiendas electorales. Se refrenda de manera cotidiana con el ejercicio y cumplimiento constantes de las leyes que le dieron origen.
Fuente: La Jornada
