El juez federal Claudio Bonadio ordenó una nueva citación a indagatoria de la ex presidenta y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner para que declare en la llamada “causa de las fotocopias de los cuadernos” referidos a presuntas “coimas” en la obra pública y dispuso además la indagatoria de otras cien personas involucradas en esas actuaciones.
Es la tercera citación de este juez, que a pesar de tener causa y denuncias en su contra continúa su persecución contra la ex mandataria, desde que esta estaba al frente del gobierno, siempre con pruebas falsas o inconsistentes. Ahora la acusa de ser presunta “jefa” de una también supuesta “asociación ilícita” que recaudaba dinero entre empresarios adjudicatarios de obras públicas.
Esto se resolvió a partir de la entrega de fotocopias de unos cuadernos hasta ahora desaparecidos o supuestamente quemados por quien dijo escribirlas un ex chofer de funcionarios del Ministerio de la Producción. A partir de estas fotocopias, Bonadío comparado por su trayectoria ligada a sectores de inteligencia de Washington con el juez y ahora Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, citó a empresarios nombrados en los supuestos cuadernos a los que ofrecía la libertad inmediata si acusaban a la ex mandataria, mientras que a los que no lo hacían los envió a prisión preventiva, violando todas las normas legales.
Las indagatorias comenzarán el próximo 26 de febrero y habrá unas cinco por día, donde están citados varios ex funcionarios del gobierno anterior y empresarios muy importantes como Aldo Roggio, Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri, entre otros para concluir con la citación al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien lleva más un año detenido “preventivamente” en forma ilegal e inconstitucional.
Además el polémico juez dispuso que enviará más de 70 órdenes para que se presenten empresas del sector de la construcción.
La ex presidenta, repreentada por el abogado Carlos Beraldi solicitó que esta causa sea remitida a la sureña provincia de Santa Cruz donde se realizó la obra pública cuestionada, a pesar de que ya se revisó todo y no había cuestionamiento alguno, y estaba en regla. Beraldi solicitó al suspensión del juicio previsto para el 26 de febrero debido a que faltan peritajes que habían sido dispuestos
“La justicia de Santa Cruz resulta competente para juzgar el supuesto delito de defraudación por el que se ha requerido en esta causa la elevación a juicio”, sostuvo Beraldi y señaló que en esa provincia ya existen otros expedientes en lo que son investigados hechos similares a los que analizó la justicia federal porteña y cuyo señalamiento se dirige al empresario Lázaro Baéz, también detenido preventivamente, en la formas más extraña conocida aquí.
Baéz llegó en un avión privado a esta capital en 2016 para presentarse al otro día a la citación de Bonadío, cuando en el aeropuerto de Morón, lo esperaban fuerzas de seguridad por orden de la Ministra Patricia Bullrich, que lo detuvieron por la posibilidad de “una fuga” cuando ni siquiera había sido indagado.
Desde ese momento comenzaron a sucederse una cantidad de irregularidades similares, anticonstitucionales por la cual hay detenidos que nunca debieron estar presos. Además de los genadrmes estaban para registrar el hecho los periodistas de la Tv que pertenece al monoplio del grupo Clarín.
Beraldi solicita además que “se declare la incompetencia” del tribunal federal para seguir interviniendo en este proceso y lo remita al juzgado Criminal de Instrucción número 3 de la Ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Esta citación coincide con un momento crítico para el gobierno de Mauricio Macri, cuando las propias fuentes del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) revelan la destrucción de la industria nacional, a un nivel de la crisis de 2001, como demuestran las cifras de su caída en más de 15 puntos a fines de 2018, como de las cifras de caída de otros sectores claves de la economía mientras el desempleo sigue disparándose a cifras siderales, como el cierre de empresas y negocios en todo el país.
De la misma manera esta citación se produce cuando el gobierno ha intervenido sobre la justicia nuevamente para desactivar la investigación sobre aportantes falsos a la campaña electoral que registró Cambiemos de acuerdo a una denuncia con pruebas concretas del un periodista del portal El Destape.
Entre los aportantes figuran centanes de nombres que fueron utilizados con sus documentos, algunos de lo cuales son indigentes. Las investigaciones constataron la veracidad de estos cargos, pero la justicia adicta al gobierno decidió apartar del caso al juez Sebastián Casanello. Esto lo hizo el presidente de la Cámara Federal, el macrista Martín Irurzun, que envió la causa a sorteo y cayó en manos de Ariel Lijo, otro magistrado que ya ha sido presionado fuertemente por el gobierno.
En el expediente se demostraba la responsabilidad de funcionarios que utilizaron las Bases de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para hacer aparecer a los beneficiarios de planes sociales como donantes de dinero para las campañas electorales de 2015 y 2017 “y analizaba una relación entre el origen de los fondos y empresas beneficiadas con contratos en la Ciudad de Buenos Aires.
Es decir, no se trataba únicamente de infracciones electorales, sino que iba más allá, al unir empresas y gobierno en posibles delitos”. El mismo camarista ya le había quitado otra parte de la investigación, que fue enviada a la justicia electoral de La Plata, donde quedarían licuadas las responsabilidades penales” señala Página 12 .
También destaca que “es impactante cómo, en un período casi similar al del caso de los aportantes, la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, avanzó sin trabas de los tribunales superiores y con gran impulso de los fiscales, con decenas de detenidos, arrepentidos y procesamientos. El mismo fiscal, Carlos Stornelli, es el que hizo planteos tendientes a debilitar la pesquisa sobre aportes truchos(flasos).
De hecho, la resolución que adopta Iruzun ayer es respuesta a una apelación de la fiscalía que cuestionó una resolución de Casanello, de diciembre último, donde explicaba por qué se quedaba con la investigación de determinados hechos. Irurzun, sin mayores explicaciones y en un texto cargado de tecnicismos, anuló aquella disposición y acusó al juez de ser errático y confuso”, añade el periódico.
Fuente: La Jornada
