Por David McHugh/ AP
Los líderes europeos quizá hayan salvado a Chipre de una ruina inminente cuando lograron un acuerdo de último momento el lunes por la madrugada.
Empero, la forma en que lo lograron ha dejado cicatrices políticas y sicológicas en toda Europa que son mucho más desproporcionadas que el modesto tamaño de esa isla mediterránea, y ello podría dificultar las gestiones de la eurozona para solucionar la crisis de su deuda soberana.
El acuerdo fue pactado con los ministros de Hacienda del eurogrupo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, horas antes de expirar el plazo. El BCE había amenazado con dejar de prestar a los bancos chipriotas si para el lunes no había acuerdo, con la quiebra del país y su posible salida del euro.
Además de firmar un crédito de rescate de 10.000 millones de euros (12.940 millones de dólares), Chipre tendrá que reestructurar los dos bancos más importantes del país, que son insolventes.
El rescate, en opinión de muchos analistas, funcionarios bancarios y líderes políticos de Europa caerá sobre los acreedores de los dos bancos más importantes de Chipre, sus accionistas y los acaudalados depositantes, no sobre el contribuyente común y los pequeños ahorristas. Además, el país acordó achicar su sistema bancario, que representa el 80% de su producto bruto interno. El promedio de la eurozone el del 3,5 el tamaño de la economía.
El acuerdo inicial del 16 de marzo fue rechazado por el Parlamento chipriota y los bancos cerraron entonces para evitar una corrida de sus clientes.
Vistazo a algunos de los problemas planteados por el ultimo rescate de la eurozona:
– Proteger a los ahorradores: El rescate chipriota mina las garantías europeas a los depósitos bancarios. Las cuentas con menos de 100.000 euros están protegidas si quiebra un banco. Empero, ello no impidió a los funcionarios de la eurozona proponer una confiscación del 6,75% a los depósitos con menos del límite asegurado.
La medida fue rechazada, pero solo la mención plantea la posibilidad de que los modestos depositantes en otros países endeudados pierdan la confianza y huyan en una futura crisis, lo que presionaría a los bancos.
El economista Reinhard Cluse, del banco suizo UBS, dijo que los líderes de la eurozone deben aportar pronto una contundente declaración de que el límite de 100.000 euros quedará garantizado en el futuro.
– División Norte-Sur: La disputa sobre el rescate de Chipre resalta la incertidumbre de la eurozona entre los países donantes en el norte de Europa, como Alemania, Holanda y Finlandia y los endeudados del sur de Europa.
El límite de lo que los países donantes están dispuestos a aportar, y las duras condiciones que imponen, resaltan la posición de Alemania, el mayor banquero del bloque, a la hora de arriesgar el dinero de sus contribuyentes. La prensa y la opinión pública alemanas suelen considerar a los países deudores como pedigüeños que intentan financiar su conducta irresponsable. El sur responde criticando la tacañería y la falta de solidaridad alemana. A la postre, a cambio de la ayuda deben elevar los impuestos empresariales y reducir su sector bancario que, en el caso de Chipre, le hizo prosperar como paraíso financiero.
“El gobierno alemán tiene una actitud muy dura, basada en la presunción que las consecuencia de un ‘no’ de Chipre serían mucho más graves para Chipre que para el resto de la eurozona”, escribió el analista Carsten Brzeski en ING.
– Desunión fiscal: Algunos analistas sostienen que la negativa alemana a aportar fondos es un aviso de lo lejos que se encuentra la eurozona de una responsabilidad común de las finanzas estatales, como compartir el futuro costo de ampliar el rescate bancario.
La decisión de último momento -especialmente la propuesta de confiscar dinero a los ahorristas- ocasionó críticas incluso entre los funcionarios de la UE.
“Los ciudadanos y los mercados están anonadados ante la improvisación mostrada por los líderes de la eurozona”, dijo Sharon Bowles, presidente del comité de asuntos monetarios y económicos del Parlamento Europeo. “Unos acuerdos débiles que duran menos de 48 horas son muy costosos para todos y conducen a una situación política explosiva.
“Ningún sistema ni estructura alguna pueden estar en un estado permanente de emergencia”, acotó.
Fuente: AP