En la mañana de este domingo cuatro de julio, en los jardines de la antigua sede del Congreso Nacional, 155 mujeres y hombres, instalarán la Convención Constitucional que en menos de un año deberá redactar y llevar a plebiscito la nueva Constitución de Chile, que dejará atrás el texto institucional heredado de la dictadura cívico-militar.
Un acuerdo político entre partidos tradicionales, de derecha, socialdemócratas, democristianos y liberales, y una reforma incubada y aprobada por un sector hegemónico en el Parlamento, impidió que en Chile hubiera una Asamblea Constituyente, como ocurrió en la inmensa mayoría de naciones que en el siglo 20 y 21 encararon el nacimiento de una nueva Carta Magna. Sólo sectores de izquierda, transformadores y populares pugnaron por la AC, pero no tuvieron la fuerza necesaria para instalarla.
Como sea, hoy se valora, eso sí, que el movimiento social, la irrupción popular y la demanda ciudadana haya logrado que se entrara de lleno al proceso constituyente, se ganara con un 80 por ciento el plebiscito donde se dijo Sí a la nueva Constitución, se determinara un órgano cien por ciento electo por el pueblo para construir el texto institucional y se pusiera sobre la mesa el cambio del carácter del Estado, la transformación del sistema político, el cambio del modelo de desarrollo y la consagración de derechos sociales.
En todo caso, en torno de la Convención que se instala este domingo, hay factores altamente positivos y otros enrarecidos, y no todo está resuelto.
Esta entidad es paritaria, con igualdad de género. Cuenta con escaños reservados para pueblos indígenas. Tiene una considerable representación popular, de independientes (que manifiestan en su gran mayoría una postura transformadora y no conservadora) y de las regiones de todo el país. Tiene la atribución de darse un Reglamento que se comenzará a discutir este lunes cinco de julio y se estima que habrá un mecanismo vinculante para recibir las propuestas que emanen de cabildos y asambleas sociales y territoriales que se efectúen durante los trabajos de las y los 155 convencionales.
Rogativa Mapuche y de PPOO EN Plaza de Armas. Se paran los pelos y 🥺. Esto es demasiado emocionante #ConvencionConstituyente #ConvencionConstitucional #4dejulio pic.twitter.com/EgggY4SVAl
— MªFernandaGarcía💃🏻 (@mariafergarciai) July 4, 2021
Sin embargo, el acuerdo de las fuerzas políticas tradicionales y hegemónicas, dejó unos candados, como que los contenidos de la nueva Carta Fundamental deben ser aprobados con un quórum de 2/3, lo que abre la puerta a vetos de minoría. En la elección de las y los convencionales, la derecha tuvo una inmensa derrota y no llegó a una representación para hacer suyos los 2/3, pero la norma persiste y los conservadores están procurando establecer coincidencias con convencionales socialdemócratas y democristianos para poder aplicar ese quórum y abortar contenidos realmente transformadores. También la Convención está acotada en cuanto representante de la soberanía popular, con normativas que limitan su quehacer e indican que, en efecto, esta no es una Asamblea Constituyente.
En estos días se presentaron, por lo demás, situaciones como la existencia de una Secretaría Administrativa de la Convención impuesta por un decreto del Presidente Sebastián Piñera, que la dirige un funcionario de derecha, que abrió licitaciones y gastos muy cuestionables y que incluyó, por ejemplo, que un ex guardia de seguridad del dictador Augusto Pinochet esté a cargo del resguardo de la sede de la entidad constituyente y sus integrantes. Chile vivirá desde este cuatro de julio un proceso inédito e histórico. Por primera vez un grupo electo por el pueblo redactará la Constitución.
Esto significará, al menos lo que está hoy a la orden del día, que el país dejará atrás, para empezar, una institucionalidad autoritaria y acotada en su sanidad democrática, un modelo económico neoliberal y desigual y un Estado subsidiario benefactor del poder financiero #fáctico.
Ideas centrales son avanzar a un sistema democrático participativo e inclusivo, un modelo de desarrollo sustentable y equitativo y un Estado democrático y de derechos. Es lo básico
y fundamental. Junto a otros ámbitos como derechos sociales, indígenas, feministas, de la infancia y los adultos mayores, comunicaciones, consagrados constitucionalmente, entre otros.
Pero es un asunto en disputa. La correlación de fuerzas en la Convención no tiene garantizado un proceso fluido hacia las transformaciones. Son poderosas las representaciones conservadoras, neoliberales, autoritarias, tradicionalistas, de poderes financieros y comunicacionales y, desde las sombras, la incidencia de poderes fácticos y militares. Está en disputa el proyecto-país, la característica de sociedad, la forma que adopta la institucionalidad.
En este marco, junto con el inicio de trabajos de la Convención, se sostiene la imperiosa necesidad del pueblo movilizado. Es decir, del papel activo del movimiento social, sindical, feminista, juvenil, de los sin casa, de los derechos humanos, del mundo de la cultura, para incidir en el quehacer de las y los convencionales y garantizar que se dé respuesta a la demanda popular y ciudadana. Al fin y al cabo, lo que se vive hoy en Chile es producto de esa activación social, no de la acción de partidos políticos o sectores tradicionales.
Es así que este domingo habrá movilización popular en torno de la Convención Constitucional, con participación de diversidad de sectores.
Pero también está en curso el movimiento de los sectores conservadores, de derecha, contra-transformadores, y las representaciones de los poderes financieros, empresariales, comunicacionales, autoritarios.
Se viene un proceso crucial en estos meses, de profunda y maciza discusión ideológica, de medición de correlación de fuerzas, de pugna entre los poderes hegemónicos y la movilización social-popular, de activa participación ciudadana en todo el territorio y de operaciones desde segmentos del poder político-económico. En medio, por cierto, de las elecciones parlamentarias y presidenciales que se efectuarán en noviembre próximo, en otra estratégica disputa electoral y política.
Fuente: La Jornada
