Por Carlos Murillo González
Chihuahua, “el estado grande”, vive su peor momento de injusticias, tragedias, destrucción y asesinatos, desde la revolución de 1910. Esta situación coincide con la tendencia del Estado hacia el autoritarismo, la censura y el linchamiento mediático, el conservadurismo y la violación a los derechos humanos. Estas son claras evidencias de una sociedad anómica.
La anomia es, de acuerdo a Emilio Durkheim, la ausencia de leyes o la negación de las mismas. Es obvio que en Chihuahua no faltan leyes, pero no hay voluntad de cumplirlas. Las viola la autoridad y las viola la ciudadanía. No se respeta la vida y no se cree en las autoridades. Cuando existe anomia el resultado es catastrófico: lo que estamos viviendo en estas tierras no es sino la suma de años de apatía, descuido y complacencia hacia nosotros mismos. La sociedad chihuahuense vive (o sufre) bajo las fauces de su propia enajenación. Veamos algunos casos.
La tortura
Aun con el cambio al nuevo sistema penal en el 2006, la tortura y el abuso policiaco siguen siendo una constante en el desempeño del poder judicial. Los “chivos expiatorios” como Israel Arzate (caso masacre de Villas de Salvárcar) surgen como ejemplo de la “nueva” procuración de justicia en el estado. Otro caso reciente, el del multihomicidio en Ciudad Juárez de ocho miembros de una familia, refunde en la cárcel a los únicos dos detenidos, desechando evidencias y descartando las evidentes muestras de tortura mostradas por los acusados. Es tan elevado el número de denuncias en el estado de violaciones a los derechos humanos, que organizaciones internacionales como las Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés) han venido a instalarse en la entidad para apoyar y en la medida proteger, a quienes se dedican a denunciar al estado por dichas violaciones.
Las tragedias evitables
Otro síntoma para reflexionar y actuar, es el conjunto de eventos trágicos, evitables y, a pesar de la condena pública, persistentes, que ocupan principalmente dos hechos recientes: el accidente del espectáculo de las “trocas monstruo” en la ciudad de Chihuahua (caso Aeroshow) donde perdieron la vida nueve personas y muchas más resultaron heridas, sin que hasta el momento se pueda obtener justicia más allá del conductor del vehículo y unos cuantos funcionarios de bajo nivel, impidiéndose que la investigación toque intereses más altos (empresarios y políticos). El otro caso emblemático es la explosión en la fábrica de dulces Blueberry en Ciudad Juárez, cobrando la vida de ocho personas y decenas de heridos. Al igual que en el caso Aeroshow, los peritajes no involucran responsables y evidencia además la corrupción gubernamental que también “protege” a los dueños y minimiza la dimensión de los hechos.
Masacres de civiles
Los gobiernos federal, estatal y municipal, presumen la “baja” de la violencia en Ciudad Juárez, otrora “la ciudad más peligrosa del mundo”, pero es inevitable la comparación de este discurso con la realidad: dos masacres en los últimos tres meses opacan el discurso oficial, además del multihomicidio antes señalado, se agrega también la masacre de diez personas en el Valle de Juárez, la mayoría de ellos jóvenes beisbolistas. Estos dos lamentables hechos, más el continuo asesinato y agresiones de policías encubiertos a asaltantes de tiendas de conveniencia (limpieza social) siguen siendo símbolos de la anomia de Chihuahua.
Ecocidio, narco y persecución a activistas
La situación hacia el sur del estado y la Sierra Tarahumara no es menos alarmante. La contaminación y problemas con las mineras canadienses, el avance del turismo a costa de la etnia rarámuri y los conflictos por el agua principalmente con la etnia menonita, desembocan en ecocidio y genocidio, en asesinatos a activistas y en protección a élites. Las constantes noticias de asesinatos, retenes e infiltración policiaca por el narcotráfico, es una realidad atroz en la cotidianidad de quienes viven en municipios serranos, o incluso, en las ciudades del sur como Parral y Jiménez, donde el miedo paraliza la actividad de la ciudadanía ante el poder de los grupos armados de los cárteles.
Neoliberalismo y desgobierno
Aunado a lo anterior, la estructura que potencia estos lastres ahora incontrolables, apuntan hacia el neoliberalismo político de la entidad y el país. Las reformas a lo laboral, la educación, las finanzas, entre otras, se dirigen a consolidar el Estado neoliberal combinado con el ya conocido Estado autoritario. El resultado está a la vista y vida de todos y todas: desatención del Estado en sus anteriores obligaciones, sobre todo en seguridad social; fortalecimiento de la opacidad gubernamental, y por consiguiente, mayor corrupción; pérdida de derechos y vulnerabilidad ante las autoridades; impunidad y mayores diferencias de clase; empobrecimiento de la población, pero también cada vez más, un sentimiento sociológico de malestar generalizado hacia las instituciones públicas y el desempeño gubernamental.
Contra la anomia
La panorámica de la anomia es por demás clara. Con un gobernador autoritario, con la mayoría de los ayuntamientos municipales gobernados por personas emanadas de partidos de derecha (PRI y PAN) con un congreso mayoritariamente priista y controlado por el gobernador, al igual que otros organismos como el Instituto Estatal Electoral o el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Chihuahua se dirige hacia un Estado policiaco con muchos visos (y vicios) de convertirse en un Estado Fascista.
