Por Magdalena Gómez
Apenas hace tres semanas comenté con preocupación que no estaba desactivado el conflicto de los días previos en el ejido Puebla, municipio de Chenalhó, en Chiapas, donde evangélicos príistas en alianza con paramilitares –liberados por la Suprema Corte de Justicia por supuestas fallas en el debido proceso cuando se les sentenció por su participación en la masacre de Acteal– reclamaban supuestos derechos por el terreno de una ermita católica. A raíz de ese episodio violento se provocó el desplazamiento de varias familias. Nuevamente encontramos el coctel explosivo del supuesto componente religioso que tan graves daños ha causado en esa zona.
El gobierno del estado instaló una mesa de diálogo y el 8 de agosto se firmó un acuerdo de civilidad, distensión y respeto mutuo entre agresores y agredidos, por ello las familias desplazadas se dispusieron al retorno el martes 20 de agosto, acompañadas por el representante de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, Javier García Mendoza, y una patrulla de la policía estatal. Sin embargo, un grupo de aproximadamente 100 jóvenes les impidió avanzar. Un día después, fue capturado y golpeado el párroco católico de San Pedro Chenalhó, Manuel Pérez Gómez, en el ejido Puebla, por integrantes de las iglesias evangélica y presbiteriana; fue llevado a la escuela del lugar, donde lo tuvieron amarrado varias horas y amenazaron con quemarlo con gasolina. También fueron retenidos un representante del gobierno estatal y otro del municipal. Los hechos descritos han sido denunciados por el centro Frayba de Chiapas y, como podemos observar, son graves por sí mismos y más aún porque el referente del contexto previo a la masacre de Acteal no sólo es inevitable, sino que nos obliga a no bajar la guardia.
Pero hay otros elementos que debemos considerar, como el que las primeras agresiones se presentaron cuando estaban por iniciarse las actividades políticas y pacíficas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: aniversario de los caracoles, laEscuelita zapatista, que congregó a cerca de 2 mil participantes de diversos países y la cátedra Tata Juan Chávez Alonso, convocada por la comandancia zapatista, y el Congreso Nacional Indígena, cuyo perfil de denuncias de despojos en todo el país y de organización para la defensa territorial de los pueblos fue muy alto. Todas ellas fueron un mensaje claro de fuerza política y organizativa que siguió al que se mostró en diciembre del año pasado con el impresionante despliegue en silencio.
Así, nos preguntamos si es casualidad que una vez concluida la presencia solidaria internacional en la zona se reanuden las hostilidades en Chenalhó. Obviamente no está en la esencia del paramilitarismo la autonomía de acción. ¿Cuáles son las fuerzas que están detrás de las agresiones en el ejido Puebla? Y no podemos dejar de preguntarnos si la denuncia del comandante Tacho en la semana de la Escuelita sobre vuelos rasantes de helicópteros en la zona guarda relación con esta provocación y amenaza. En diciembre de 2012 se llegó a decir que en un gesto de voluntad política el Ejército se replegó y no interfirió en la salida y desplazamiento zapatista hacia San Cristóbal de las bases zapatistas desde diversos puntos. ¿No será momento de preguntarnos cómo está valorando el Ejército el evidente fortalecimiento del zapatismo? Si no ampliamos la mira para analizar estas señales ominosas en Chenalhó, podemos incurrir, sin proponérnoslo, en una visión de conflicto intracomunitario.
Por otra parte, también debemos preguntarnos si las autoridades estatales han actuado con genuino ánimo de mediación, cuando esa tarea corresponde a espacios en todo caso civiles, y a ellos, como ha dicho la organización Las Abejas, les toca aplicar la ley. Justamente señalaron que el pasado martes se vio algo que no se veía desde los días trágicos de 1997: el humo de las casas quemadas, (en referencia a la cocina comunitaria) marcando como una señal de muerte el cielo de Chenalhó. Sabemos leer estas señales de humo, agregaron. “Y el gobierno, en vez de aplicar la ley convoca a ‘mesas de diálogo’, que son de sordos, donde firma y hace firmar papeles, mientras los paramilitares siguen tranquilamente su camino de mentiras y violencia”.
Resulta extraño que el gobierno del estado no haya emitido boletín oficial respecto de estos hechos, que la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación tampoco lo hizo; sin duda debe plantearse esta exigencia. Ciertamente el movimiento social y político progresista tiene en este momento luchas cruciales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sometida a un feroz linchamiento mediático por tomar calles y recintos oficiales y otra serie importante de fuerzas se está organizando para detener la amenaza de la reforma energética , tendrían que ver Chiapas y a los pueblos indígenas que también defienden a la nación frente al neoliberalismo. Mientras, el Estado ni los ve ni los oye.
Fuente: La Jornada
