El exgobernador dispuso de varios créditos para inversión público productiva y necesidades de flujo de efectivo, sin embargo no hay documentos que señalen cuál fue el destino real de los recursos, dictamina la Auditoría Superior de la Federación
Gobierno de Corral asegura otros 4 ranchos a César Duarte
Por Francisco Sandoval Alarcón/ Animal Político
Durante el 2016, el Gobierno de Chihuahua, encabezado por el entonces gobernador César Duarte, hoy prófugo de la justicia por supuestos actos de corrupción en su gobierno, dispuso de 7 mil 713.9 millones de pesos (mdp) provenientes de seis financiamientos a corto plazo, “de los cuales no fue posible identificar el destino y la aplicación de los recursos con la información y documentación soporte proporcionada” por las autoridades, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la cuenta pública de ese año.
Desde mediados de 2017, César Duarte cuenta con 10 órdenes de aprehensión en su contra, solicitadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, por supuestos actos de corrupción en su gobierno. Como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, la Fiscalía ha implementado una serie de acciones legales, como la detención de Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del CEN del PRI, quien se le acusa de desviar 250 para presuntamente destinarlos a las campañas del PRI, en 2016.
De acuerdo con la ASF, aun cuando los seis financiamientos se solicitaron para inversión público productiva y para cubrir necesidades de flujo de efectivo a efecto de realizar erogaciones previstas en el presupuesto de egresos, el recurso fue utilizado para otros fines.
“El Gobierno del Estado de Chihuahua contrató en 2016 financiamientos a corto plazo por un monto de 7 mil 713.9 mdp, e informó que el destino principal fue cubrir necesidades de flujo de efectivo para hacer erogaciones previstas en el presupuesto de egresos. Los financiamientos a corto plazo que no se destinaron a inversión pública productiva, sino a resolver problemas de liquidez temporal, no generaron de forma directa e indirecta un beneficio social o productivo”, expuso la ASF.
Aparte, reveló que “de acuerdo con los estados de cuenta bancarios y los reportes de integración del destino de los recursos, entre otros, entregados por el Gobierno del Estado, se observó que los recursos de los financiamientos se destinaron para el pago de comisiones, organismos descentralizados, nómina, obras y gastos a corto plazo, información que resultó insuficiente para comprobar el destino de los recursos”.
Por esta razón la ASF ordenó la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, “a fin de que la Secretaría de la Función Pública del Estado Chihuahua realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las presuntas irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no realizaron un control en el ejercicio del gasto, desde el origen de las operaciones hasta su registro definitivo, en relación con los recursos provenientes de los créditos a corto plazo”.
Deuda de 6,000 mdp utilizada para otros fines
La ASF también detectó que los 6 mil millones de pesos solicitados por César Duarte para el pago de deuda contraída por su gobierno, lo que en su momento fue duramente criticado por el PAN, solicitados a INBURSA no fueron utilizados para el pago de las deudas, sino para “gastos diversos diferentes a los acordados en el decreto 1418/2016”.
“El crédito con INBURSA por 6 mil 000 mdp se distribuyó contractualmente de la siguiente manera: 3 mil 000 mdp para liquidar el saldo insoluto del crédito original y accesorios, 277 mdp para Fondo de Reserva y 2 mil 723 mdp para Inversión Pública Productiva. Estos últimos fueron destinados parcialmente para el pago de los siguientes conceptos: un crédito con INTERACCIONES, pago de un préstamo del Instituto Chihuahuense de Salud, nóminas, transferencias a organismos descentralizados, pago de aportaciones y retenciones, transferencia de recursos a la Auditoría Superior del Estado y al Supremo Tribunal, pagos al despacho Orozco Waters, Sociedad Civil, entre otros, lo que implicó que el Gobierno del Estado incumpliera con lo establecido en el decreto. Además, la información y documentación soporte proporcionada por el Gobierno del Estado no fue suficiente para comprobarlo”.
Además, se detectó que la solicitud de financiamiento por parte del Gobierno no fue competitiva, pues aun cuando el proceso se repitió en dos ocasiones, en éstas no hubo una real competencia, pues en la ley establece que se debe dar con cinco diferentes instituciones financieras, de las cuales se obtengan como mínimo dos ofertas irrevocables de Financiamiento. En el primer caso, sin embargo, fue una propuesta única, y en el segundo sólo hubo dos propuestas.
Además, los auditores detectaron que en la Cuenta Pública 2016, el financiamiento fue registrado como deuda contingente y no como deuda directa. Lo que “implicó que el saldo de la deuda directa de 22 mil 009.7 mdp fuera inferior a lo que realmente es 27 mil 997.7 mdp”.
Por estos hechos, la ASF presumió “un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio de la Entidad por un monto de 2 mil 723 mdp, que sumados a los 7 mil 713.9 de los que no fue posible identificar el destino, suman 10 mil 436.9 mdp de los que no se sabe exactamente a donde fue a parar durante el último año del exgobernador prófugo César Duarte.
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Fuente: Animal Político
