El Gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo este miércoles al periódico Reforma que está a disposición de las autoridades para que lo investiguen si es necesario en torno a su participación en el Banco Progreso de Chihuahua. Aseguró también que no solicitará ningún tipo de licencia para atender la controversia.
Las declaraciones del mandatario estatal se produjeron en los momentos en que en el Senado de la República se discutió un punto de acuerdo planteado por unos 40 legisladores para que las autoridades federales investiguen al gobernador de Chihuahua. El punto no fue debatido y propuesta fue se pasó a comisiones.
Entrevistado al término de su participación durante la presentación del Secretariado Mundial Angus 2015, el Mandatario estatal afirmó que no es dueño ni socio de ningún banco y que se ha tratado de un litigio mediático.
“Por qué voy a pedir licencia, yo no tengo ninguna responsabilidad en el tema y estoy a disposición de la autoridad para que me investigue si es necesario”, dijo.
Destacó que Chihuahua ha sobresalido en la generación de empleo, en ser el estado con menos informalidad en la República y con un crecimiento económico sostenido, por arriba del 4.9 por ciento, lo cual se ha logrado en gran medida a partir de esfuerzos institucionales.
En días recientes, el Banco Progreso Chihuahua confirmó la participación del Gobernador César Duarte en el capital de esta firma.
Sergio Becerra, gerente general de Progreso Chihuahua, explicó que el Mandatario estatal aún no es accionista, porque formalmente el banco no ha empezado a operar, sin embargo, el funcionario aportó 65 millones de pesos al fideicomiso que formará al capital del banco y que suma 694.5 millones de pesos.
Guardan silencio senadores de Chihuahua
Los senadores del PRI por Chihuahua, Graciela Ortiz González, Lilia Merodio y Patricio Martínez, no hicieron uso de la tribuna para responder los señalamientos contenidos en el punto de acuerdo, presentado en la tribuna por el legislador panista Javier Corral.
Con 73 senadores presentes en el pleno, 38 estuvieron a favor de votar la iniciativa de Corral como de obvia y urgente resolución y 35 se manifestaron en contra, pero al no lograrse mayoría calificada, se decidió enviarla a la Comisión de Hacienda, a la que luego se agregó la de Justicia, por petición del propio Corral.
A la petición de que la PGR le dé trámite a la denuncia contra el gobernador César Duarte, el grupo parlamentario del PRI en el Senado empató un punto de acuerdo, presentado por Omad Fayad, para que la misma dependencia investigue el caso de la construcción de la presa en el Rancho Nuevo, del gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
La petición de Fayad fue tomada de inmediato por el senador Corral, a fin de que ambos puntos de acuerdo fuesen votados como de obvia y urgente resolución, pero este de inmediato dio marcha atrás para enviar su propia propuesta a comisiones.
Tras una fuerte discusión, en la que en ningún momento participaron los senadores de Chihuahua, el presidente de la mesa directiva del Senado sometió a votación el punto de acuerdo de Fayad; se recibieron 37 votos a favor y 36 en contra, y la iniciativa del senador hidalguense también fue enviada a comisiones.
Sin debate, pasan el punto a comisiones
Las bancadas del PRI y PVEM en el Senado frenaron este miércoles la discusión sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito lanzadas contra el Gobernador de Chihuahua, César Duarte, por la compra millonaria de acciones del Banco Progreso Chihuahua.
El senador panista Javier Corral solicitó que el tema fuera debatido este mismo día durante la sesión ordinaria, por lo que pidió que el trámite se procesara de urgente y obvia resolución.
Sin embargo, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados del Verde Ecologista de México (PVEM) se negaron, por lo que el tema fue turnado a las comisiones de Hacienda y Justicia, para su análisis posterior.
“Todos somos víctimas potenciales”: PRI en Congreso local
En el Congreso de Chihuahua el grupo parlamentario del PRI presentó un posicionamiento para defender al gobernador por “actos que ponen en entredicho su honor y la dignidad de su alta responsabilidad pública”.
“Asumimos el compromiso de rechazar cualquier tipo de incitación a la violencia y al odio colectivos y de defender la competencia constitucional que corresponde a las entidades, instituciones y organismos públicos”, dijo la diputada Laura Domínguez Esquivel al dar lectura al pronunciamiento priista.
El Revolucionario Institucional, apuntó, está a favor de la libertad de expresión, “siempre y cuando ésta permita la objetividad de los juicios y, en consecuencia, no aborde cuestiones que sólo atañen a los tribunales o autoridades administrativas correspondientes”.
La calumnia y la difamación en contra de un personaje público o contra una institución afecta a todos y todas, “pues todos somos víctimas potenciales de quienes se erigen en fiscales y jueces de juicios sumarísimos y a todos afecta la mentira, encubierta en la libertad de expresión”, añadió.
Según Domínguez Esquivel, se ha acusado, juzgado y sentenciado sin fundamento a personas, gobernantes, instituciones públicas, privadas y partidos políticos.
Y el PRI, subrayó, se opone a la violencia en los hechos y en las palabras, y asume la responsabilidad de hablar y decidir “democráticamente y desechar los juicios sumarios que difunden verdades a medias y mentiras completas”.
Remató: “Rechazamos la justicia hecha por métodos ajenos a la ley, y convocamos a la sociedad abierta y democrática del estado a no erigirnos en jueces y verdugos de los demás, pues un ambiente en el que todos somos jueces de todos, es el medio donde la violencia, la delincuencia y el resentimiento imperan a sus anchas, debilitando el estado de derecho y la armonía social”.
Por su parte, la Unión Ciudadana anunció que realizará una asamblea informativa en el auditorio municipal de esta capital, el próximo viernes 28, para sumar a más ciudadanos en su exigencia de investigar el origen y destino del Fideicomiso de 65 millones de pesos creado por el gobernador y su esposa Bertha Olga Gómez Fong.
A esa demanda se sumaron el promovente de la denuncia penal, Jaime García Chávez, el senador panista Javier Corral Jurado, el exgobernador Francisco Barrio Terrazas, dirigentes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la entidad, diputados locales, regidores, estudiantes y diversas organizaciones civiles, entre otros.
La invitación a la asamblea está dirigida a “las ciudadanas y ciudadanos libres de Chihuahua”, para dar seguimiento a la denuncia penal en contra del gobernador por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y uso abusivo de sus atribuciones.
Fuente: Reforma/ Norte Digital/Apro
