El juez Distrito Eduardo Javier Sáenz Torres citó para la próxima semana al prófugo exgobernador César Duarte y a otros siete priistas para que respondan por el presunto desvío de 80 millones de pesos para campañas electorales entre 2010 y 2016. Algunos excolaboradores suyos se acogieron a la figura de testigos protegidos y están soltando información incriminatoria. Ante este escenario, la cuenta regresiva para una eventual captura sigue su inevitable marcha.
Reporte especial de Proceso
Durante su administración, el priista César Duarte Jáquez no sólo benefició a familiares y amigos –a quienes otorgó puestos clave para desfalcar al estado– presuntamente también desvió fondos para financiar varias campañas de correligionarios que buscaron la gubernatura en sus entidades de origen.
Duarte Jáquez utilizó cuantiosos fondos del erario para la compra de casas, ranchos y ganado, según los datos recabados por Proceso en las audiencias de seis de los siete exfuncionarios duartistas que están siendo procesados.
Los detenidos en una primera etapa son Javier Garfio Pacheco, originario de Balleza, quien fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la pasada administración; Gerardo Villegas Madriles, de Parral. Él se desempeñó como director de Administración de la Secretaría de Hacienda, y Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte y exdirector de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura.
Posteriormente fueron aprehendidos el diputado federal suplente Enrique Antonio Tarín García, primo de Duarte y originario de Balleza, quien fue director de Adquisiciones y Servicios de Hacienda; Karina Areli Jurado Bafidis, exdirectora de Administración de la Secretaría de Educación y Deporte; Sergio Medina Ibarra, oriundo de Parral y exdirector del Comité de Adquisiciones de Hacienda, y Jesús Manuel Esparza Flores, también de Parral y extitular de la Auditoría Superior del Estado.
En sus comparecencias, los testigos protegidos expusieron que la coordinación de los directores de adquisición estuvo a cargo de los directores generales de administración Carlos Hermosillo Arteaga (2011– 2013) y Gerardo Villegas (2013 a 2016).
El desvío de recursos millonarios se realizó a través de la adjudicación directa para medicamentos y otros servicios, con la autorización de los duartistas y por medio de empresas creadas por funcionarios, familiares de Duarte o prestanombres, en complicidad con empresarios y autoridades municipales.
En su último año de gestión, Duarte “gratificó” con un millón de pesos a cada diputado que aprobó la bursatilización que él propuso. Su iniciativa se impuso con 23 votos a favor y ocho en contra.
Fragmento del reportaje publicado en Proceso 2120, ya en circulación
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