Por Luis Javier Valero Flores
Con el riesgo de dejar fuera de la agenda temas tan controvertidos como la liberación de Israel Arzate, las investigaciones del accidente de la fábrica Blueberry, el proceso del Aero Show de Chihuahua, las cuentas públicas de las administraciones municipales salientes (y por supuesto, las del gobierno estatal), así como la polémica desatada por los nombramientos en el Supremo Tribunal de Justicia y la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de Marisela Escobedo, un asunto ocupó nuestra atención, prioridad explicada por su importancia específica, y por el hecho de que en el curso de la semana se celebrará en la ciudad de Chihuahua el XXX Congreso Nacional del Instituto Mexicano de Derecho Registral, en el marco del 130o. Aniversario del Registro Público de la Propiedad.
También, porque a las preocupaciones generales sobre el agudo proceso de centralización -expresado en este espacio días atrás en materia electoral- se suman las particulares de quienes alertan acerca del enorme riesgo que corre el Pacto Federal, ahora acerca de las facultades que poseen las entidades federativas en materia del registro público de la propiedad y del registro catastral que, de concretarse, sería uno de los más serios golpes al federalismo, que con tantos trabajos han construido los mexicanos.
Se pretende, sin ambages, que la federación asuma el control de dichas materias, lo que se convertiría en un inminente riesgo para que entidades y municipios pudieran perder la jurisdicción sobre los ingresos derivados de ellas.
Ahora, no solamente se pretende lo mismo en materia electoral, ya también los legisladores federales han aprobado que la nómina magisterial se regrese al gobierno federal y, encima, intentan desandar el camino recorrido para otorgarle autonomía financiera a los municipios.
La Cámara de Senadores aprobó, el 20 de agosto de 2013, reformar el artículo 73 constitucional para otorgarle al Congreso de la Unión facultad “para expedir la ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales”.
Previamente, en mayo del 2007, el diputado federal por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, había presentado una iniciativa, a nombre de los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, muy semejante a la recientemente aprobada.
En diciembre del 2008, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre la iniciativa que ordenaba la creación de una ley en las materias de operación del Registro Público de la propiedad, del comercio y catastral, hasta ahora facultad exclusiva de los gobiernos estatales y municipios.
La argumentación usada para la aprobación del dictamen fue prácticamente la misma que la usada por los partidos del Pacto por México, para proponer la creación del Instituto Nacional de Elecciones y la desaparición de los órganos electorales estatales: “Otorgar la competencia en esas materias a 32 estados y más de 2 mil 400 municipios ha prohijado instituciones registrales y catastrales ineficaces, inconfiables (sic), inseguras, sin tecnología y sistemas electrónicos, cuyo tiempo de respuesta es hasta de 6 meses, y con personal directivo y operativo impreparado”.
Como una graciosa concesión, aceptaba la participación de los 3 niveles de gobierno “pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y términos de participación de dichas entidades”, las que conservarían el aspecto tributario derivado de los ingresos del registro, la designación de los funcionarios y la administración de las instalaciones”.
Así fue aprobada en abril de 2009, en el momento que el actual gobernador, César Duarte, era el presidente de la Cámara de Diputados, quien, según la información del Lic. Enrique Aguilar Pérez, había mostrado su conformidad con el rechazo del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados a dicha iniciativa.
Dicho rechazo se basaba, -aquí rescatamos su argumentación, por su importancia y, claro, por la coincidencia del escribiente- en que con tal ordenamiento se “trastocaba el Pacto Federal” pues le otorgarían al poder central, atribuciones que “desde el siglo XIX han sido exclusivas de los Estados”.
Más aún, que al aprobarse dicho ordenamiento el gobierno federal se arrogaría facultades hasta ahora reconocidas al municipio y que la argüida incapacidad de estados y municipios en materia registral y catastral podría devenir en una mayor ineficiencia si se trasladan dichas facultades al gobierno federal, el que debería, entonces, designar al personal en todo el país y encargarse de todas las facultades y funciones hasta ahora desarrolladas por los organismos estatales y municipales encargados de ellas.
Concluyentes, los dirigentes de los organismos de abogados, sostienen que “la división de poderes, el sistema republicano, federal, representativo y democrático de gobierno, la no reelección, la educación gratuita, los derechos sociales, la competencia y facultades reservadas a los estados, la no retroactividad de las leyes, la preservación de las garantías individuales o derechos fundamentales del hombre, por citar sólo algunos, son decisiones fundamentales del pueblo mexicano.
Por ende, serían inválidos acuerdos en contrario, aunque tengan su fuente en el Constituyente Permanente y por mayoría de razón en ambas o en una sola de las Cámaras del Congreso de la Unión. Ello, porque el Constituyente Permanente y las cámaras, están sometidos a los principios de la Constitución Federal”, principios que arguye Aguilar Pérez no pueden trastocarse, ni siquiera por el Constituyente Permanente, pues tal pretensión, sostiene, sólo la puede realizar un órgano constitucional especialmente convocado para tal efecto, es decir, el de cambiar los principios rectores de la actual constitución del país.
Esa debiera ser la discusión del Congreso Nacional del Instituto Mexicano de Derecho Registral, del cual será anfitrión el director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Gobierno de Chihuahua, José Manuel Aburto Ramos, con la participación de la mayoría de los funcionarios registrales del país.
No podría ser mejor escenario para que se discuta si también en este ámbito se da paso al agudo proceso de centralización de la vida pública en desarrollo en la actual administración, pero que ahora vemos abarca, también, a lo acaecido en la administración federal anterior y cuyos protagonistas son, otra vez, las bancadas y dirigencias de PRI y PAN.
Sin embargo, infinidad de notarios, la mayoría de ellos con militancia o filia priista, han manifestado -a sotto voce- su inconformidad, ante lo que es, sin duda, un paso más en ese escalamiento centralista y que pudiera detenerse, argumentan algunos, en las legislaturas estatales que debieran aprobar la reforma constitucional.
Esa es la coyuntura.
Ni duda cabe, el mandatario estatal tiene una influencia decisiva en quienes componen la mayoría en la actual legislatura, sus compañeros del PRI y, también, en el resto de los grupos parlamentarios, razón por la cual tienen en sus manos pasar, del mero discurso federalista, al terreno de los hechos que confirmen tal presunción. Esa reforma constitucional no debiera aprobarse, ni en la Cámara de Diputados, que aún le falta discutirla, ni en las legislaturas locales, oponerse a ella significará preservar el poco federalismo existente y presentar un, así sea menor, obstáculo al acelerado proceso de centralismo que, por igual, las dirigencias partidarias de PRI; PAN y PRD pretenden endilgarle al país.
Les va en ello algo más que la vida, con el sambenito de que las entidades son incapaces para, prácticamente todas las actividades públicas, quienes hoy se comportan (y en ese sentido tiene razón Manlio Fabio Beltrones cuando dice que el Pacto por México es un “cogobierno”) como promotores del centralismo -las dirigencias y cúpulas parlamentarias de PRI, PAN y PRD- pueden confrontarse seriamente con sus compañeros de partido que gobiernan las entidades federativas y que, hasta ahora, sólo contemplan de qué modo van perdiendo facultades y jurisdicción.
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