En la audiencia por el caso Ayotzinapa que se realizó este jueves, en el marco del 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes del gobierno mexicano revelaron que nueve líneas celulares de los 43 normalistas desaparecidos estuvieron activas después de los hechos. Esto, dijeron representantes de las víctimas, “echa abajo” la llamada “verdad histórica” que argumentaba que los estudiantes fueron calcinados con todo y sus pertenencias entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En esta misma sesión, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Troitiño, y el comisionado James Cavallaro, indicaron que se tiene informes de que los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pudieron ser víctimas de espionaje telefónico por parte de dependencias del gobierno mexicano, con el mismo programa Pegasus del que hace unos días denunciaron haber sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.
Por ello, los comisionados de esta entidad de la Organización de Estados Americanos y los representantes de los familiares de los 43 normalistas demandaron una explicación a los funcionarios gubernamentales presentes en la sesión y exigieron una investigación a fondo.
Mario Padrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), cuestionó si el gobierno mexicano “tendrá la voluntad de investigarse a sí mismo”.
Los representantes gubernamentales, encabezados por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, señalaron que ya se hacen las investigaciones sobre el presunto espionaje, además de que el caso de Ayotzinapa para nada está cerrado y que se siguen todas las líneas de investigación, incluidas las que recomendó el GIEI.
En torno al espionaje, la comisionada presidenta de la CIDH interrogó a los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto: “¿Qué autoridades del Estado estuvieron involucradas?”, a lo que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, se limitó a responder que hay una denuncia abierta “contra quienes resulten responsables”.
En tanto, al reclamar sobre la impunidad en la que se encuentra el caso de los normalistas desaparecidos a más de 33 meses de los hechos, uno de los padres de los estudiantes aseveró que se presentaban ante la CIDH desesperados porque a casi tres años no tienen noticia del paradero de sus hijos.
“Nosotros no vamos a aceptar ninguna verdad que no sea apegada a argumentos científicos”, enfatizó.
Los comisionados de la CIDH y las víctimas urgieron al Estado mexicano a ampliar las indagatorias y a agilizar los procesos a fin de dar con el paradero de los jóvenes, sancionar a los responsables y llegar a la verdad y la justicia.
Fuente: La Jornada
