La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que colaborará con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, en la investigación que realiza en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Luego de que se dio a conocer que la administración de Miguel Ángel Mancera estuvo vinculada con la triangulación de recursos al exsecretario de Seguridad Pública, Sheinbaum Pardo dijo desconocer del caso y calificó como un hecho lamentable que se hayan usado el erario público de la Ciudad de México.
Además, señaló que se notificó a la Contraloría de la Ciudad de México, para que de ser necesario haga las indagatorias correspondientes en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto Castillo.
“En todo caso la UIF lo que hace es presentar su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), si es que hay delitos federales, si hay delitos locales, la UIF también tiene responsabilidad de presentarlos directamente a la Procuraduría (capitalina)”, declaró la mandataria local.
La mandataria capitalina señaló que serán las autoridades las que determinen si Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora senador por el PRD, debe declarar en este caso para deslindar responsabilidades.
“Dependerá de las investigaciones de la PGJ, que a partir del 10 de enero ya será la Fiscalía General de la Ciudad de México, el seguimiento de éstas y si encuentran responsabilidades llevar a cabo su trabajo, dijo.
Ayer viernes, Santiago Nieto indicó que en 2017 el entonces gobierno de la Ciudad de México le depositó a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management SC, dirigida por García Luna, 31.3 millones de pesos.
Explicó que García Luna, ex secretario de seguridad detenido en Estados Unidos acusado de vínculos con la delincuencia organizada, creó en 2011 la empresa Nunvav Inc, especializada en soluciones tecnológicas, telecomunicaciones y software, con sede en Panamá.
Después de la creación de la compañía, adquirió un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública que había sido comprado por la dependencia en 2008, “es decir, se trasladó un bien, un software adquirido por recursos públicos para una empresa de naturaleza privada”.
Durante los años 2013, 2017, 2018 hubo pagos por dos mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos entre, otros espacios, a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados y Curazao.
Explicó que la triangulación de recursos a la empresa de la familia García Luna, sobre todo a la panameña, pagó el estilo de vida del ex secretario en Miami, por lo que presentaron una denuncia ante la FGR el 24 de diciembre.
Fuente: La Jornada
