El comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, negó que se le hayan “sembrado” armas al líder autodefensa, José Manuel Mireles, durante su detención el viernes. Castillo dijo que sí portaba armas largas y documentación sobre fuertes depósitos de dinero que ya se investigan, además de que Mireles portaba pequeñas dosis de marihuana y cocaína, por lo que podría recibir tratamiento de rehabilitación.
Ayer, Castillo dio la conferencia de prensa desde la Secretaría de Gobernación, a donde fue llamado para dar detalles de la detención y evitar la suspicacias en la detención de Mireles, como las hubo en la detención de Hipólito Mora, quien ya fue liberado.
Ahí, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán negó lo dicho por la abogada de Mireles, Talía Vázquez, quien afirmó que le fueron sembradas las armas al momento de su detención.
Castillo refirió que “el punto neurálgico” de la detención de Mireles “está en la flagrancia de la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército”. Detalló que al doctor Mireles también se le encontraron documentos en un vehículo de su propiedad que dan cuenta de fuertes depósitos de dinero en bancos, lo que ya investiga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Explicó que al interior de la camioneta blindada marca Jeep, Cherokee, modelo 2014, de color blanco, propiedad de Mireles Valverde, se localizaron ocho armas largas y seis cortas; 213 cartuchos, 11 cargadores, cuatro bolsas con mariguana, una bolsa con cocaína y 30,000 pesos.
Castillo manifestó que si el juez que lleva el caso confirma la farmacodependencia de Mireles, podría girar oficio al Centro de Adicciones para el tratamiento de su rehabilitación.
Reportó que en total fueron detenidas 83 personas, entre ellos José Manuel Mireles Valverde y sus escoltas, a quienes se les aseguraron 19 vehículos y una motoneta; 40 armas de grueso calibre, 3,653 cartuchos útiles, 12 chalecos antibalas y 10 fornituras y una carrillera.
Precisó que a los detenido se les acusa de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos agravada, así como el delito de Contra la Salud en su modalidad de Posesión simple de sustancias prohibidas.
Castillo argumentó que, el pasado 14 de abril, en un acuerdo con los grupos de autodefensa se convino y se votó -con el aval incluso de Mireles- que a partir del 10 de mayo no se permitiría más la movilización de personas civiles armadas, así como la portación de armas de grueso calibre.
El Comisionado dijo que “en todo momento” se respetaron los derechos humanos de los detenidos, incluso ya dentro de los penales de seguridad a los que fueron remitidos.
Informó que la PGR ejercitó acción penal en contra Mireles Valverde, Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas por su probable responsabilidad penal.
Fuente: El Economista
