A raíz de la divulgación, en este semanario, del Acuerdo de Conclusión de la Visitaduría General de la PGR sobre el caso Ayotzinapa –retomada por The New York Times, Reforma y Aristegui Noticias–, padres de los 43 normalistas desaparecidos exigen ahora castigo a los funcionarios que entorpecieron la investigación, señaladamente a Tomás Zerón de Lucio. Por su parte, la PGR desestima el informe de su propio órgano de control, lo que en el fondo abona a la impunidad y, como recalcan los afectados, a la protección a los militares.
Por Gloria Leticia Díaz/ Proceso
Decididos a evitar que la desa¬parición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa quede en el olvido, padres y defensores de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos luchan por que sean sancionados los servidores públicos que obstaculizaron las investigaciones para localizar a los jóvenes.
Tras la revelación hecha por este semanario el pasado 19 de noviembre (Proceso 2090) del Acuerdo de Conclusión de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se exponen las irregularidades cometidas por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y otros cinco funcionarios de la dependencia –información retomada días después por los diarios Reforma y The New York Times y el portal Aristegui Noticias–, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de dos de las víctimas, exigen la culminación de la indagatoria interna y el castigo a los funcionarios que cometieron actos ilegales.
En ello coincide Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña-Tlachinollan, una de las organizaciones que representan a los padres y madres de los 43 desaparecidos, quien emplazó al gobierno de Enrique Peña Nieto a demostrar que “no hay otros intereses ocultos dentro de la PGR ni actores que estén por encima de los intereses de las víctimas, para que se pueda llamar a cuentas a los responsables, porque se ha ocultado la investigación sobre esas omisiones”.
Barrera y padres de los normalistas fueron entrevistados mientras se desarrollaba la Caravana +43 por la Memoria y la Esperanza, que partió de la normal de Ayotzinapa el martes 20; continuó por Iguala, donde los padres colocaron una ofrenda floral en el sitio en que el 27 de septiembre de 2014 se localizaron los restos de Julio César Mondragón; siguió su recorrido por Taxco y se extendió a localidades de Morelos.
La caravana concluirá el lunes 26 en la Basílica de Guadalupe, con una misa oficiada por el obispo Raúl Vera y Carlos Garfías Merlos, exarzobispo de Acapulco y ahora arzobispo de Morelia.
Los entrevistados comparten sus opiniones ante los intentos de la PGR por restar relevancia al documento interno dado a conocer por Proceso, así como a un expediente de investigación más, publicado también por este semanario (Proceso 2091).
El Acuerdo de Conclusión, a cargo de la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General, hace un análisis pormenorizado de las actuaciones de Zerón de Lucio y de cinco funcionarios más que participaron en las diligencias no reportadas en el río San Juan, en Cocula.
Ante las conductas irregulares cometidas por el ahora secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad, el documento de Asuntos Internos considera que tiene responsabilidades sancionadas por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por “haber excedido el ejercicio de sus facultades”, al trasladar el 28 de octubre de 2014 a uno de los inculpados, Agustín García Reyes, a Cocula, diligencia que deliberadamente omitió notificar.
De acuerdo con la conclusión, esa actuación “generó que las víctimas indirectas no pudieran conocer información detallada sobre las diligencias de búsqueda practicadas ese día, ni expresar su opiniones ante la autoridad, o incluso imponer recurso alguno para impugnar la legalidad de la actuación del titular de la Agencia de Investigación Criminal, así como la de los peritos allí presentes, quienes incluso descartaron evidencia luego de haber entrado en contacto con ella”.
Por ello, el documento recomienda dar vista a la Secretaría de la Función Pública, pues Zerón incurrió en “violaciones a las garantías judiciales, acceso a la justicia y derecho a la verdad”.
CONTRAOFENSIVA
Tras la divulgación del Acuerdo de Conclusión, hecha por The New York Times, Reforma y Aristegui Noticias, el jueves 15 la PGR emitió un comunicado para restar importancia a las consideraciones de la Visitaduría General.
“Cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado, se trata de un simple proyecto con carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal”, se lee en el comunicado 2039/2016.
Sin desconocer la autenticidad de los documentos, la dependencia señala que “se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización; al carecer de los requisitos legales que les aplican resultan jurídicamente inexistentes; por lo tanto, están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como Acuerdo de Conclusión o con cualquier otra denominación”.
El lunes 19, decenas de organizaciones civiles se sumaron a la exigencia de las organizaciones que representan a los padres de las víctimas para que se formalice el proceso contra Zerón.
En un comunicado agregaron que “la omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales” y, peor, “esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría basada en pruebas ilícitas”.
Mario González, padre del normalista César Manuel González, señala que pese a los intentos por restar valor al Acuerdo de Conclusión, los padres ya tenían referencias de las irregularidades, aunque no los detalles.
Cuenta: “Un mes antes de que rompiéramos el diálogo, el visitador (César Chávez) nos había dicho que había varias irregularidades cometidas por Tomás Zerón y varios ministerios públicos, que ya estaba casi terminada la averiguación; entonces fue cuando lo despidieron”.
El diálogo entre la entonces titular de la PGR y los padres de familia de los 43 se rompió el 18 de agosto, fecha en que se terminó el Acuerdo de Conclusión, mientras de forma paralela avanzaba una investigación más amplia sobre 214 tomos de la averiguación previa del caso Ayotzinapa, que entre otras de sus recomendaciones preliminares apunta a la urgencia de interrogar a integrantes del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala (Proceso 2091).
En el documento de mil 150 fojas, correspondiente a los “Papeles de trabajo preliminares de la Evaluación Técnico Jurídica, practicada a la AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015”, realizada por personal de la Visitaduría General de la dependencia, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez –dado a conocer por este semanario–, se destaca:
“La conducta omisa desplegada por el personal militar del 27 Batallón de Infantería, en los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, tuvo consecuencias fatales en los estudiantes de la Escuela Normal Superior (sic) Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbol ‘Los Avispones de Chilpancingo’, al conocer que la policía municipal del lugar había realizado disparos contra los estudiantes de los autobuses donde viajaban”.
APOYO INTERNACIONAL
Don Mario González retoma otra revelación publicada por Proceso (número 2089), sobre la existencia de una libreta decomisada a Sidronio Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos –grupo delincuencial al que se le adjudica la desaparición de los 43 normalistas–, en la que están el nombre y el teléfono de Omar García Harfuch como su contacto, cuando el ahora sucesor de Zerón en la AIC fungía como inspector general de la Policía Federal en Guerrero, así como los datos del entonces secretario de Seguridad Pública de la entidad, Leonardo Octavio Vázquez.
“Si bien para nosotros lo principal es encontrar a los muchachos, estamos convencidos de que para saber la verdad es importante castigar a los servidores que manosearon esas averiguaciones y las pruebas; ya sabemos los nombres, ya sabemos quién está en la libreta negra, ya sabemos quiénes son los cómplices, ya sabemos quiénes son los responsables”, enfatiza.
Tras resaltar que la misma investigación ampliada de la PGR respalda que militares y policías federales rindan cuentas, Mario González recuerda que instancias como la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han urgido a localizar a actores identificados como “el patrón” –a quien policías municipales habrían entregado a los estudiantes– y el “caminante”, quien habría coordinado la desaparición mediante su celular.
Ante los intentos de la PGR de mantener oculta la investigación interna, Mario González destaca que una vez más los padres de los desaparecidos tienen fundadas sus esperanzas en que sean instancias internacionales, en este caso el Mecanismo de Seguimiento para el Caso Ayotzinapa, de la CIDH, las que empujen hacia el esclarecimiento de los hechos.
“Nuestras esperanzas siguen en el Mecanismo, porque sin ninguna vigilancia internacional el Estado no va a hacer nada, no se pueden autoinvestigar, y peor si siguen poniendo a gente que está en la libreta negra al frente de la Agencia de Investigación, mucho menos si siguen subiendo de rango a los culpables, menos vamos a llegar a la verdad”.
Fuente: Proceso
