Por Jesusa Cervantes
Los priistas son muy cumplidores. Tanto que ante “el bloqueo” del resto de los partidos en la Cámara de Diputados, acudieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que, mediante resolución judicial, se obligue a sesionar al Congreso de la Unión.
Nunca los priistas habían defendido con tanto ahínco su obligación de legislar. Hoy lo hacen, no porque pretendan desquitar los más de 200 mil pesos mensuales que ganan, ni porque sean unos brillantes impulsadores de reformas. No. Se trata de un asunto de impunidad.
Detrás de su arrojada decisión de acudir al Tribunal Electoral está la urgencia de Enrique Peña Nieto por cerrar en definitiva el caso Monexgate y con ello anular cualquier reclamo de ilegitimidad.
Hay que recordar que apenas el miércoles 29 el TEPJF determinó “por unanimidad” dar la razón a la fracción del PRI que encabeza el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera y, para “proteger los derechos políticos” de los ciudadanos, ordenó al Congreso de la Unión elegir de una vez por todas al sucesor del filo-priista Sergio García Ramírez en el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
El tema, que mereció poco espacio en los medios de comunicación, fue opacado por toques de queda “auto-inflingidos” en comunidades de Michoacán; por la desaparición de 11 jóvenes en un bar del Distrito Federal; por la postergación del “apagón analógico”, y la lucha de poder entre Miguel Angel Osorio Chong y Luis Videgaray (secretarios de Gobernación y de Hacienda, respectivamente), y también, suponen algunos, por una decisión que salió de las oficinas presidenciales.
Como sea, lo que hay que entender es que detrás de esta decisión “unánime” del TEPJF y la urgencia del PRI se esconde el deseo de mantener la impunidad.
Me explico. En febrero pasado, el IFE reconoció lo que durante dos meses denunciaron PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC): que durante la campaña electoral de Peña Nieto el PRI recurrió a triangulación de recursos prohibida por la ley, donde se recurrió a cinco bancos, una decena de empresas privadas –una de ellas vinculadas a Sergio García Ramírez–, y que se desconocía el origen de los recursos, así como a dónde habían ido a parar por lo menos 43 millones de pesos.
El IFE aceptó todo lo anterior pero consideró que no fue “ilegal” la operación. Los nueve consejeros se dividieron: cuatro estaban por aceptar el análisis del encargado de revisar las cuentas, cuatro más por considerarlo ilegal, y por lo tanto sancionar al PRI, y el noveno voto se mantuvo en suspenso hasta el último momento, el del filo-priista García Ramírez.
Al observar García Ramírez que su voto daría la exoneración al partido que le dio trabajo durante varias décadas, decidió inclinar la balanza hacia el PRI. La votación quedó 5 a 4 a favor de la exoneración.
Su actuación generó un torrente de críticas. Dos semanas más tarde, el IFE analizaría y votaría los “gastos de campaña”. De nuevo el dictamen, considerado burdo en su defensa hacia el PRI por hacer válidas facturas absurdas, dividió el voto e, incluso, durante la discusión de consejeros salió a relucir de nuevo el Monexgate; además se aceptó reabrirlo de manera indirecta.
Para esa sesión, el torrente de críticas hacia Sergio García Ramírez hacía insostenible su permanencia como consejero general del IFE, por lo que de manera sorpresiva y tratando de rescatar un poco de su prestigio político renunció y no emitió su voto. Es decir, no “desempató” el tema.
El empate provocó que el Consejo determinará posponer la votación, la cual se definirá la primera semana de julio; en tanto, el PRI en la Cámara de Diputados trataría de imponer a un consejero afín a sus deseos, pero PAN y PRD se opusieron a elegir al nuevo integrante del IFE ya que, argumentaron, “su presencia no es indispensable, pues no hay en puerta elección federal alguna” y, de paso, el Estado se ahorraría otro estratosférico salario.
Por otro lado, la ley electoral establece plazos para elegir al consejero, tiempos que PRD y PAN ignoraron, de ahí que el PRI haya recurrido al TEPJF para que por “orden” de éste los diputados elijan de una vez por todas al sustituto de García Ramírez y este relevo pueda votar a favor de los priistas la primera semana de julio.
Al PRI le urge dar carpetazo al Monexgate y a las dudas que pesan sobre cómo y desde dónde se financió la campaña de Peña Nieto, por eso su urgencia por legislar no es un asunto de responsabilidad sino de impunidad.
Pero aunque se obligue a la Cámara de Diputados a definir el noveno consejero, lo más probable es que ello ocurra en un periodo extraordinario de sesiones, pues PRD y PAN ya anunciaron que no votarán por ningún personaje que proponga el PRI, y advierten: “Podrán obligarnos a sesionar pero no a votar con el PRI, por lo que nunca se alcanzarán las dos terceras partes que se necesitan” para desahogar el punto.
Como están las cosas, el tema de gastos de campaña y Monexgate será votado en el IFE, de nuevo, por ocho y no los nueve consejeros electorales.
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