En plena visita a la ciudad colombiana de Medellín, donde recibió el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, la periodista Carmen Aristegui decidió dar el siguiente paso en su lucha contra la censura: acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El jueves 1, sus abogados radicaron ante el organismo regional una demanda contra el Estado mexicano por denegación de justicia en su caso de violación del derecho a la libre expresión. En entrevista con Proceso, Aristegui relata que el apoyo de cientos de colegas del Continente fue fundamental para su decisión, y adelanta el argumento central de su alegato.
Por Rafael Croda/ Proceso
Medellín, Colombia— El viernes 2, a punto de abordar un avión para regresar a México, la periodista Carmen Aristegui saca cuentas de su visita de cuatro días a esta ciudad colombiana. El balance, dice, es “extraordinario”.
Cumplió su expectativa de compartir con colegas de toda América Latina su ruta crítica de los últimos meses: desde su despido del Grupo MVS en marzo pasado, como secuela del reportaje sobre la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, hasta el juicio de amparo que, “por consigna”, le negó un tribunal colegiado.
Y el 30 de septiembre, en esta ciudad colombiana, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) le entregó a su equipo el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría de cobertura, precisamente por su reportaje sobre la Casa Blanca del presidente.
En esa investigación, los reporteros del equipo de Aristegui revelaron que el presidente de México y su esposa, Angélica Rivera, poseen una mansión de 7.5 millones de dólares construida y financiada por el Grupo Higa, beneficiario de millonarios contratos gubernamentales. En respuesta, la empresa MVS los despidió con argumentos que han cambiado en el curso del juicio.
Entrevistada por Proceso, la comunicadora señala que ese respaldo la animó a presentar el jueves 1 una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por denegación de justicia, censura y presiones atentatorias contra la libertad de expresión.
Aristegui sabía del alcance internacional logrado por ese reportaje y la noticia de su despido de MVS, pero su estancia en Medellín del 28 de septiembre al 2 de octubre le permitió conocer el interés real de sus colegas por apoyarla con acciones concretas.
Por ello, su demanda ante la CIDH fue acompañada de un documento anexo en el que decenas de periodistas del hemisferio firman como “peticionarios”. Entre ellos figuran integrantes del consejo rector del Premio Gabriel García Márquez, como Mónica González, el argentino Martín Caparrós y el estadounidense Jon Lee Anderson, así como el ex director del diario colombiano El Tiempo, Enrique Santos, y el director general de la FNPI, Jaime Abello.
El jueves 1, la entrevista en la que relató cómo su equipo desarrolló la investigación en torno a la Casa Blanca de Peña Nieto sirvió de portada al diario El Tiempo. Su demanda ante la CIDH fue noticia en Latinoamérica. La mayoría de quienes escriben sobre ella la identifica como la periodista que se atrevió a informar acerca de la millonaria mansión del presidente mexicano y fue castigada con su salida del aire.
‘REGRESIONES AUTORITARIAS’
Después sobrevino el despido de la conductora del noticiario estelar de MVS Noticias y de sus colaboradores, con la negativa de las instancias judiciales a procesar adecuadamente su demanda de amparo.
—Usted y sus abogados argumentan que la justicia actuó por consigna…
—Absolutamente.
—¿Por consigna de la presidencia?
—Ahí dejamos abierta la interpretación. Yo supongo que el Poder Judicial podría saber muy bien de quién recibe llamadas.
—¿Y qué evidencias presentó ante la CIDH para sustentar que la denegación de justicia fue por consigna? ¿Hay nuevas pruebas?
—Sí. Aunque las consignas no se hacen por escrito, sí hay un recurso recientemente presentado por mis abogados en contra de los tres magistrados (del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, María Elena Rosas López, Pablo Domínguez Peregrina y Marco Antonio Bello Sánchez, quienes enterraron el juicio de amparo de Aristegui al admitir una queja de MVS). En ese recurso se argumenta que ahí hubo una acción de consigna y se establece un conjunto de informaciones que prueban este argumento.
“Se sustenta con argumentos, y con una revisión de la conducta de esos magistrados en los últimos años, que ellos no aplicaron en mi caso jurisprudencia que en muchos otros casos sí aplicaron, lo cual nos indica que hubo algo extraño. Si esos magistrados en casos distintos a éste aplicaron esa jurisprudencia y no permitieron que una queja impidiera un juicio, ¿por qué sí la aplicaron en éste? Eso está absolutamente documentado.”
—¿Su caso es sintomático de las relaciones entre el poder político, los empresarios y el periodismo en México?
—Este caso puede ser ilustrativo de lo que ocurre en México con un sistema de concesiones, en los medios electrónicos, que coloca a los empresarios en situaciones en las cuales pueden ser sometidos a presión y a incurrir en acciones que restringen el ejercicio informativo. Es lo que nos muestra este caso: el tipo de relaciones entre el poder político y el empresarial, que afectan directamente el trabajo periodístico.
—¿Y qué pasa cuando un periodista decide investigar a quienes detentan poderes avasallantes, como el presidencial?
—Ese es exactamente el corazón del problema. Cuando los periodistas debemos preguntarnos si difundir algo nos va a traer consecuencias y si es mejor tomar distancia, esto nos genera un fenómeno mucho más grave y mucho más eficaz que la propia censura: la autocensura. Cuando los periodistas tienen que pensar si publicar o no lo que la gente tiene derecho a saber, se va copando el tamaño de nuestras libertades.
—Es una práctica muy extendida…
—Sí, porque podrás decir algo sobre el gobernador de tal lado, pero ya del presidente… Esa percepción de que tu integridad está en peligro hace que te autolimites. Hay que ir contra la censura, pero también revisar los modelos de autocensura instalados en el ADN latinoamericano. Y hay que discutir el cúmulo de intereses diversos que afectan el ejercicio pleno del periodismo, particularmente en los medios concesionados.
PROBLEMA REGIONAL
Diversas organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión han documentado que en Latinoamérica quienes determinan lo que se publica son los grandes conglomerados o el Estado.
Esta problemática común respecto de la forma en que concesionarios privados usufructúan el espectro radioeléctrico y lo llegan a utilizar para restringir las libertades de expresión e información mediante la censura y la autocensura generó empatía con la causa de Aristegui entre los periodistas que asistieron a la entrega del Premio Gabriel García Márquez en Medellín.
“Yo les dije a mis colegas —indica la comunicadora— que había evaluado acudir a la CIDH para que el Estado mexicano respondiera por la denegación de justicia y la censura. Lo que vino después fue algo sorprendente, porque gente de tan alto nivel como los miembros del Consejo Rector del Premio Gabriel García Márquez me dijeron que respaldarían a título individual mi demanda. Por eso aquí mismo me decidí a presentarla.”
Considera que el “punto de conexión y de empatía es una pregunta que se repite en todos los países de la región: hasta dónde los periodistas y la sociedad estamos en el uso pleno de nuestras libertades cuando los espacios informativos en la radio y la televisión están constreñidos por intereses extraperiodísticos o por empresarios que no cumplen su deber legal de garantizar el buen uso de un bien público: las radiofrecuencias que les concesiona el Estado”.
Explica que ese es el argumento de fondo que deberá evaluar la CIDH: si los concesionarios, como agentes del Estado en cuanto tales, están obligados a garantizar en sus coberturas noticiosas la libertad de expresión y a evitar todo tipo de censura.
“Le estamos diciendo a la CIDH que el Estado mexicano no procesó judicialmente esto, que no nos permitió un juicio y nos denegó justicia al impedir que un juez dijera si tienen derecho o no los concesionarios a cambiar un modelo editorial de libertad por un modelo de censura y restricciones editoriales.”
Fuente: Proceso
