La pretensión de Carla Humphrey de ser consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) terminó hoy, cuando el Comité Técnico de Evaluación del proceso para elegir a cuatro consejeros electorales consideró impedimento constitucional que participen integrantes en funciones del Consejo General, porque eso sería relección y tampoco pueden estar en el cargo más años de lo que les corresponden.
“No pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General INE, en el periodo que comprende del 4 de abril de 2023 a 3 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una relección; además, ocuparían el cargo por más de los nueve años que se establecen en la Constitución”, leyó la académica María Esther, en nombre del comité.
Por unanimidad, los siete integrantes del comité determinaron que, entre los aspirantes impedidos para continuar en el proceso se incluye a quienes son consejeros generales en el INE en funciones o que fungieron como tales a partir de la reforma de 2014.
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La decisión fue tomada por unanimidad en el comité técnico y “se fundamenta en lo establecido en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto de la Constitución”, precisó Azuela.
La lista definitiva –con cumplimiento de requisitos legales y constitucionales- es de 531 aspirantes; 164 son mujeres; 358, hombres, cinco personas no binarias; una trans y tres no especificaron.
Ellos presentarán examen el próximo martes en el salón de plenos de la Cámara de Diputados.
El comité tomó cuatro acuerdos: uno, determinaron no registrar aspirantes que no entregaron el ensayo o exposición de motivos requeridos en la convocatoria; segundo, rechazar la postulación de tres personas que no cumplieron con la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de nivel licenciatura.
En tercer lugar, que tampoco no podían continuar en el proceso, quienes no atendieron la prevención que se les hizo –para que subsanaran alguna deficiencia en la documentación
Presentada- y, por último, que tampoco podían seguir las personas con impedimento constitucional.
Fuente: La Jornada
