El Gobierno de Estados Unidos dio capacitaciones y apoyo técnico, armas y dinero a autoridades y policías estatales mexicanas que sabía estaban infiltradas por cárteles de la droga y a fuerzas federales violadoras de derechos humanos a pesar de abusos como los de Tlataya o Ayotzinapa, denunció en la revista The Nation el investigador estadounidense Jesse Franzblau.
Por Marcela Tutati/ Proceso
Basado en cables desclasificados del Gobierno de Estados Unidos, el investigador de la organización National Security Archive (NSA) publicó ayer un artículo en el que muestra cómo el gobierno estadounidense, a través de la Iniciativa Mérida, empoderó a cuerpos policiacos y a funcionarios estatales y federales a pesar de que sabía que estaban al servicio del narcotráfico y ligados a masacres como la de Allende, Coahuila, o San Fernando, Tamaulipas.
El artículo titulado “Las atrocidades de la guerra contra las drogas ocultas detrás de Ayotzinapa: secrecía, encubrimiento y la asistencia de EU a México en seguridad”, menciona que cuando el Departamento de Estado tiene noticias de masacres en San Fernando, Tamaulipas, en las que casi toda la policía municipal estuvo infiltrada, o a pesar de su conocimiento de la corrupción a nivel local, estatal y federal, su respuesta sistemática ha sido brindar más apoyo a las fuerzas corrompidas.
En especial, apoyó a las policías y procuradurías de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
“Washington ha pagado apenas 2.5 mil millones de dólares desde 2008. A pesar de que las leyes estadounidenses explícitamente prohíben la entrega de ayuda a unidades implicadas en sistemáticas violaciones a los derechos humanos, los reportes de la implementación de la Iniciativa Mérida revelan que las conexiones institucionales con el crimen organizado son constantemente dejadas de lado, ignoradas o mantenidas ocultas del escrutinio público aunque el dinero de la asistencia sigue fluyendo”, señala la publicación.
Franzblau explica que la ayuda es entregada a través de la Iniciativa Mérida: el paquete de asistencia a México firmado en 2006, que originalmente fue propuesto para ser un programa de tres años, pero continúa hasta este día.
El reporte comienza señalando que desde febrero de 2010 el consulado estadounidense en Monterrey conocía los vínculos con Los Zetas de Héctor Santos Saucedo, quien en su cargo en la procuraduría lideraba las investigaciones criminales y los esfuerzos antidrogas en el estado de Coahuila.
Al año siguiente en Allende, Coahuila, ‘ocurrió una de las peores masacres de la guerra contra las drogas’, que fue tapada por años, y en la que unas 300 personas que eran familiares, amigos o conocidos de unos informantes de la DEA oriundos del lugar, fueron secuestradas y asesinadas.
Ninguna fuerza policiaca estatal o federal lo impidió; nadie investigó. La masacre fue admitida hasta enero de 2014.
“En un escalofriante retrato que recuerda el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, algunos de los cientos de restos (en Allende) mostraban signos de calcinación en un intento de incineración.
“Aún no es claro qué empujó la búsqueda de los restos tres años después o quién está detrás de la masacre, pero las conexiones Zetas con funcionarios como Héctor Santos podrían proveer algunas pistas”, se lee en la revista.
Tras mencionar este caso, el investigador que pertenece al Programa México del NSA –dedicado a desclasificar archivos estadounidenses sobre México– señala:
“El caso de Coahuila evidencia también cómo funcionarios estadounidenses en México regularmente reciben información sobre las ligas del gobierno mexicano con el crimen organizado y los abusos, al mismo tiempo que Washington provee equipamiento, asistencia y entrenamiento a las corporaciones involucradas”.
Más adelante, sobre este mismo caso menciona: “Cuando el consulado estadounidense estaba recibiendo información que conectaba a oficiales como Héctor Santos con Los Zetas, por ejemplo, agentes de la DEA en Coahuila estaban entrenando a docenas de policías investigadores y oficiales de la oficina del procurador general de Coahuila (cables 20091030 y 20091103). La DEA también entrenaba elementos de la SSP, incluidos de Coahuila y Monterrey (20090109)”.
Estas capacitaciones, indica, formaron parte de un esfuerzo nacional en el que agentes especiales de la DEA entrenaron a dos mil 735 policías federales en 2010, únicamente bajo la sección de entrenamiento internacional.
También funcionarios de la sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) de la embajada estuvieron entrenando a policías federales de medio nivel de Coahuila y Nuevo León en esos tiempos.
“Estos programas se llevaron a cabo aún cuando funcionarios del consulado norteamericano estuvieron reportando que los aparatos de seguridad en Nuevo León estaban siendo ‘comprometidos’ (20100521), y cuando el gobernador admitía que autoridades estatales y policías habían sido cooptados por Los Zetas (cable 20100323).
“El programa continuó aún cuando oficiales de la DEA reportaron el arresto de 22 policías de Nuevo León, en activo y jubilados, incluido el director de la Secretaría de Seguridad Pública federal, por proveer protección y asistencia a organizaciones del narcotráfico (cable 20091124)”, se lee en el texto.
La organización National Security Archive a la que pertenece Franzblau, basada en la Universidad de Georgetown, se dedica a desclasificar documentos en México y Estados Unidos, especialmente sobre violaciones a los derechos humanos.
Este análisis se basa en la lectura de los documentos estadounidenses del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida, los cables desclasificados de los consulados y la embajada estadounidenses y las noticias de la prensa en México y de analistas especializados.
De esta lectura se desprende que el gobierno estadounidense sabía perfectamente lo que ocurría en México, al momento de entregar los fondos, la asistencia y la capacitación a corporaciones corrompidas.
En el artículo el investigador menciona que a pesar de que en los tiempos en los que ocurría la masacre de Allende hubo un bloqueo informativo en la región por las amenazas de los narcotraficantes a los periodistas consignadas en los cables del consulado y por la intención gubernamental de ocultar los asesinados.
Sin embargo, la información sí fluía al gobierno estadounidense que tenía capacidad de obtener información que no era pública a través de informantes y de la cercana colaboración con sus contrapartes mexicanos.
Ejemplo de esto ocurrió en noviembre de 2010, cuando oficiales del FBI en México enviaron un cable informando las conexiones de los oficiales de policía en Saltillo, Coahuila, con Los Zetas y con el tráfico de drogas y homicidios (el cable fue clasificado con el número 20101119).
Al año siguiente, agentes de la DEA en Monterrey reportaron el arresto al jefe Zeta de la plaza, quien fue ex policía de dos municipios neoloneses (20111021).
Dicha información fue transmitida desde Monterrey a la embajada de EU y a otra oficina de la DEA en México (la agencia que tiene la mayor presencia en México, donde 23% de sus agentes especiales han sido asignados o forman parte de operaciones conjuntas con México).
En julio de 2009, indica el experto, agentes especiales de la DEA capacitaron en técnicas de inteligencia, en la academia de policía de San Luis Potosí, a mandos de los estados norteños mexicanos, incluido Nuevo León, donde se sabía de policías que trabajaban para Los Zetas.
Basado en Documentos del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida, el experto menciona que uno de los objetivos de la ayuda era reforzar la capacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas y las institucionales legales para combatir el crimen organizado y la violencia asociada.
Sin embargo, señala que los programas estadounidenses parecen actuar contra esos objetivos, y comenta: “como en muchos casos sirve para reforzar las corporaciones gubernamentales ligadas con grupos de delincuencia organizada”.
A esto agrega: “La respuesta tradicional del gobierno de EU a los reportes sobre el involucramiento del gobierno mexicano en los abusos ha sido siempre incrementar programas de entrenamiento y asistencia”.
Otra muestra es que funcionarios de la embajada viajaron a Tamaulipas, en mayo de 2011, para llevar a cabo una evaluación de oficiales de la policía estatal justo cuando autoridades mexicanas estaban exhumando las fosas comunes encontradas en la región.
En la víspera de la visita, el consulado estadounidense en Matamoros había reportado el descubrimiento de fosas comunes y el arresto de oficiales de la Policía municipal en conexión con las masacres de migrantes en la región.
“Para los funcionarios estadounidenses la solución fue aumentar la asistencia de la Iniciativa Mérida, y seguir la recomendación de funcionarios de la embajada dando entrenamiento a policías de Tamaulipas en la academia regional de Policía en San Luis Potosí (20110613).
En ese tiempo, la gente de la embajada estaba introduciendo la iniciativa de ‘Cultura de la Legalidad’, en San Luis Potosí, que incluía cursos para que la policía federal entrenara a las policías de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila (20100416)”.
El archivo de documentos producidos por las agencias estadounidenses que implementan los programas de la Iniciativa Mérida también muestra que los abusos del estado “no son productos de unos pocos oficiales corruptos al nivel local, sino que está extendido a todos los niveles del gobierno mexicano incluyendo autoridades militares e investigadores federales”, indica el investigador.
Muestra de ello es el reporte de la embajada en junio de 2009 sobre el arresto de tres mandos de la SIEDO, de PGR, junto con 10 soldados, por sus ligas con el crimen organizado.
La propia embajada informó que los arrestos y la infiltración de Los Zetas en los altos niveles de gobierno, apunta que la infiltración del cártel en las fuerzas federales de seguridad sigue siendo un problema (20090626).
“Funcionarios americanos estuvieron bien conscientes de los efectos que podrían tener las noticias de los abusos sobre la asistencia que otorga Mérida”. (Marcela Turati/Apro)
Fuente: Proceso
