Tras 12 horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, y envió al Senado, la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que prevé la cancelación de permisos de importación, manejo y distribución de hidrocarburos, cuando se detecte robo o contrabando de combustibles.
A las 2:16 horas de este jueves, el pleno avaló los cambios con 271 votos a favor de Morena y sus aliados, 134 en contra de la oposición y ocho abstenciones.
Como se había decidido, no se aceptó una sola de las 137 reservas presentadas al dictamen, y las horas en el salón de sesiones transcurrieron solo para escuchar las posturas de los diputados.
#ÚltimaHora 271 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones. Avala el Pleno, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. Pasa al @senadomexicano https://t.co/JWmVwhedvv
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 15, 2021
Mientras Morena cuestionó que en el pasado, PRI y PAN aprobaron medidas que derivaron en el incremento a los precios de las gasolinas, la oposición sostuvo que, con la reforma, vendrán nuevos gasolinazos.
El diputado Ricardo Delsol (Morena) expuso que las modificaciones propuestas por el Presidente incluyen acabar con el contrabando de combustibles, que afecta los ingresos tributarios al no pagarse los impuestos. Esta práctica la definió como un “huachicol fiscal”.
Cuando se detecte que existe tal contrabando, también se cancelarán los permisos.
“El espíritu de esta propuesta de reforma energética busca fortalecer a Pemex y minimizar dependencia del extranjero. El contrabando de combustible en la frontera norte del país, actualmente está fuera de control, indicó.
Expuso que este delito de delincuencia organizada se comete “por empresas fachada y ha afectado como nunca antes la competitividad entre los comercializadores mexicanos, resultando que una preocupante omisión y evasión planificada y dolosa en el pago de impuestos, en la importación de gasolina y diesel que entre IVA y el IEPS ascienden a 20 mil millones de pesos anuales”.
Por su parte, Enrique Ochoa Reza (PRI) planteó considerar el mismo procedimiento que, por la mañana del miércoles adoptó la Comisión de Energía para regular la etapa de cancelación de permisos por prácticas ilegales, a la suspensión por no contar con almacenamiento suficiente.
Con el primer agregado, los diputados definieron una ruta legal ante de que se aplique la cancelación de permisos, para cumplir con el debido proceso.
“Lo que propongo es muy sencillo, que los mismos elementos se establezcan para los casos de los artículos cuarto transitorio y del sexto transitorio. Es decir, en aquellos casos donde se establece que se van a cancelar los permisos, por no tener o no cumplir con la capacidad de almacenamiento”, dijo.
Esto es, proteger los derechos procesales de los permisionarios, la no retroactividad en la aplicación de la ley y el cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales, “que no se cambien las reglas del partido a la. mitad del juego”, expresó.
No obstante, el pleno desechó la propuesta.
A su vez, Sol Merino (PRI), planteó que se mantuviera la posibilidad de que Petróleos Mexicanos contratara a terceros para operar las instalaciones intervenidas, siempre y cuando cuenten con capacidad técnica.
Con la reforma aprobada, la operación quedará a cargo de Pemex y la legisladora expuso que, si bien no se duda que la petrolera cuente con las capacidades operativas, “mantener circunstancias de competitividad favorecerá a los usuarios finales, quienes tendrán acceso a precios justos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en el país”.
Fuente: La Jornada
