Trece años después del asesinato de la indígena Ernestina Ascencio, uno de los peritos revela que el expresidente Felipe Calderón y el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera acordaron cambiar el dictamen médico sobre su muerte y ocultar la violación sexual. Antes de morir, Ernestina señaló a militares como sus agresores
Por Norma Trujillo Báez
Ernestina Ascencio Rosario, originaria de Soledad Atzompa, Veracruz, presuntamente violada y asesinada por elementos del Ejército mexicano, sigue sin recibir justicia. A 13 años de distancia, el médico legista Juan Pablo Mendizábal sostiene que la indígena fue agredida sexualmente y que los gobiernos de Felipe Calderón y Fidel Herrera acordaron modificar la versión de los peritos.
Mendizábal dice que no cambiaría nunca el dictamen pericial que le hizo a Ernestina Ascencio Rosario.
“Por honestidad, por justicia, no lo cambiaría. Ernestina fue agredida sexualmente. Por todos los indicios que se encontraron, por todos los hallazgos físicos, los desgarres, el antígeno prostático encontrado en el recto y la vagina es exclusivo de los hombres. Todas esas cosas en conjunto fueron determinantes para estar completamente seguros de la agresión sexual de la señora Ernestina”.
El perito que hizo la necropsia de Ernestina Ascencio sostiene que la mujer de 73 años, originaria de Tetlatzingo, municipio de Soledad Atzompa, “fue violada por tres personas”. Es el resultado de cromosomas de al menos tres personas. Pero hubo un acuerdo entre los gobiernos federal y estatal. Y Fidel Herrera les dijo que “al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la República y que por eso se tenía que cambiar el dictamen”.
Pablo Mendizábal narra cómo en un principio Fidel Herrera les obligaba a defender los dictámenes. Después, con Felipe Calderón y los titulares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en reuniones en Xalapa y Ciudad de México, acordaron sostener que Ernestina falleció a causa de anemia.
El perito señala que lo obligaban a cambiar las evidencias y el dictamen. Por negarse, dos años antes de salir jubilado lo cesaron de su trabajo diciendo que “reprobó los exámenes de confiabilidad”. Ante la violación a sus derechos, acudió al Tribunal de Contencioso Administrativo y ganó el laudo, pero el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se amparó para no reinstalarlo en su fuente laboral. Hoy sigue con ese problema.
Fueron “los hombres de verde”
Las últimas palabras de Ernestina Ascencio fueron que “Pinome Xoxome (hombres de verde)” la habían violado. Y los dictámenes periciales confirmaron el delito. Desde el 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha admitido el caso y ha realizado algunas recomendaciones al Estado Mexicano. Pero la impunidad continúa.
El 25 de febrero de 2007, Ernestina habría sido agredida sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. La noche del 24 de febrero de ese año, los militares instalaron un campamento en la comunidad de Tetlatzinga del municipio de Soledad Atzompa. Aún no iniciaba el programa “México Seguro”, pero los militares ya patrullaban las zonas indígenas de Veracruz. Eran acusados de cometer abusos contra mujeres y niñas en la Huasteca.
Sus familiares encontraron a Ernestina gravemente herida a 300 metros del campamento militar. Antes de perder el conocimiento, pronunció en náhuatl “Pinome Xoxome”, “los vestidos de verde”, como les dicen en la sierra de Zongolica a los soldados.
Por la distancia que hay en esta parte de la sierra de Zongolica para llegar a las ciudades próximas, ingresaron al Hospital Regional de Río Blanco transcurridas seis horas, sin traductores del náhuatl. Ernestina falleció en la madrugada del 26 de febrero debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros”, confirmadas en la necropsia realizada en el hospital, en conjunto con la ginecóloga de la Agencia Especializada en delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV).
Ese 25 de febrero los familiares de Ernestina y funcionarios del hospital denunciaron el ataque sexual, por el que se abrió la investigación ministerial 140/2007/AE por violación y posterior homicidio.
Fidel Herrera Beltrán gobernaba Veracruz. En un principio declaró ante los medios de comunicación que se iba a hacer justicia ante la violación y muerte sufrida por Ernestina. Sin embargo, después, el 13 de marzo, se unió al pronunciamiento de Felipe Calderón. El entonces presidente afirmó que Ernestina murió por “gastritis crónica”.
El 30 de abril, la PGJV concluyó que la muerte de Ernestina Ascencio no se debió a “factores externos”. Dictaminó el no ejercicio de la acción penal el 17 de mayo de 2007.
El 27 de junio de 2007, la procuraduría determinó el archivo de su investigación, por no acreditarse ninguna responsabilidad del personal militar. No se dio a conocer la investigación 26Zm/04/2007 realizada por la Procuraduría Penal Militar.
El entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes también asumió la causa de muerte por “gastritis”.
Las autoridades de Veracruz cuestionaron y sancionaron a los peritos que habían dado fe de la violación sexual. El propio ex procurador de Justicia, Emeterio López Márquez, había afirmado que los militares no estaban a salvo del fuero común, declaraciones que de un día para otro las cambiaron.
Primeros testimonios
La Procuraduría del Estado, a través del IVAI, entregó un expediente que incluye las declaraciones de los primeros testigos con datos protegidos.
“Que fueron a un lugar de Mixtonca, Soledad Atzompa, Veracruz, que aproximadamente a las tres y media de la tarde cuando regresaron, de ese lugar como a las cinco de la tarde, pasaron por un lugar sólido de Tetlatzinga y cuando estaban cerca de una curva encontraron a una señora que se paraba con dos niños o niñas, que no supo por qué uno lo tenía en los brazos y otro en el piso, que cuando se pararon les dijo que una anciana se estaba rodando y José dijo ‘vamos a ver qué le pasa a esa anciana’; que subieron a la loma, que calcula que estaba como a cien metros, que no se veía desde donde estaban parados porque estaba atrás, que cuando llegaron a donde estaba la anciana, esta estaba tirada de su lado derecho, tenía sus manos juntas metidas en sus piernas, su ropa la tenía levantada”.
Continúa: “Sus guaraches de color negro estaban tirados como a metro y medio o dos metros, que no sabía qué hacer, si avisarles a las autoridades o a familiares, que él ya conocía, porque somos familiares lejanos, que se pusieron de acuerdo la señora y el de la voz en levantarla, que cuando la levantaron le dieron agua porque ella tenía un traste con agua y que de ahí les empezó a decir que la habían asustado los soldados, que les dijo que se le pusieron encima y la amarraron, que llevaban en el pecho unos clavos, que cree que eran cartuchos, que no dijo cuántos eran porque la señora ya estaba grande y que le quebraron su cintura y que ya no podía parar y que fue ahí donde llegó su hija, donde estaba la difunta”.
La voz de los médicos legistas: agresión sexual
La primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y las declaraciones del procurador estatal, Emeterio López Márquez, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana.
La Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público, con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.
“En el cuerpo de doña Ernestina había características que indican violación. Son los desgarros a nivel rectal; la presencia de líquido seminal, la fractura de los arcos costales, derechos e izquierdos. Tenía hematomas en la cabeza, golpes en los brazos, las piernas. La mujer fue sometida en las piernas y posteriormente los dictámenes que emite la clínica médico forense. Mi intervención obedeció a la solicitud que el Hospital Regional de Río Blanco hizo para la intervención del médico legista, de un médico forense de la agencia del Ministerio Público, después que la señora había muerto”, dice Pablo Mendizábal en entrevista.
Los doctores, señala, no asumieron su responsabilidad para decidir cuáles fueron las causas de muerte, porque tenían plena certeza que la mujer fue agredida sexualmente. Si hubiesen estado completamente seguros que la mujer había muerto por causas naturales, lo hubieran puesto en el acta de defunción.
En un procedimiento normal, cuando una persona fallece en un hospital, explica Mendizábal, los médicos le otorgan su certificado de defunción.
“La Procuraduría de Justicia del Estado me da instrucciones que yo me constituya en el hospital de Río Blanco para retirar el cuerpo, trasladarlo a la funeraria correspondiente y realizar el estudio solicitado por el Ministerio Público”, relata Mendizábal.
El médico señala que del hospital se trasladaron a la funeraria y realizaron la necrocirugía de ley. Después de hacer un reconocimiento del cuerpo hallaron evidencias de lesiones.
“Desde el reconocimiento exterior se pudo ver que existían las evidencias que la persona había sido golpeada. Tenía golpes en los brazos, en los antebrazos, tenía golpes en la cabeza. En el reconocimiento genital se aprecia claramente el escurrimiento de los que en ese momento presumimos fuese líquido seminal. Con la toma de muestras en el laboratorio de la capital del estado, se comprobó y demostró que se trataba de líquido seminal, eso le correspondió al departamento de química forense. Lo recuerdo porque ellos manifestaron que se habían encontrado tres cromosomas del al menos tres tipos, eso implicaba el acceso de por lo menos tres personas”.
El acuerdo de Calderón y Herrera
“Fidel Herrera, gobernador de aquel momento nos presionaba para que defendiésemos nuestros dictámenes. Posteriormente se reunió con nosotros y nos pidió que nos sumáramos a las nuevas conclusiones que se estaban presentando, que se había cambiado todo el expediente. En las cuales ya se manifestaba que doña Ernestina no había sido abusada sexualmente y que había muerto de causas naturales, que al gobierno del estado no le convenía tener en contra al presidente de la república.
Mendizábal continúa: “un laboratorio de la Ciudad de México hizo estudios y el resultado fue igual a lo que nosotros dictaminamos…Pero de momento nos citaron a la Ciudad de México en la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde nos reunimos. Percibimos que ya había un arreglo entre el gobierno federal y el gobierno del estado, ahí se inició la conversión de la resolución de la Procuraduría a asumir que la señora no había sido violentada.
“En una reunión en el World Center de Boca del Rìo, Fidel Herrera dijo: ‘al gobierno de Veracruz no le conviene tener en contra al presidente de la República, no vamos a hacer nada que sepamos que hubo delito, les pido su colaboración y discreción, nadie los va tocar, nadie’”.
En esa reunión, señala, estuvieron presentes el secretario de Gobierno Reynaldo Escobar; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nohemí Quirasco, el subprocurador de la zona centro de Córdoba Miguel Mina, el jefe de la Oficina del Programa de Gobierno y Consejería Jurídica.
Una segunda reunión se llevó a cabo en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El caso en la CIDH
Patricia Benítez, integrante del Centro de Estudios y Servicios Municipalistas (CESEM), después de agotar las instancias nacionales para solicitar se dé a conocer la versión pública del expediente de investigación sobre el crimen de Ernestina, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional denunció que Ernestina en su condición de mujer indígena, pobre, adulta mayor, no tuvo acceso a atención médica oportuna. Fue estigmatizada y se determinó el cierre de la investigación deficiente y quedó el caso en la impunidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que en casos donde se alega que se cometió un delito perseguible de oficio, se debe agotar la investigación penal, por impulso del Estado.
Considera que las autoridades tenían conocimiento de la muerte de la señora Ascencio y de los alegatos de la violación sexual a manos del 63 Batallón.
El organismo advierte que las agresiones físicas y sexuales por agentes del Estado representarían violaciones a los derechos a la vida, integridad, garantías judiciales, honra, protección judicial, entre otros.
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