Elba Esther Gordillo ostentó su desmesurada riqueza inexplicable durante cuatro sexenios. Sin pudor exhibió propiedades inmuebles, joyas y ropa costosas. Contra lo que presume el gobierno de Enrique Peña Nieto, la investigación en la que se basó su consignación data de tiempo atrás. El gobierno de Felipe Calderón, en una complicidad evidente, simplemente no quiso actuar contra ella.
Por Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
El gobierno de Felipe Calderón tuvo la información y no actuó. Por lo menos desde 2010 se reportaron “movimientos inusuales” en las cuentas personales y de las empresas en las que se depositaban recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El principal nombre que sale a relucir en esas operaciones es el de Elba Esther Gordillo Morales, pero no el único. También está el del nuevo dirigente del sindicato, Juan Díaz de la Torre.
La información de las triangulaciones con el dinero del sindicato pasó por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda cuando el titular de esta dependencia federal era el ahora coordinador del PAN en el Senado y presidente de esa Cámara, Ernesto Cordero Arroyo.
El gobierno Enrique Peña Nieto no descubrió nada nuevo, tomó la información ya existente y fue implacable contra la maestra: La acusó de dirigir “una organización criminal dedicada al lavado de activos del SNTE”. Así la presentó la Procuraduría General de la República (PGR) ante la justicia federal y le enderezó dos delitos graves: Delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía nacional y el sistema financiero”, según el pliego de consignación, al que este semanario tuvo acceso.
Con esos cargos, el procurador Jesús Murillo Karam pide una pena que amenaza con tenerla en prisión lo que le resta de vida. De 68 años, Gordillo tendrá que desacreditar las acusaciones que se sancionan con 20 a 40 años de prisión, más una mitad por su condición de servidora pública.
La UIF presentó en la PGR una demanda al identificar operaciones ilegales con recursos del SNTE por 3 mil 268 millones 339 mil 918 pesos con 60 centavos entre 2008 y 2012, prácticamente durante todo el sexenio de Felipe Calderón; aunque en la consignación la procuraduría aseguró que hubo operaciones dentro del sistema financiero para distraer de sus fines lícitos recursos por cantidades iguales o superiores a los dos mil 466 millones 631 mil 710 pesos con 10 centavos.
En su demanda penal la UIF no incluyó a Gordillo y se limitó a señalar a los profesores Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores y a Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, a quienes acusa de recibir los recursos de dos cuentas del SNTE para depositarlos en otras, personales y de empresas.
La PGR fue la que decidió responsabilizar a Gordillo de ambos delitos al considerar que no sólo conoció las operaciones sino que fue directamente beneficiada. Incluso le adjudica haber dirigido una actuación delictiva como parte de una organización jerárquica.
La UIF denunció que las dos cuentas del SNTE utilizadas para las operaciones fueron la 5637017000001663 y la 5637017000003616, abiertas en Banco Santander. Ambas acumulan 77% de las operaciones investigadas, equivalente a mil 976 millones 393 mil 241 pesos con 73 centavos.
La cifra es apenas una mínima parte de lo que se manejó en esas cuentas entre 2009 y 2012: Registraron ingresos por 30 mil 644 millones 780 mil 959 pesos con 20 centavos y retiros por 30 mil 650 millones 107 mil 30 con 84 centavos.
También Díaz de la Torre
El nombre de Elba Esther Gordillo Morales no es el único que aparece en el entramado para desviar los recursos. En una de las cuentas que sirvieron para la triangulación de fondos, la 5637017000001663, uno de los responsables de su manejo es el nuevo presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre.
Designado dirigente del sindicato la madrugada del 28 de febrero, en medio de la crisis por la aprehensión, dos días antes, de la maestra, Díaz de la Torre es uno de los responsables de esa cuenta abierta por el SNTE en el banco Santander el 29 de enero de 1990.
De acuerdo con el pliego de consignación de la PGR, el nuevo presidente del SNTE es desde entonces responsable de la cuenta junto con otros dos de los hombres de confianza de Gordillo, su exsecretario general en el sindicato, Rafael Ochoa Guzmán y su exesposo Francisco Arriola Urbina, padre de la senadora del Partido Nueva Alianza (Panal) Mónica Tzasna Arriola Gordillo.
Inicialmente también estaban autorizados José Ángel Ibáñez Montes y María San Juana Cerda. Pero el 27 de abril de 2009 la propia Elba Esther les retiró ese privilegio. En un escrito, la entonces presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE solicitó al ejecutivo de cuenta de Banca de Instituciones Zona Metropolitana Santander registrar sólo las firmas de Arriola Urbina, Ochoa Guzmán y Díaz de la Torre.
De esa cuenta se desviaron al menos mil 341 millones de pesos, por lo que los movimientos que registró entre 2009 y 2012 forman parte de la información que la PGR le entregó a la justicia federal para acusar a Elba Esther Gordillo Morales, Isaías Gallardo Chávez, José Manuel Díaz Flores y Nora Guadalupe Ugarte Ramírez de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Uno de los bancos que reportó “movimientos inusuales” en las cuentas del entramado fue CI Banco. Según la consignación ante el juez Sexto en Materia de Procesos Penales Federales, Alejandro Caballero Vértiz, esa institución emitió reportes inusuales de las cuentas abiertas por Gremio Inmobiliario El Provisor (GIP) y Asistencia Empresarial San Ángel SA de CV, dos de las firmas creadas para las transferencias del dinero del SNTE.
Los reportes corresponden a movimientos inusuales realizados sólo en ese banco entre 2010 y abril de 2011 en las cuentas que abrieron José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez. La PGR también entregó “reportes de análisis de operaciones” de una de las cuentas abiertas por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez en banco Santander.
Exfuncionarios de la PGR y de la UIF aseguran a Proceso que las operaciones inusuales son reportadas de inmediato por las instituciones bancarias a la propia Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que la información sobre los movimientos con los recursos del SNTE debieron ser conocidos en su momento por Hacienda o la propia PGR. “La información se pudo quedar desde entonces en la UIF o en la PGR”, dicen.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1896, ya en circulación)
