En el arranque del gobierno panista se avaló la instalación de un sistema para interceptar llamadas y mensajes por internet. El convenio fue actualizado en abril de 2013 por la administración de Enrique Peña Nieto
Paul Lara/ Excélsior
El gobierno de Felipe Calderón avaló en febrero de 2007 que el Departamento de Estado estadunidense instalara en México un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de internet como chat, correo electrónico y voz sobre IP.
El contrato S-INLEC-06-R-4042 establece que la firma Verint Systems vendió equipo de espionaje al gobierno estadunidense con un valor de tres millones de dólares, el cual llegó a nuestro país a través de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR), con el fin de apoyar el combate al narcotráfico en el contexto de la Iniciativa Mérida.
EU intercepta llamadas en México desde 2007
La empresa que contrató el gobierno del vecino país para espiar allá tiene un contrato vigente aquí.
Estados Unidos no sólo espía a los usuarios de telecomunicaciones en su territorio. En México lo hace desde 2007, luego de que la administración de Felipe Calderón Hinojosa permitió al Departamento de Estado de ese país instalar en nuestro territorio un sistema de intercepción de comunicaciones que permite la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios de la web, como chat, email y llamadas por internet.
Según el contrato S-INLEC-06-R-4042, cuya copia tiene este diario, Verint Systems, fabricante de sistemas de intercepción de comunicaciones, fue quien vendió el equipo al gobierno estadunidense, con un valor de tres millones de dólares, el cual llegó a nuestro país por medio de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el esquema de apoyo para “disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo”.
Ello implica que el gobierno estadunidense tiene acceso a la información que provea este sistema en México.
El documento señala que este sistema de intercepción de comunicaciones “fortalecerá al gobierno de Estados Unidos y a la postura protectora de México en la difusión oportuna y precisa de información en cada país, desde el ámbito federal, estatal, local y privado”.
Según se señala en el contrato, el equipo permite interceptar llamadas de destino de redes de Telmex, Telcel (TDMA y GSM), Nextel (iDEIM/GSM), Telefónica, Unefon, Iusacell (CDMA y TDMA), VoIP de Cisco Systems, paquete de datos de Prodigy, así como de otros prestadores de servicios de internet, y almacena hasta 25 mil horas. Tiene la capacidad de recoger, monitorear y registrar 60 llamadas simultáneas y mapearlas en segundos a nivel de calle, gracias al software MapInfo.
El centro de control y audio, que está en la sede de la anterior AFI, fue creado, coordinado y desarrollado por el director de proyecto de la Agencia Federal de Investigación en 2007, así como por el director de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, “para asegurar el cumplimiento requerido por el gobierno”.
De acuerdo con las últimas filtraciones de Edward Snowden a The Guardian, el equipo con el que el gobierno de Estados Unidos espía en esa nación viene de un contrato con Verint Systems.
Un sexenio de permisión
Por cinco años, la Oficina Internacional de Asuntos Narcóticos, así como el Departamento de Estado de la Unión Americana, han financiado este sistema de intercepción de comunicaciones para escuchar y grabar llamadas telefónicas privadas en México.
Tanto las autoridades de EU como el fabricante Verint —una compañía con estrechos vínculos con Israel— no han respondido a peticiones de entrevista para conocer más sobre la operación de los equipos en la actualidad.
Sin embargo, una serie de contratos entregados a lo largo de 2012 y 2013 revelan detalles sobre la forma en que este sistema se ha convertido en parte clave en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo entre México y Estados Unidos.
La solicitud de cambio más reciente en el contrato sucedió el pasado 22 de abril de este año, ya con la nueva administración federal, pero sin documentación adicional de momento.
Según la revista Wired de Estados Unidos, Kathryn Pfaff, portavoz del Departamento de Estado, ha asegurado que el contrato firmado en 2007 ya fue cancelado. Sin embargo, no quiso hacer ningún comentario sobre la petición de este año que puede verse en la página https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&mode=form&tab=core&id=61908be80b65585671594e1fd11525e0&_cview=0, bajo la solicitud número SINLEC12Q0006.
Del mismo modo, en la página web de Verint México, que colocó los equipos hace seis años, se asegura que el sistema sigue vigente para los gobiernos. “Las fuerzas policiacas, de seguridad nacional, inteligencia y otras agencias gubernamentales pueden utilizar estas soluciones de forma independiente, de manera integral o como parte de un sistema a gran escala, y llevar a cabo una investigación más eficiente y productiva hoy en día”.
Otra actualización al contrato se dio el 27 de abril de 2012, la cual fue muy significativa en el trabajo de espionaje telefónico y de servicios de internet en México.
Según un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya copia tiene este diario, en esa fecha se aumentó el número de “estaciones de escucha”, de 30 a 107, que fueron distribuidas en varias ubicaciones en el país, las cuales permiten ampliar el radio de captación de llamadas telefónicas.
En los papeles no se lee la adjudicación públicamente, pero se señala que la actualización se ha realizado y “funciona sin problemas” con un software basado en Windows.
Parte del Plan Mérida
Estados Unidos ha invertido cientos de millones de dólares en México, como parte del Plan Mérida, incluido el financiamiento de aviones de vigilancia, helicópteros y entrenamiento.
Dentro de la justificación general de la Iniciativa Mérida para solicitar al gobierno federal de Estados Unidos 550 millones de dólares más para el año fiscal 2008, de la que Excélsior tiene copia fechada el 23 de octubre de 2007, se menciona un gasto de 7.9 millones de dólares para “expandir la interconectividad de la base de datos de su Servicio de Inteligencia en México, y crear un sistema de operaciones para la seguridad en las redes de comunicaciones que permita administrar datos y contenga herramientas de análisis forense”.
Ese mismo año se firmó el contrato con Verint para la adquisición de lo que se conoce hoy como Mexico Technical Surveillance System (Sistema de Vigilancia Técnica México).
“Los mexicanos hablan regularmente por teléfono, por ejemplo, con millones de familiares que viven en Estados Unidos. Esas conversaciones son grabadas y usadas por ambos gobiernos. Los expertos legales en Estados Unidos dicen que los fiscales tienen acceso a las escuchas telefónicas mexicanas y que pueden usarlas como información clave en los tribunales. No hay privacidad”, afirma David Cole, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, Washington.
Agregó que según la Corte Suprema de Estados Unidos se ha sostenido que la protección de la cuarta enmienda contra escuchas ilegales no aplica fuera de EU, sobre todo si la vigilancia la lleva a cabo otro país, por lo que “venden” el sistema a naciones como México, pero ellos son quienes financian los costos.
El Congreso demanda que cese el espionaje
La Comisión Permanente aprobó en comisiones pedir al presidente Enrique Peña Nieto que solicite al gobierno de Barack Obama “explicaciones precisas y urgentes” en torno del espionaje “sobre funcionarios y representaciones diplomáticas mexicanas”; y que de inmediato cesen estas acciones.
Ayer, senadores y diputados federales integrantes de la Segunda Comisión de la Permanente destacaron que las acciones de espionaje de Estados Unidos violan la seguridad nacional, así como la intimidad de la población mexicana.
Los legisladores aprobaron por mayoría rechazar enérgicamente los “actos de espionaje realizados por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”.
Además, de acuerdo con el texto que hoy será sometido al pleno de la Permanente, la citada comisión rechaza categóricamente “toda acción que vulnere la intimidad, la protección de datos personales o la seguridad de la población mexicana, o atente contra la soberanía que protege a las representaciones diplomáticas de México”.
El punto de acuerdo se basa en revelaciones de Edward Snowden, ex espía del gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que ha habido espionaje sobre varios países y sus diplomáticos, entre ellos México.
La perredista Lizbeth Rosas Montero consideró que, al encontrarse en riesgo la seguridad nacional, es necesario que el Presidente se pronuncie de manera pública sobre el espionaje que ha provocado reacciones en todos los países afectados. “México no se puede quedar tibio, menos ante la violación de nuestra autonomía nacional”.
Recordó que la Ley de Seguridad Nacional tipifica al espionaje como amenaza a la seguridad nacional, ante lo cual es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores establezca mecanismos para frenar el espionaje en el país, pues “lo peor no es saber que por muchísimos años han trastocado nuestra intimidad como país; lo más grave es que lo siguen haciendo”.
La panista Adriana González Carrillo reclamó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no haya informado al Congreso sobre la nota diplomática enviada a EU sobre el espionaje a embajadas de nuestro país.
Fuente: Excélsior
