Acumula 77 por ciento de quejas en 13 años, según un informe de la CNDH
Por Flor Goche
En los últimos 13 años, el gobierno de Felipe Calderón ocupa el primer lugar en desapariciones forzadas pues acumula el 77 por ciento de las quejas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La CNDH expuso que 77 por ciento de las quejas por desaparición forzada datan de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, cuya estrategia de seguridad, nombrada popularmente como “guerra contra el narcotráfico”, constituye el parteaguas de una profunda crisis de derechos humanos en el país, según han documentado organismos nacionales e internacionales.
La respuesta de la CNDH tras la solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia indica que durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se recibieron 384 quejas por desaparición forzada de personas.
El informe del organismo autónomo revela además que en el mismo periodo emitió 24 recomendaciones en la materia, cuatro de ellas por violaciones graves.
El informe añade que las corporaciones con más quejas de desaparición son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que recibió 185 señalamientos, y la de Marina (Semar), que acumula a la fecha 116; en total eran 301 expedientes de queja.
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto los expedientes de queja por desaparición que se hicieron llegar a la CNDH disminuyeron respecto del sexenio anterior, al pasar de 297 a 75, de acuerdo con los datos brindados por este organismo mediante solicitud de transparencia.
En tanto, en la presidencia de López Obrador, durante 2019, se habían acumulado 12 expedientes de queja por desaparición forzada de personas, cifra que se asemeja a los 13 expedientes registrados durante el primer año de mandato de su antecesor.
No cumplen con el resarcimiento de daños
Sobre el estatus actual de las recomendaciones sobresalió que, en su mayoría, las autoridades no cumplieron a cabalidad con las acciones que la CNDH les solicitó para brindar una adecuada atención a las víctimas e intentar resarcir los daños.
Incluso tres autoridades se negaron totalmente a aceptarlas, es decir ni siquiera asumieron su responsabilidad en los actos de desaparición forzada; fueron el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en 2009, el de Ayutla de Los Libres en Guerrero también en 2009 y la Secretaría de Seguridad Pública federal en 2011.
En el portal electrónico de la CNDH se explica que las recomendaciones que emite el organismo no son vinculatorias, es decir que no tienen carácter obligatorio.
“No obstante, derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, la CNDH cuenta con la facultad de solicitar al Congreso la comparecencia de aquellos titulares de las autoridades responsables que se nieguen a aceptar o cumplir con las recomendaciones que emita este organismo nacional”.
El Estado mexicano ha reconocido que no cuenta con registro oficial que refleje con certeza el número total de personas desaparecidas en el país, mucho menos las que desaparecen a manos de agentes estatales o de personas que actúan con su consentimiento. Así las cifras de la CNDH sólo reflejan parte de la realidad.
Desaparición forzada de activistas
En febrero pasado, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Castro Cornelio, activistas indígenas de Guerrero, fueron detenidos arbitrariamente en Tierra Colorada cuando se trasladaban hacia Chilpancingo.
Ellos permanecieron casi cuatro días en condición de desaparición forzada y gracias a la presión ejercida por organizaciones civiles del país y organismos de derechos humanos internacionales, los integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas MeMe’Phaa fueron liberados por el grupo paramilitar que los retuvo y los torturó.
Este caso es el más reciente que consta en la documentación de las organizaciones Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (Acuddeh), según la cual en los últimos 13 años se perpetraron 168 desapariciones forzadas contra personas defensoras de derechos humanos.
El sexenio de Peña Nieto concentró el 66 por ciento de desapariciones: de las 111 que se contabilizaron en su sexenio, destaca preponderantemente los 43 casos correspondientes a los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Brugos” de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Se considera que ese episodio modificó la “política contrainsurgente” de la desaparición forzada en México al cometerse de manera masiva contra 43 estudiantes, según el informe “Defender los derechos humanos en México: ¿Fin de la impunidad?”, de la organización derechoshumanos.org.mx.
El conteo que detalla el informe de la CNDH establece que con Calderón fueron desaparecidas forzadamente 55 personas defensoras de derechos humanos, dos de ellas integrantes de grupos insurgentes, y con López Obrador se llevan documentados dos casos.
El Comité Cerezo México y Acuddeh consideraron que “el costo político de la desaparición forzada de los 43 normalistas logró que disminuyera el uso de este recurso contra los activistas sociales y defensores de derechos humanos”.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la desaparición forzada es “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.
Ello “seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Los jóvenes, otro sector afectado por el fenómeno
Poco antes del mediodía del 30 de julio de 2013 en las calles de la capital de Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) con uniforme verde camuflado y armas largas detuvieron sin razón a un joven de 17 años edad que conducía un vehículo.
Tras enterarse de lo ocurrido, los familiares del menor trataron por todos sus medios de localizarlo: llamaron insistentemente a su celular, recorrieron el lugar de la detención recabando testimonios y acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, del centro tutelar de menores y a un cuartel militar.
La búsqueda resultó infructuosa, no hallaron rastros del muchacho.
El hecho consta en la recomendación por violaciones graves 11/2018 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en julio del año pasado sobre la detención arbitraria y desaparición forzada de 10 personas, dos de ellas menores de edad, perpetradas por marinos entre 2011 y 2014 en Nuevo León y Tamaulipas.
Fuente: Notimex
