El expresidente Felipe Calderón Hinojosa puso la lápida del Malecón de Tajamar, al invertir 578 millones 392 mil 540 pesos, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entre los años 2007 y 2012.
Fue en la administración de su antecesor Vicente Fox cuando se inició el proyecto en Cancún, Quintana Roo, al que entre 2003 y 2006 se destinaron 40 millones 363 mil 827 pesos. Ambos gobiernos inyectaron en total 618 millones 756 mil 367 pesos, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso El Universal.
Este proyecto tiene hoy un avance que es imposible revertir. Las obras de urbanización iniciaron en 2006, en una superficie de 74.24 hectáreas, para su comercialización con usos de suelo habitacional, comercial y de servicios. La venta de 41 lotes se inició en 2007.
El periodo en el que más lotes se adquirieron fue en 2009, cuando compraron 13 inversionistas. Entre 2007 y 2012 se vendieron 83.7% de los terrenos. Hoy quedan sólo dos por vender. A la par de que este proyecto condenado por grupos ambientalistas se desarrollaba con el respaldo del gobierno federal, el presidente Felipe Calderón presumía su trabajo internacional en favor del medio ambiente en la COP16 que se realizó en Cancún, Quintana Roo, en 2010.
La dotación de infraestructura necesaria para la correcta operación del Malecón Tajamar se realizó entre 2006 y 2012: incluyó la construcción de vialidades, guarniciones y banquetas; la instalación de drenaje sanitario y pluvial; la electrificación y el alumbrado público, así como la lotificación de los terrenos en venta.
En 2006 y tras los estudios de impacto ambiental realizados, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), a solicitud de Fonatur, realizó un diagnóstico a través de su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el que se destaca: “En el caso de la fauna (…) no se visualizó ningún individuo, así como nidos y madrigueras en el área del proyecto”.
Para el año 2009, el mangle del Malecón de Tajamar se había perdido por el proceso de urbanización.
El Universal solicitó al ex presidente Calderón, a través de su enlace de prensa, una postura sobre el tema. Dijo que fijará una respuesta y en su momento proporcionará documentos.
Las autorizaciones
De acuerdo con los documentos oficiales, en 2003, durante la administración del entonces director general de Fonatur, John McCarthy (2000-2006), se obtuvo el registro del “Programa de obras de la CIP Cancún” en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se establece la urbanización del predio conocido hoy como Malecón Tajamar, “con el propósito de generar condiciones óptimas para conectar ordenadamente el desarrollo de la zona urbana con la región hotelera de Cancún”.
En julio de 2005, tras gestionarse los permisos correspondientes ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo titular era José Luis Luege Tamargo (2005-2006), esta dependencia otorgó la autorización en materia de impacto ambiental para las obras de urbanización; el 11 de febrero de 2009 se gestionó la ampliación de este permiso, cuando fungía como titular de Fonatur, Miguel Gómez Mont (2006-2010).
El cambio de uso de suelo de terrenos forestales lo avaló la Semarnat en febrero de 2006, y se amplió la vigencia de esa autorización el 23 de marzo de 2011, en favor de Fonatur.
Los datos indican que las ampliaciones de vigencia de las autorizaciones de impacto ambiental y del cambio del uso de suelo se otorgaron durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, de manera posterior a la adición de un artículo de la Ley de Vida Silvestre, por el que quedaba prohibida la remoción de relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar.
La Secretaría de Turismo (Sectur) y Fonatur aseguran que el proyecto tiene beneficios económicos, como el incremento y diversificación de la oferta inmobiliaria y la entrada de divisas.
En términos ambientales argumentan que el proyecto permitirá atender la necesidad de espacios públicos y áreas verdes.
Afirman que se verán beneficiados por la donación de un terreno que les hizo el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, con una superficie de 107 hectáreas colindantes con el actual desarrollo del Malecón de Tajamar. El espacio no se destinó a uso comercial, sino con uso de suelo de “conservación ecológica” para desarrollar un parque ecológico urbano al que se le invierten 14 millones 751 mil 788 pesos.
El gobierno Federal aseguró que en caso de no haber permitido el chapeo y desmonte del Malecón Tajamar, las demandas de los privados, quienes adquirieron los lotes conforme a las autorizaciones expedidas por Fonatur y Semarnat, habría alcanzado un monto superior a los 3 mil millones de pesos, con cargo al erario público.
El pasado 16 de enero, respaldados por agentes municipales y estatales, 70 camiones de volteo, excavadoras y pipas de agua entraron en la madrugada al polígono del Malecón Tajamar para desmontar y rellenar más de 20 hectáreas de manglares y cobertura vegetal diversa, ante la protesta de ciudadanos que rodeaban el lugar, quienes fueron replegados por policías.
La gente fue advertida de que al anochecer, trabajadores ingresarían para continuar las obras de relleno de manglares que se frenaron en agosto de 2015, primero por la acción ciudadana y luego por recursos legales que impugnaron la autorización ambiental de las obras, expedida por la Semarnat en julio del 2005.
La lucha legal
Organizaciones sociales acusaron el retiro del mangle como un ecocidio y en redes sociales mostraron la fauna que supuestamente había sido encontrada tras el desmonte. A finales de enero, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro, aseguró: “Tajamar no es ecocidio ni devastación ambiental”.
Al presentar los resultados preliminares de los trabajos de gabinete y campo realizados, Haro Bélchez informó que no hay indicios de daños en el manglar por el proyecto, por lo que no se fincarán responsabilidades a Fonatur.
Anunció a la par que la empresa cumplió con los permisos ambientales para las primeras etapas del proyecto, para la tercera, que corresponde a la construcción inmobiliaria, los empresarios “deberán obtener nuevas autorizaciones”.
Guillermo Haro dijo que las autorizaciones del impacto ambiental y de cambio de uso de suelo son válidas y están vigentes, así como que los términos y condiciones de la manifestación de impacto ambiental realizada en 2005 han sido cumplidas hasta hoy.
“El desmonte identificado se llevó a cabo por Fonatur al amparo de autorizaciones de 2005 y ampliaciones de 2009 y 2011, que a la fecha son vigentes”, expuso el procurador y añadió que los trabajos también fueron avalados por el municipio “en función de las autorizaciones ambientales otorgadas por la Semarnat, (…) y dando cumplimiento parcial al programa de rescate y reubicación de flora y fauna”.
El desmonte del 16 de enero se ejecutó al amparo de autorizaciones vigentes otorgadas por la Semarnat para desarrollarse en un predio que no está considerado sitio Ramsar porque hay presencia de humedales, ni está dentro del Área Natural Protegida (ANP) Sistema Lagunar Nichupté.
Precisó que tras un recorrido el 26 de enero pasado, luego de las denuncias de diversas organizaciones ambientalistas, pudo corroborar personalmente que no hay especies muertas en la zona, y sólo falta rescatar a cinco cocodrilos que hay en ese lugar.
Debido a que Fonatur incumplió con su tarea de rescatar y reubicar a los animales del predio Malecón Tajamar, la Profepa le dio un plazo de 10 días para rescatar a una cría de cocodrilo que sigue en el sitio.
El pasado 2 de febrero, el Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, concedió una suspensión definitiva en el caso de Malecón Tajamar, para impedir la continuidad de obras en el polígono, ante el amparo que interpusieron los ciudadanos que se oponen.
La medida cautelar implica la suspensión definitiva, el desmonte, relleno y obras relacionadas con la construcción, en tanto se resuelve el juicio, es decir, se detiene todo trabajo hasta que exista una sentencia definitiva.
El fallo legal que se emita no cambiará que el proyecto Tajamar, ante el grado de avance de más de una década, modificó para siempre el área, el daño es irreversible.
