Felipe Calderón puso en práctica una estrategia para intentar diluir la demanda de los 23 mil mexicanos que lo acusaron de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, según revela a Proceso un funcionario federal. El presidente, explica, designó en la embajada de México en los Países Bajos a dos incondicionales con la misión de protegerlo de los golpes jurídicos que pudiera recibir desde allá. Más aún, añade que el mandatario saliente también pactó con Enrique Peña Nieto mantener a esos escuderos en sus puestos diplomáticos.
Pese a los esfuerzos de Felipe Calderón para frenar la demanda por crímenes de guerra y de lesa humanidad que en su contra interpusieron cerca de 23 mil mexicanos ante la Corte Penal Internacional (CPI), en diciembre próximo la fiscal Fatou Bensuada podrá definir su destino.
Presentada el 25 de noviembre de 2011 contra el presidente mexicano y otros protagonistas de la guerra contra el crimen organizado (incluidos el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván), la demanda pasó el primer filtro: la fiscalía del CPI determinó que hay materia para juzgar. Ahora está a punto de entrar al “análisis preliminar”.
Llegar a esta etapa “es algo muy grave porque implica que la fiscalía de la CPI le dice al mundo que en México se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, pero se le da una última oportunidad al gobierno de demostrar que tiene tanto capacidad como voluntad de juzgar esos delitos”, sostiene en entrevista con Proceso Netzaí Sandoval Ballesteros, el abogado de los demandantes.
El expediente de 700 fojas entregado al entonces fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, originalmente documentaba 470 casos de violaciones al derecho internacional, 200 de ellos relacionados con torturas de militares cometidos en instalaciones castrenses (Proceso 1838). Actualmente el documento cuenta con más de mil 400 cuartillas por las aportaciones que organizaciones civiles y víctimas de la guerra contra el narcotráfico han enviado a la CPI.
Calderón no ha escatimado en el uso de la fuerza del Estado para evitar que el caso avance, tanto así que nombró a uno de sus maestros en la Escuela Libre de Derecho, Eduardo Ibarrola Nicolín, como embajador en el Reino de los Países Bajos con un objetivo: detener cualquier demanda contra Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ya que, según organizaciones no gubernamentales, la mala conducción del combate al narcotráfico ha dejado un saldo de más de 70 mil muertos, por lo menos 10 mil desaparecidos y unos 160 mil desplazados por la violencia.
“Fue Calderón quien directamente le dio esa instrucción a Ibarrola. Lo envió a los Países Bajos a que evite que lo demanden por violaciones a los derechos humanos, esa es su única misión”, revela un alto funcionario federal al corresponsal de este semanario en Washington, Jesús Esquivel.
“Ibarrola se quedará en el puesto aún después de que llegue (Enrique) Peña Nieto a la presidencia; ese es uno de los arreglos que logró Calderón con el nuevo presidente”, añade el funcionario a condición de que su nombre no fuera revelado, por temor a represalias.
Profesor titular de la Escuela Libre de Derecho hasta 2002, Ibarrola Nicolín tuvo cargos directivos en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre ellos la coordinación de asesores de Fernando Solana Morales, quien fuera canciller en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Durante el gobierno de Zedillo y los primeros 17 meses del gobierno de Vicente Fox, Ibarrola Nicolín, maestro en Sociología Política por la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres, fungió como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR). Ahí estuvo a cargo de la investigación contra Raúl Salinas de Gortari por su presunta relación con el narcotráfico, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Sobre este asunto, desde Suiza el juez Paul Perraudin declaró el 17 de mayo de 2002 que después de casi siete años de investigaciones llegó a la conclusión de que “las estructuras del Estado mexicano protegían al tráfico de drogas”. Tres días después, Ibarrola Nicolín dejó su cargo en la PGR.
Considerado por excolegas de la procuraduría como “un abogado muy grillo y fiel únicamente a sus jefes en turno”, a partir de 2002 Ibarrola regresó a la SRE gracias a Fox: estuvo dos años en el consulado de México en Houston y desde ahí colaboró con la PGR de manera informal, como le confió una fuente al corresponsal de Proceso en Washington, y de 2004 al primer trimestre de 2007 fue jefe de la cancillería en la embajada de México en Washington.
Con la venia de su discípulo Calderón y la aprobación del Senado, el 21 de mayo de 2007 Ibarrola presentó sus cartas credenciales como embajador de México en Guatemala. Tras cinco años de estar al frente de la segunda representación más importante para las relaciones bilaterales mexicanas, después de la de Estados Unidos, el 17 de abril pasado Ibarrola Nicolín fue ratificado por el Senado de la República como embajador en el Reino de los Países Bajos y representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.
La encomienda que Ibarrola llevó –insistió el funcionario entrevistado por el corresponsal en Washington– fue impedir que Calderón sea enjuiciado por la CPI con sede en La Haya.
“Ibarrola es un tipo muy truculento y astuto –apuntó la fuente–; Calderón le reconoce estas cualidades, por eso lo manda a La Haya para que lo defienda a como dé lugar, de todo y contra todo. Habría que ver si Peña Nieto defiende el acuerdo que hizo con Calderón por encima de las presiones que, se pronostica, habrá una vez que asuma la presidencia y de que Calderón vuelva a ser un ciudadano de a pie”.
(Fragmento del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso1877, ya en circulación)
