El Ministerio Público hondureño informó el arresto el lunes de cuatro hombres en conexión con el asesinato de la líder del movimiento indígena y ambientalista del país centroamericano, Berta Cáceres.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, identificó a los sospechosos como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana y dijo que tres de ellos trabajan o son empleados de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
Dicha compañía construye una represa hidroeléctrica en el pueblo natal de Cáceres, al que se oponía porque se construiría sobre el río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas lencas.
Cáceres, que se había hecho acreedora del premio Goldman Environmental Prize, fue asesinada el tres de marzo pasado por dos pistoleros que irrumpieron en su casa.
Cáceres había denunciado amenazas de muerte de empleados de seguridad de DESA.
El Ministerio Público afirmó que la acción promovida ante los tribunales contra los detenidos está sustentada en evidencia probatoria y se funda en pruebas científicas. Según la fiscalía, Orellana, de 49 años, es técnico ambientalista del proyecto hidroeléctrico de DESA.
El vocero de las fuerzas armadas, Lenin González, dijo en rueda de prensa que Diaz Chávez es un oficial activo con el grado de mayor de Infantería, mientras que Duarte Meza es un capitán de infantería retirado.
Los hijos y madre de Cáceres dijeron en un comunicado difundido por Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, conocido como CEJIL, que recibieron la noticia de las capturas con “sorpresa” y afirmaron que el vínculo de los detenidos con la empresa DESA “es razón suficiente para suspender el proyecto hidroeléctrico… de manera inmediata y definitiva”.
“Debido a que se nos ha excluido del proceso de investigación desde sus inicios, no tenemos forma de calificar si las capturas realizadas son producto de diligencias exhaustivas, ni tampoco sabemos si estas comprenden la autoría intelectual en todos sus niveles”, señalaron.
Sin embargo, dijeron que si la investigación ha sido “exhaustiva, diligente, basada en pruebas científicas y considerando todas las posibles autorías (material e intelectua”, el ministerio Público debería aceptar la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, a través de un grupo de personas expertas independientes, “se analicen las actuaciones hasta ahora realizadas y se establezca si las mismas son conformes con los mayores estándares internacionales de debida diligencia”.
A principios de abril, las autoridades hondureñas informaron de un allanamiento realizado a las oficinas de DESA en búsqueda de posibles evidencias del asesinfato de Cáceres. Las instalaciones de la compañía se encuentran en Santa Bárbara, a unos 450 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.
“Solo se decomisó cierta cantidad de armas de grueso calibre y algunos documentos, que son analizados”, dijo Mora entonces “Si se determinan pruebas científicas firmes, el Ministerio Público acudirá de inmediato a los tribunales para formalizar las acusaciones correspondientes”.
En un comunicado, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, un proyecto de DESA, dijo que confiaba plenamente en los entes de investigación de Honduras, que “bajo ningún concepto es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres” y que se ve sorprendida con la detención del licenciado Sergio Rodríguez, quien ejerce como gerente en temas sociales y medioambientales de la empresa puesto que confiamos en que todas las acciones de sus colaboradores están siempre dentro del marco de la ley”.
“Hidroeléctrica Agua Zarca desde el primer momento ha estado a disposición de las autoridades, cooperando desde primera instancia con las solicitudes que las autoridades han venido requiriendo, agregó el comunicado.
En el texto también se afirma que la empresa lleva a cabo un proyecto de energía renovable que se realiza bajo estrictas medidas medioambientales, “que cuenta con el total apoyo de las comunidades de su zona de influencia”, lo que ha sido repetidamente negado por los indígenas del lugar.
Las detenciones se realizaron en el marco de la denominada Operación Jaguar del Ministerio Público y que tres de los detenidos fueron capturados en dos ciudades de la Costa Atlántica y uno en Tegucigalpa.
Mora afirmó dijo a la AP que “no se descartan más arrestos”.
La embajada de Estados Unidos expresó en un comunicado satisfacción por las detenciones,
“Desde el principio, hemos hecho un llamado por una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Cáceres – una que siguiera las evidencias y que condujera a los que cometieron el crimen, incluyendo los autores intelectuales”, añadió.
Fuente: AP
