La directora de los servicios secretos españoles, Paz Esteban, cuestionada tras conocerse el espionaje a los teléfonos del presidente del gobierno Pedro Sánchez y numerosos independentistas catalanes, fue destituida este martes, anunció el Ejecutivo.
“El gobierno ha acordado hoy el cambio en la dirección del CNI” (Centro Nacional de Inteligencia), anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la conferencia de prensa posterior al consejo de ministros, admitiendo que “hay deficiencias, hay fallos”.
Además, el gobierno anunció que el celular del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, también fue espiado con el programa israelí Pegasus, como los de Sánchez y la propia Robles, tras concluir el examen de los terminales de todos los miembros del Ejecutivo.
El “caso Pegasus” -por el que el independentismo catalán, clave para la estabilidad parlamentaria del gobierno del socialista Pedro Sánchez, había exigido cabezas- se cobra así la primera gran víctima.
Se ignora aún quien espió al gobierno y, en cuanto a los independentistas catalanes, según trascendió tras una comisión parlamentaria, el CNI admitió haber vigilado a 18 dirigentes con orden judicial, incluido el presidente regional catalán Pere Aragonés cuando era vicepresidente, pero no a los 65 de los que habla este movimiento.
La secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, sustituirá a Esteban al frente del CNI, anunció Robles.
“No es suficiente”
La destitución de Esteban no aplacó a los independentistas catalanes, e indignó a la oposición.
“No es suficiente”, dijo a la prensa Patricia Plaja, portavoz del gobierno catalán, que reclamó en días pasados la dimisión de Robles.
“Sánchez consuma el esperpento y ofrece la cabeza de la directora del CNI a los independentistas, debilitando una vez más al Estado para buscar su supervivencia”, aseguró en Twitter Alberto Núñez Feijóo, líder del primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular.
Las explicaciones de Esteban el jueves ante una comisión parlamentaria no convencieron a los aliados parlamentarios del gobierno, la extrema izquierda y los independentistas catalanes y vascos.
El escándalo estalló antes, el 18 de abril, cuando la organización canadiense Citizen Lab identificó a más de 60 personas de la órbita separatista catalana cuyos teléfonos móviles habrían sido infectados entre 2017 y 2020 con el software de espionaje israelí Pegasus.
Fuente: La Jornada
