El sospechoso se identificó como Luis Aristiga López Moreno y aseguró ser veterinario y empleado en el rancho del ex Gobernador de Sonora.
La persona se identificó como Luis Aristiga López Moreno y aseguró ser veterinario y empleado del rancho del ex Gobernador de Sonora “Pozo Nuevo”, que es el mismo donde se descubrió una presa ilegal privada, que aún es investigada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y sobre el que se denunció un proceso de fiscalización amañado.
La detención por parte de los elementos de la Procuraduría General de la República y Policía Estatal Investigadora (PEI) se dio en el estacionamiento de una sucursal de Soriana ubicada al norte de la capital sonorense.
El dinero fue encontrado dentro de una hielera dentro del baúl y la persona detenida no pudo acreditar la procedencia del mismo, por lo que fue detenido.
El inculpado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común competente donde se integra la averiguación previa por la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Respecto a la detención, la Gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arellano aseguró que en su administración “no se fabrican culpables y no se toleran culpables de ninguna manera […] para los que se fueron y para los que están”.
En las próximas horas se definirá la situación legal del López Moreno, dio a conocer la Procuraduría de Sonora.
A inicios del mes pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó que en este momento se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador de extracción panista.
El órgano ha llamado a declarar, como parte las investigaciones, a John Swanson Moreno, quien fuera jefe de la oficina del ex gobernador Guillermo Padrés, de quien se dice, se acercó a proveedores de servicios a quienes el Gobierno estatal les debe sumas millonarias, con la promesa de que ahora sí les pagarían si cooperaban con una tajada del pago.
También fueron citados a declarar Roberto Romero, ex Secretario de Gobierno, mano derecha de Padrés Elías, y su esposa Mónica Robles, ex Diputada local, ambos señalados por la ciudadanía por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.
Mientras que a fines Durante la gestión de Padrés se omitió el cobro de mil 705 millones de pesos, esto al realizar 879 auditorías irregulares a 574 contribuyentes, entre ellos empresarios, políticos y familiares cercanos al entonces mandatario, según dio a conocer el Servicio de Acción Tributaria (SAT), que determinó tomar el control de la fiscalización del estado.
Por lo que el Gobierno encabezado por Pavlovich interpuso la denuncia administrativa y penal ante la Contraloría General y la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, contra varios ex funcionarios de la Dirección General de Auditoría Fiscal.
Los problemas con la justicia por presuntos hechos de corrupción no sólo se han dado a nivel nacional, en meses pasados se dio a conocer nueva información sobre una investigación del gobierno de Estados Unidos en contra del ex Gobernador panista, por presunto lavado de dinero proveniente de sobornos de un contratista.
Desde el pasado 21 de mayo el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la PGR que había iniciado una investigación contra Padrés Elías en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas, de acuerdo con datos difundidos el diario Reforma.
Esta no es la primera vez que a Padrés se le relaciona con actos de corrupción, el pasado 5 de marzo, el diario The Wall Street Journal publicó un artículo sobre presuntos actos ilícitos cometidos en Sonora, principalmente por el posible pago de sobornos al Gobernador y a su hermano, Miguel Padrés Elías.
De acuerdo con el diario, los hermanos Padrés Elías presuntamente transfirieron 8.9 millones de dólares de cuentas de México a cuentas en bancos de Estados Unidos de la siguiente manera: 3.3 millones de dólares que habrían recibido de empresas de Mario Aguirre que ganaron contratos públicos con el Gobierno sonorense para proveer uniformes escolares, equivalentes a 20 millones de dólares.
El medio indicó que 5.7 millones de dólares en 2012 a una cuenta bancaria en Estados Unidos, a nombre de Tenerife CV, una firma con sede en Holanda. Posteriormente 522 mil dólares en otra cuenta en Estados Unidos, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda.
