Un nuevo megaproyecto busca construir hoteles y residencias familiares en Cabo Pumbo. Llamado El Dorado, se ubica en la zona limita con un parque nacional protegido y está a pocos kilómetros de un importante arrecife de coral
Por María Luz Peinado/ EL País
El Dorado mexicano para los empresarios hoteleros se llama Cabo Pulmo. En el extremo sur de la Península de Baja California y frente al Mar de Cortés, bañada por aguas que esconden en su interior el arrecife más antiguo del Pacífico mexicano, existe una porción de tierra casi virgen para la construcción y la explotación urbanística. Tras varios intentos, un nuevo megaproyecto bautizado como Cabo Dorado planea levantar 22.500 cuartos repartidos entre nueve hoteles y residencias familiares, además de tres campos de golf. Después de conseguir que el expresidente Felipe Calderón parara la iniciativa de un proyecto similar en Cabo Cortés, los vecinos y las asociaciones en defensa del medio ambiente vuelven a advertir del desastre ecológico y social que podría suponer un proyecto de esta envergadura.
Los apenas 300 habitantes del pequeño pueblo de Cabo Pulmo se han convertido en una especie de guardianes del tesoro. Hace 20 años, la mayoría de la población de la zona que los rodeaba vivía de la pesca. “No sabíamos lo que teníamos ni el daño que estábamos haciendo al arrecife hasta que llegaron los expertos de la Universidad Autónoma de Baja California y nos hablaron de su valor. Entonces, conseguimos que la zona se declarara parque nacional – algo que ocurrió en 1995 bajo el mandato del presidente Ernesto Zedillo – y los pescadores se formaron y recolocaron en el sector del turismo sostenible. Además de proteger el arrecife, económicamente ha sido mucho mejor para la comunidad”, explica Judith Castro Lucero, de la Asociación Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo. Ella es una de los habitantes de ese pequeño pueblo y cuenta que su hijo quiere ser biólogo marino. “Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido, porque en este tiempo el arrecife se ha regenerado. Pero también tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar”.
La placidez se rompió en 2008, cuando la empresa Hansa Baja Investments – filial mexicana de la promotora alicantina Hansa Urbana, participada por la española Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) – puso en marcha el proyecto Cabo Cortés. El plan pretendía construir 27.000 habitaciones, campos de golf, una planta desalinizadora y un puerto a escasa distancia del parque nacional. El Gobierno mexicano le otorgó los permisos pero, finalmente, una fuerte campaña de asociaciones y ciudadanos consiguió que el propio presidente Felipe Calderón desechara el proyecto.
La historia de las inversiones en Cabo Pulmo va en paralelo a la situación económica mundial. Con la crisis golpeando con dureza a España – especialmente en el ámbito de la construcción – la CAM acabó siendo intervenida y nacionalizada en 2011. El Banco de España vendió la Caja de Ahorros al Banco Sabadell por el precio simbólico de un euroy los terrenos en los que se proyectó Cabo Cortés pasaron a ser de su propiedad. Después, el banco español se los vendió a La Rivera Desarrollos BCS por un importe desconocido. Sus principales inversores son unas empresas de dos gigantes económicos: China y Estados Unidos.
“Este nuevo proyecto plantea menos habitaciones que el anterior pero se proyecta en los mismos terrenos, a 15 kilómetros del pueblo de Cabo Pulmo y a 7,5 kilómetros del arrecife. No estamos en contra del desarrollo, pero esto no es solo un resort turístico, es una ciudad entera”, explica Fey Crevoshay, directora de Comunicaciones y Políticas Públicas de Costa Salvaje, una asociación civil binacional México-EE UU.
Los promotores del nuevo proyecto han eliminado del plan algunos de los puntos más polémicos de Cabo Cortés, como la construcción de un puerto y de una planta desalinizadora. Además, planean construir un centro de interpretación e investigación en ciencia y tecnología del Golfo de California, un centro educacional y un campus estudiantil. Pero desde las asociaciones que defienden el medio ambiente sostienen que eso no evitará el impacto negativo sobre el arrecife, además del impacto social en las comunidades cercanas.
Las empresas que impulsan el proyecto – este periódico ha intentado contactarlas sin éxito – han presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) su manifestación de impacto ambiental (MIA). En él aseguran que Cabo Dorado se construirá de manera sustentable. “Por su magnitud, es prácticamente un nuevo centro de población. Es muy difícil hablar de sustentabilidad para un proyecto de este tamaño”, opina Alejandro Olivera, coordinador de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en el noroeste del país.
Además de los aspectos ambiental, económico y social hay otro que también juega un papel en este caso: el diplomático. En junio de 2013, el presidente chino Xi Jinping visitó México. Durante su viaje, los dos presidentes firmaron el llamado pacto del tequila, que pretendía potenciar las relaciones comerciales entre ambos países. El pasado 25 de marzo, los dos principales inversores de La River Desarrollos BCS – la china Beijing Sansong International Trade Group y la estadounidense Glorious Earth Group – publicaron en varios diarios mexicanos de tirada nacional una incersión que explicaba su postura sobre el tema. Esta estaba dirigida al presidente Peña Nieto, al gobernador del Estado de Baja California Sur – Marco Covarrubias -, al presidente municipal del municipio de Los Cabos – José Antonio Agúndez – y “a toda la sociedad interesada en el logro de un desarrollo sustentable en Baja California Sur”.
El texto apelaba a esos acuerdos binacionales. “De conformidad con los acuerdos suscritos en meses recientes entre el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, así como las reuniones realizadas entre los grupos de alto nivel de ambas naciones, respetuosamente nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento (…) que decidimos promover un concepto basado en la preservación ambiental y que será radicalmente diferente al proyecto que se pretendía hacer en esa misma ubicación hace varios años”, aseguraba la inserción. Además de defender que es un plan menos intrusivo, uno de los principales argumentos de los inversores es que se crearán 18.000 empleos directos e indirectos en la región.
Mientras la Semarnat evalúa la manifestación de impacto ambiental, las asociaciones piden que se celebre una reunión pública en la que los promotores expongan su proyecto y luchan contra el reloj. La Secretaría tiene un máximo de 60 días hábiles desde la fecha de integración del expediente para pronunciarse sobre la MIA,algo que ocurrió el 20 de marzo. Algunas organizaciones como Greenpeace – muy activa contra el anterior proyecto de Cabo Cortés – también están estudiando cómo organizarse. “Haberlo parado una vez nos da esperanzas”, defiende Judith. Por si acaso, Costa Salvaje ha fichado como imagen a El Hijo del Santo, el heredero del mítico luchador mexicano. Toda ayuda parece poca.
Fuente: El País
