El gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por la cual se ha solicitado su desafuero carece de evidencia sólida en su contra.
El mandatario aseguró que no se le imputan delitos relacionados con el contrabando de combustibles, narcotráfico, colaboración con el crimen organizado, o cualquier otro delito relacionado.
“A diferencia de lo que se ha especulado, en ningún momento se me imputan delitos relacionados con contrabando de combustible (huachicol), narcotráfico, colaboración con el crimen organizados o cuqlseri otro similar o equivalente”, detalló en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter.
Comparto a la opinión pública la siguiente postura, tras ser notificado sobre la solicitud de procedencia por parte de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/w5QB1JmzHn
— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) March 2, 2021
Cabeza de Vaca aseguró que se le señala por un supuesto lavado de dinero, derivado de un impago de contribuciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento.
“Los hechos que motivan la solicitud se circunscriben a un supuesto impago de constituciones fiscales, derivadas de la venta de un departamento cuya propiedad había sido previamente reportada tanto en mis declaraciones patrimoniales, como las de mi esposa, a finales de 2019”, agregó.
Apuntó que la supuesta comisión del delito de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios de los integrantes de su familia.
El mandatario aseguró que “todas las acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos”.
El panista acusó que la solicitud presentada por el Ministerio Público se basan en “suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración de la Cámara de Diputados”.
Aseguró que la solicitud no contiene elementos o evidencias que relacionen la investigación con la que lleva a cabo agencias de Estados Unidos.
Cabeza de Vaca acusó que “en ningún momento” se le ha permitido comparece para responder a cada una de las imputaciones realizadas por sus denunciantes.
Finalmente, reiteró su disposición a aclarar las sospechas que se han sembrado en su contra; y reiteró que la investigación tiene propósitos políticos y electorales.
LA SOLICITUD DE DESAFUERO
El 23 de febrero, la FGR pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del Cabeza de Vaca para poder acusarlo de corrupción.
De acuerdo a lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares.
A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al Gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.
El 27 de febrero, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados inició el proceso de desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca. Ayer fue notificado del inicio del procedimiento en su contra.
La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.
Mientras, el 28 de febrero, miles de personas de los 43 municipios de Tamaulipas realizaron marchas esta mañana para mostrar su respaldo al Gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, quien es acusado de lavado de dinero, operaciones de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Los protestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza Juárez, frente al palacio de Gobierno, donde se concentraron en espera del mensaje del mandatario.
A pesar de las condiciones sanitarias, la plaza con un cupo de 10 mil personas se encontró totalmente llena.
El Gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.
SInEmbargo con información de EFE.