Organizaciones de la Sociedad Civil alertan sobre Ley que criminaliza la protesta en todo el país, ya que, afirman, suspende y restringe derechos ciudadanos
Organizaciones no gubernamentales alertaron sobre la discusión e “inminente aprobación” de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional, que tiene su origen en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la cual contempla temas como la restricción y suspensión de derechos y garantías fundamentales.
“Como organizaciones defensoras de derechos humanos, manifestamos nuestra preocupación y alertamos sobre esto, ya que en un contexto donde se da la consolidación de normas legales e incluso constitucionales que permiten, por razones de orden político, la limitación en materia de libertades democráticas, llama la atención la discusión de una ley que podría eventualmente violentar derechos humanos de personas y colectivos”, denunciaron ONGs como Artículo 19, Fundar, la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, entre otras.
Advierten que la discusión tendrá lugar este lunes 28 de abril en el Senado de la República y subrayan que esta Ley tiene su origen en la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, por lo que, dijeron, “es importante que se respeten y asienten en la ley los principios relativos al tema de suspensión derechos, los cuales están señalados en múltiples instrumentos internacionales y jurisprudencias de distintos órganos regionales de protección de derechos”.
En 2011, el artículo 29 constitucional fue modificado con un sentido de protección de los derechos humanos. Sin embargo, en la Reforma Política, publicada el pasado 10 de febrero de 2014, se volvió a modificar este artículo.
“Con ello vemos preocupante que tanto la última reforma constitucional como la propuesta de Ley Reglamentaria se enmarcan en un contexto de criminalización de la protesta social, que ha tenido como una de sus expresiones la modificación de los marcos normativos con el objeto de castigar o inhibir las expresiones de disenso y de manifestación pública, así como la desnaturalización de figuras legales, que bajo ciertas circunstancias y con una intencionalidad política pueden ser desviadas de sus propósitos e indebidamente utilizadas contra grupos sociales”, denunciaron los organismo civiles que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta.
En este contexto, el Frente hizo un llamado al Senado para que esta iniciativa sea rigurosamente analizada, cuidando la taxatividad y estableciendo un catálogo cerrado de situaciones, con apego a estándares de derechos humanos y con controles efectivos para declarar un estado de excepción.
“Por tratarse de un mecanismo que puede suspender y limitar el ordenamiento constitucional, su discusión requiere de la mayor publicidad y participación efectiva de la sociedad en general”, dijeron las ONGs al Senado.
Fuente: Sin Embargo
