El gobierno de Enrique Peña Nieto pretende “acotar” el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusó Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los familiares de las víctimas.
En vísperas de que representantes de los padres de los 43 desaparecidos y del gobierno mexicano acudan a Washington a una reunión de trabajo con el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas sostuvieron la cuarta y última reunión previa al encuentro en la sede del organismo con padres y abogados del Centro Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Brevemente, ambos funcionarios hablaron de avances previos a las negociaciones finales que se llevarán a cabo en Washington del miércoles 27 al viernes 29 próximos.
Campa aseguró que “se consiguieron las bases del acuerdo a un cien por ciento”, y que las diferencias que subsisten serán puestas a consideración del pleno de la CIDH, órgano al que corresponderá definirlas por tratarse de “asuntos operativos”.
En contraste, en rueda de prensa al término del encuentro, Rosales Sierra, en representación de los padres de familia, señaló que las partes de este conflicto, que ha tenido a México en la mirada internacional desde septiembre de 2014, irán a Washington sin cumplir con el objetivo de llegar a la mesa de negociaciones de la CIDH con un acuerdo previamente pactado.
El abogado de Tlachinollan explicó que de ocho puntos a negociar, tres no lograron concretarse, mismos que “son fundamentales” para establecer el paradero de los estudiantes.
A casi tres meses de que el GIEI entregara sus últimas recomendaciones para avanzar en las investigaciones, Rosales Sierra lamentó que el gobierno mexicano quiera “tener un mecanismo sin muchas facultades, que el equipo de seguimiento en terreno no esté mucho tiempo, que tenga un margen acotado de su mandato y que el mandato sea acotado a temas que ellos puedan establecerlos”.
Esa visión limitada se contrapone con lo que los padres de los 43 han solicitado y que la misma CIDH ha planteado como propuesta, de que sea “un mecanismo con bastantes facultades para poder entrar al seno de la investigación, para hacer una verdadera supervisión y un verdadero seguimiento a las recomendaciones del GIEI”, dijo Rosales Sierra.
El abogado puntualizó que los padres de familia y sus representantes pretendían que “el mecanismo sirva de coadyuvancia, de apoyo y de supervisión tendientes a dar con el paradero de los desaparecidos “.
En esta última reunión, llevada a cabo en las instalaciones del Centro Prodh, los puntos de divergencia se centraron en “el número de integrantes del equipo técnico que va a estar desplegado aquí en México, en terreno”, pues el gobierno federal pretende cerrarlo en dos integrantes, en tanto que los padres exigen que quede abierto a las necesidades de la investigación.
Se mantuvieron vigentes las diferencias en cuanto al número de visitas a realizar por los comisionados de la CIDH a México, en tanto que el gobierno federal pretende además “etiquetarlas”.
Al señalar que mientras los padres piden que se realicen cuatro visitas por parte del presidente de la CIDH, James Cavallaro, y al menos otro comisionado, los representantes del gobierno de Peña Nieto sugieren tres, imponiendo a cada una temáticas.
Así, “en la primera visita que sea relativa a la investigación, la segunda a la búsqueda y en una tercera, si la hay, que tenga que ver con la atención a víctimas”, contó Rosales Sierra.
Apuntó que esas acotaciones “vulneran el espíritu y las facultades que la CIDH tiene de monitoreo, pues tiene facultades amplias para monitorear los derechos humanos” del continente.
Humberto Guerrero, de Fundar, explicó que corresponderá a la CIDH emitir “una resolución que, a partir de escuchar a todas las partes, va a dictar una serie de medidas adicionales a la medida cautelar que existe” y que dio origen a la creación del GIEI.
Al señalar que debido a que la palabra final la tiene el órgano de la OEA, tomará tres días a los comisionados deliberar sobre el mecanismo para el caso Ayotzinapa, Guerrero, recordó que “las partes no podemos decidir sobre el número de integrantes (del equipo técnico) y número de visitas, así como sobre la agenda temática; la CIDH tiene que definir si lo que proponen las partes representa algo aceptable para ella, porque tiene que ver con el ejercicio de sus funciones”.
Guerrero explicó que el miércoles 27 el pleno de la CIDH sostendrá reuniones por separado con las partes, el jueves 28 el presidente Cavallaro escuchará a ambos en una audiencia, y el viernes 29 el pleno tendrá la audiencia con los representantes de las víctimas y los representantes del Estado.
En la conferencia Mario César González, padre de uno de los 43 desaparecidos, y el vocero Felipe de la Cruz señalaron que mantendrían sus movilizaciones para exigir el cumplimiento de las medidas de seguimiento que fije la CIDH.
Los representantes de los padres de las víctimas consideraron indispensable que a partir de la próxima semana ya empiece a operar el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del GIEI.
A unas horas de que se cumpla un mes más de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, destacaron que este martes realizarán manifestaciones frente a la PGR y ante el monumento a los 43 en Reforma.
Fuente: Reforma
