Por Magdalena Gómez
Se ha caído el mito de que el crecimiento económico de Brasil y los supuestos logros sociales con el programa denominado Hambre Cero son por sí mismos garantía de estabilidad. Detrás del discurso del ex presidente Lula sobre el país de primera, cual telón de fondo encontramos el espejo antineoliberal colocado por los pueblos indígenas en éste y el resto de países de la región.
Junto a las primeras planas de prensa y los análisis y debates sobre el llamado estallido social, a través de América Latina en Movimiento (ALAI) conocimos el Informe 2012 del Consejo Indígena Misionario (Cimi) bien titulado Violencia contra los pueblos indígenas, el cual ofrece un crudo retrato al señalar que el pueblo guarani-kaiowá continúa fuera de la agenda gubernamental, a pesar del proceso de genocidio que enfrenta en Mato Grosso do Sul, en 2012 ninguna tierra indígena fue declarada u homologada para este pueblo.
Y desarrolla la problemática: omisión y morosidad en la regulación de tierras, conflictos relativos a derechos territoriales, explotación ilegal a recursos naturales y afectaciones a su territorio, violencias provocadas por omisión del poder público, suicidio o tentativas de suicidio, deficiencias en el área de educación indígena, faltas graves en servicios de salud, la amenaza a los pueblos en situación de aislamiento.
En todo ello destaca un testimonio realmente estremecedor como fue el grito desesperado no escuchado en el mundo: “Solicitamos para decretar nuestra muerte colectiva y enterrarnos a todos aquí (…) Pedimos de una vez por todas, para decretar nuestra extinción total, envíen varios tractores para cavar un grande foso para enterrar nuestros cuerpos. Decretamos nuestra muerte colectiva guarani-kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay y entiérrenos aquí”.
El informe continúa señalando que ni una sentencia judicial, o la fuerza judicial ni el rechazo a la demarcación de sus territorios les hará desistir, hartos de ser tratados como superfluos o prescindibles y entre sus conclusiones anota que se ofrecen pruebas irrefutables de la intolerancia vigente, criminalización y violación graves en relación con los pueblos indígenas.
Las políticas públicas son meramente asistencialistas, no aseguran condiciones de salud, de educación y mucho menos condiciones de sustentabilidad; los bosques son devastados; las aguas contaminadas; familias indígenas expulsadas de sus tierras; los ríos que llegan a sus aldeas son desviados cortándoles el agua, como acontece en la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte. Los intereses económicos se sobreponen descaradamente a la legislación ambiental, las propuestas de enmienda constitucional son acciones antindígenas en curso para diluir o limitar derechos fundamentales y constitucionales de estos pueblos.
Bien señaló una lideresa: si antes luchábamos por el cumplimiento de nuestros derechos, hoy luchamos por no perder esos derechos reconocidos en la Constitución (Sônia Guajajara, de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab).
Recordemos que en 1988 la Constitución de Brasil fue pionera del reconocimiento a derechos colectivos de los pueblos. Ocho años antes, todavía con la dictadura militar, los indios estaban bajo la tutela del Estado, pues eran considerados relativamente incapaces. Justamente en 1980 se organizó el cuarto Tribunal Russell, en Rotterdam, para considerar los crímenes de genocidio y/o etnocidio contra los pueblos indígenas de las Américas y fueron seleccionados tres casos de Brasil, que involucraban la violación de los derechos humanos de los nambiquara, los yanomami y de los indios de la región del Alto Río Negro.
Por ello se invitó como jurado al líder shavante Mario Juruna. La negativa de autorización para obtener su pasaporte generó una confrontación pública de todos los poderes. Los debates de la corte de apelaciones constituyen evidencias del racismo institucionalizado. En respuesta, el Tribunal Rusell designó a Juruna presidente del mismo con el símbolo de una silla vacía.
Los pueblos continúan luchando; hace cinco días los indígenas mundurukus tomaron como rehenes a tres biólogos que trabajan para la estatal Eletrobras en Jacareacanga, en el estado de Pará (norte, Amazonia), mientras realizaban estudios de fauna y flora en la región de Tapajós para elaborar un eventual permiso medioambiental para un proyecto destinado al complejo hidroeléctrico de la misma zona.
Los indígenas piden la interrupción de los estudios para el proyecto hasta que se consulte a la comunidad. La OIT consigna en su informe 2012 varias reclamaciones por violación a este derecho y pide respuestas al gobierno de Brasil. En suma, está planteada la contradicción estructural donde los estados ven en el cumplimiento de los derechos indígenas un obstáculo para su proyecto neoliberal. Y los movimientos sociales: ¿cómo los ven? Es pregunta.
Fuente: La Jornada
