La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el jueves la abrogación de un decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participaran en los operativos para enfrentar una serie de protestas que se extendieron por más de un mes y en las que murieron 33 personas.
Áñez dijo que tomó la decisión tras considerar que se logró la “pacificación” del país, después de que las distintas fuerzas políticas acordaron avanzar en un plan para convocar a nuevas elecciones presidenciales.
La norma fue aprobada el 16 de noviembre, en uno de los momentos más violentos de las protestas y que sólo un día antes dejó al menos ocho cocaleros muertos, todos partidarios del presidente derrocado, Evo Morales en la localidad de Sacaba, en el centro de Bolivia.
El decreto fue criticado dentro y fuera de Bolivia tras considerar que estimulaba la represión violenta.
“Nuestro gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca hemos vivido en nuestra historia y que no queremos volver a vivir”, agregó.
Áñez agradeció la participación de las Fuerzas Armadas. “Por su decidida y oportuna participación que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación”, añadió, en referencia al 20 de noviembre, cuando hubo un choque entre los militares y manifestantes que bloqueaban el acceso a una planta de combustibles en la vecina ciudad de El Alto y que dejó nueve muertos.
Fuente: AP
