La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha bloqueado hasta ahora 868 cuentas bancarias –con un acumulado de más de 5 mil millones de pesos– de personas relacionadas directamente con la red de corrupción del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez.
Por Patricia Mayorga/ Proceso
De acuerdo con la directora general de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF, Carla Humphrey, también se bloquearon otras mil 623 cuentas propiedad de terceros, relacionados con el caso, por 46 millones de dólares.
Señaló que el gobierno federal continúa la investigación por corrupción en el gobierno duartista que inició el mandatario estatal Javier Corral Jurado, por lo que presentarán nuevas denuncias contra exfuncionarios de la administración pasada y varios particulares vinculados.
La funcionaria detalló que, en coordinación con el gobierno de Chihuahua, han trabajado en el cumplimiento del convenio firmado con la UIF, el primero que firmó el gobierno federal con una entidad para el combate a la corrupción.
En representación de Santiago Niego, titular de la UIF, Humphrey asistió este miércoles a la presentación del foro sobre el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, en la Ciudad de México, y detalló que la dependencia acompaña las 19 órdenes de aprehensión giradas a nivel estatal, así como una promovida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra el uso de programas sociales en campañas electorales.
Entre las cuentas bloqueadas se encuentran algunas de César Duarte, así como de personas que operaron como prestanombres en el esquema de corrupción.
El convenio firmado con el gobierno del estado y la Fiscalía de Chihuahua, abundó, les ha permitido compartir información de inteligencia financiera, además de que se crearon grupos de trabajo que han permitido generar casos para avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Carla Humphrey agregó que para investigar la corrupción lo hacen a través de varias instancias para apuntalar el trabajo que ha realizado el gobierno de Chihuahua, ya que la corrupción quita oportunidades y profundiza desigualdades con el desvío ilegal del dinero público destinado a programas sociales.
La UIF, dijo, ha colaborado aportando notas de inteligencia financiera, interponiendo las denuncias y vistas correspondientes cuando se presentan actos de corrupción –como delito precedente del lavado de dinero– mediante el uso de diversas estrategias legales como empresas fachada, factureros y redes de corrupción donde se involucran notarios, abogados y contadores.
En su intervención, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que la recuperación de lo robado en la administración de César Duarte alcanzó hasta ahora, por la vía fiscal, 331 millones 777 mil 482 pesos, y por la vía penal han recuperado 38 millones 156 mil 166 pesos por concepto de reparación del daño y multas derivadas de 14 sentencias condenatorias.
El total ingresado con la aplicación de los esquemas de recuperación es de 369 millones 933 mil 648 pesos, y proyectan que la cifra supere los 3 mil 250 millones de pesos, basados en los embargos y los créditos fiscales que se irán aplicando a los involucrados en los distintos esquemas de desvío de recursos públicos, apuntó.
Sobre los créditos fiscales emitidos y por emitir, representan un monto de 2 mil 026 millones 923 mil 353 pesos, añadió.
Hasta ahora el gobierno estatal ha asegurado 54 bienes inmuebles, entre ranchos, fincas, casas y negocios, así como 153 bienes muebles (vehículos, maquinaria y equipo), y destaca el aseguramiento de 3 mil 612 cabezas de ganado.
Asimismo, se han interpuesto 35 procedimientos de responsabilidad administrativa que involucran a 160 servidores públicos del sexenio de César Duarte; también se han presentado 64 denuncias penales y están en integración 50 expedientes más por diversas irregularidades.
Tan sólo por estas denuncias penales, interpuestas a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno de Chihuahua, se estima que el daño causado al erario asciende a 2 mil 468 millones 136 mil 348 pesos.
Las autoridades han llevado ante la justicia a 28 exfuncionarios, 14 de los cuales tienen sentencias condenatorias, 11 de ellos por el delito de peculado agravado y los 17 restantes siguen en proceso penal.
Con esos recursos, además de los embargos de bienes, inmuebles, ganado y marcas comerciales, con los que se recuperarán algunos recursos, se constituyó el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua.
“Nos comprometimos a llevar ante la justicia a quienes saquearon al estado, pero sobre todo nos comprometimos a recuperar el patrimonio que fue robado al pueblo de Chihuahua durante seis años (…) se investiga el desvío de recursos de manera exhaustiva por tres vías: administrativa, penal y fiscal hasta encontrar a los beneficiarios del saqueo. Seguimos la ruta del dinero de manera quirúrgica, para detectar esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos públicos a través de operaciones simuladas o inexistentes”, explicó el gobierno de Chihuahua en una proyección presentada en el evento.
Con las investigaciones realizadas por el gobierno estatal se descubrió una compleja red de corrupción en la que servidores públicos y proveedores de gobierno cometieron faltas administrativas graves, así como delitos penales y fiscales.
Sólo César Duarte suma 19 órdenes de aprehensión del fuero común, todas por delitos de peculado. El monto de recursos públicos desviados por el exmandatario asciende a mil 550 millones de pesos.
Al exgobernador le han asegurado y embargado 16 propiedades, entre ellas 12 fincas rústicas que suman más de 34 mil 950 hectáreas.
Respecto de la recuperación a través de auditorías y créditos fiscales, la ruta de los depósitos y transferencias bancarias llevó a las autoridades a detectar y neutralizar 23 esquemas agresivos de evasión fiscal y desvío de recursos a través de operaciones simuladas o inexistentes, entre 2013 y 2016.
“Descubrimos que, mediante esos esquemas, 127 empresas facturaron ilegalmente al gobierno del estado por compra de medicamentos, asesorías y venta de bienes y servicios. Otras 238 empresas lo hicieron como proveedores de segundo nivel, es decir, proveedores de gobierno, y en total 365 empresas relacionadas evadieron impuestos”, según el video.
Los investigadores de la Fiscalía General de Chihuahua descubrieron cientos de empresas fantasmas, 113 ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y hay por lo menos 43 con expediente concluido y en proceso de publicación, así como otras decenas más en integración.
Además, a través de Procedimiento Administrativo de Ejecución han realizado embargos fiscales en contra de beneficiarios reales de los esquemas de evasión, que incluyen bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, derechos de marcas comerciales, acciones y participaciones en empresas, maquinaria y equipamiento, por un monto estimado de 628 millones 909 mil 914 pesos.
En cuentas del gobierno estatal han recuperado 193 millones 564 mil 103 pesos; 137 millones 613 mil 379 pesos se encuentran en trámite ante la federación y pronto ingresarán a las cuentas estatales, por lo que el monto recuperado a la fecha (por la vía fiscal) es de 331 millones 777 mil 482 pesos.
Además, concluyeron expedientes con los que se integraron 15 asuntos penales por diversos delitos fiscales, como defraudación fiscal, ocultamiento de contabilidad, desocupación de domicilio fiscal, datos falsos al RFC y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su conjunto, esos 15 asuntos representan una evasión de impuestos por mil 43 millones 30 mil 510 pesos.
Por disposición legal, corresponde al gobierno federal presentar las querellas por delitos fiscales y financieros ante la Fiscalía General de la República, acción que se encuentra en curso, de acuerdo con el gobierno de Chihuahua.
El destino de los recursos recuperados e integrados en el Fondo de Reparación Justicia Para Chihuahua serán destinados a las siguientes obras y acciones:
• Para la construcción de colectores de agua y centros educativos en comunidades indígenas.
• Programas de nutrición y cuidado de la primera infancia más vulnerable.
• Atención a la salud en zonas prioritarias, incluyendo caravanas de salud.
• Becas.
• Proyectos del Programa Desarrollo, Paz y Reencuentro.
• Centros de Rehabilitación y Centros de Justicia para Mujeres.
• Infraestructura de caminos y puentes para las comunidades más alejadas, así como caminos rurales y municipales.
Fuente: Proceso
