Los mandatarios de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua ―donde habrá alternancia política― son señalados por la oposición de emprender movimientos para impedir que se les vincule con proceso penales.
En sus últimos meses de mandato, algunos gobiernos que tendrán transición política tras las elecciones de 2016 y que han sido acusados de presuntos actos de corrupción han emprendido cambios en el aparato de gobierno, particularmente en áreas de combate a este tipo de acciones y en materia de administración de justicia.
Los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua ―aún en poder de priistas pero donde el mandatario entrante será del PAN o de una alianza PAN-PRD― han modificado la estructura de la administración e impulsado nombramientos de último momento que, de acuerdo con opositores, buscan “blindar” a los gobernantes salientes de posibles acusaciones e investigaciones por manejo indebido de recursos públicos y otras prácticas deshonestas, a través de la designación de personajes “a modo”.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ernesto Villanueva, consideró que este tipo de movimientos son legales pero ilegítimos.
“Desde el punto de vista de diseño institucional, es legal. Se hicieron varias cosas de protección frente a la corrupción y de garantía de impunidad disfrazada de avance democrático, por eso es interesante esta contradicción (…) ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Es legítimo? No, no es legítimo desde el punto de vista político”, dijo en entrevista.
Incluso, cuando eran candidatos, el próximo gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, amagaron con conseguir sanciones de cárcel para sus antecesores, César Duarte y Javier Duarte, respectivamente.
TOMA Y DACA EN VERACRUZ
La rivalidad política entre los veracruzanos Yunes y Duarte se intensificó en la pasada campaña, que el panista inició interponiendo una denuncia penal en contra del aún gobernador, y que derivó en una “guerra” de acusaciones mutuas por asuntos como enriquecimiento ilícito.
Después de los comicios, el gobernador anunció que promulgaría una reforma, aprobada ya por el Congreso estatal, para retirar el fuero (inmunidad judicial) al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, a través de un mensaje en el que llamó a la “reconciliación” pero en el que aprovechó para reprochar a sus críticos “que tienen un pasado de corrupción y perversiones” y “denuncias formales por enriquecimiento ilícito y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona”.
Y aunque Yunes dijo no sentirse aludido, el próximo gobernador de la entidad cuenta con denuncias penales y otros señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, y ya sin fuero podría ser procesado, explicó Villanueva.
“Lo que hizo Javier Duarte fue responder a una inquietud de manera oportunista, de quitar el fuero al gobernador. El gobernador electo va a dejar de tener fuero y por lo tanto él va a poder ser denunciado y puede ser demandado como cualquier ciudadano. Lo coloca en una situación de debilidad de cara a un eventual proceso judicial en contra de Duarte”, abundó el doctor en Derecho.
Además, la entidad está en medio del proceso para elegir al próximo fiscal anticorrupción, en el que legisladores de oposición al PRI formaron un frente común para tratar de impedir la designación de un funcionario que no garantice investigaciones por presuntos desvíos de recursos en el gobierno saliente.
Javier Duarte ha sido acusado de tener presuntamente una red de prestanombres que poseen en conjunto propiedades con valor de 3,000 millones de pesos, así como de cargar gastos personales al erario por más de 300,000 pesos mensuales, y de otros desvíos de recursos del sector salud a la campaña del PRI en el estado por al menos 30 millones de pesos.
BORGE, ACUSADO DE PRETENDER ‘CUBRIRSE LAS ESPALDAS’
En Quintana Roo, la advertencia del candidato ganador, Carlos Joaquín González ―postulado por la alianza PAN-PRD―, de hacer una indagatoria al gobierno saliente, encabezado por el Roberto Borge, y al de su antecesor, Félix González, también enfrenta el “fantasma” de los presuntos nombramientos a modo para garantizar impunidad.
El Congreso de Quintana Roo eligió este sábado a Javier Félix Zetina González ―primo del exgobernador González―, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado, ante lo cual diputados de oposición interpretaron que busca completar el “blindaje” de la actual administración. Así lo había advertido el gobernador electo.
“Después de anunciar que auditaremos los últimos 12 años de gobierno en Quintana Roo, la actual administración busca desesperadamente que la mayoría priista que tiene el Congreso del estado apruebe sus iniciativas de nombrar a modo a un contralor y un fiscal que no puedan ser removidos, con ello se cuidarían las espaldas e impedirían ser llevados ante la justicia”, señaló Joaquín González en un comunicado previo a la designación del pasado fin de semana.
Opositores a Borge aseguran que, además, el aún gobernador pretende dejar a personas de su confianza en el Tribunal Superior de Justicia del estado, así como en direcciones del Congreso local.
El gobernador quintanarroense ha sido acusado de hacer del estado uno de los más endeudados, así como de presuntos negocios ilícitos. Su administración también ha encarado señalamientos de supuestos abusos a los derechos humanos y a la libertad de expresión.
El académico de la UNAM Ernesto Villanueva indicó que las acciones tipo “mecanismos de blindaje” se dan por parte de gobernantes “que tienen muchísimo de qué preocuparse”.
“El blindaje precisamente se da porque algo tiene que ocultarse; si no tiene nada qué ocultar, fueran gente proba, íntegra, honesta, se daría esto mismo pero en otros términos, con el consenso del gobernador electo”, agregó.
En Chihuahua, el gobernador César Duarte ha enfrentado acusaciones de sus rivales políticos, así como protestas como la de la semana pasada afuera del Palacio de Gobierno, en la que los inconformes exigieron la renuncia del mandatario por presunta corrupción y además demandaron impedir la posible destrucción de pruebas”.
El aún mandatario ha sido señalado de enriquecimiento ilícito y uso ilegal de facultades, por presuntamente participar en el Banco Unión Progreso, institución financiera donde se sospecha que hubo desvío de recursos. Además, su administración es cuestionada por el incremento de la deuda pública estatal.
EL ANTECEDENTE DE NL Y SONORA
Este tipo de amagos no son nuevos entre gobernantes entrantes y salientes, en estados con transición política. Tras ganar las elecciones de 2015, los nuevos gobernadores de Nuevo León y Sonora han iniciado procesos en contra de sus antecesores.
En Nuevo León, el gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco cumplió con su promesa de investigar posibles irregularidades en la administración de su antecesor, el priista Rodrigo Medina, a quien en campaña señaló de presuntos actos de corrupción.
A ocho meses de asumir, el gobierno nuevoleonés anunció justo dos días antes de la jornada electoral del 5 de junio el embargo preventivo de una propiedad de Medina. Este fin de semana avanzaron otros procesos contra servidores públicos del anterior gobierno, con la inhabilitación de cuatro altos exfuncionarios por haber otorgado incentivos económicos de manera irregular.
En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich, exigió la semana pasada a la Procuraduría General de la República (PGR) atender los corrupción que les han presentado para impedir que queden en la impunidad.
“Los sonorenses hemos seguido al pie de la letra cada petición de información para la integración de los expedientes y no encontramos en las respuestas de la Procuraduría General de la República la resolución de varias averiguaciones previas”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.
Desde que era candidata, la priista había prometido actuar penalmente contra su antecesor, el panista Guillermo Padrés, por casos como un supuesto sobregiro al erario de 10,000 millones de pesos.
Fuente: CNN Expansión
