Joan Martínez Alier *
El movimiento del ecologismo popular y por la justicia ambiental ha creado espontáneamente, a lo largo de 30 años, un vocabulario propio. En Estados Unidos, para designar la desproporcionada contaminación en barrios pobres donde habitan poblaciones racialmente discriminadas, se usó injusticia ambiental en 1982. El término deuda ecológica se empezó a usar en 1991 por organizaciones ambientalistas latinoamericanas para oponerse al cambio climático. Hay otros ejemplos. Uno de ellos es la palabra biopiratería, introducida en 1993 por Pat Mooney (de Rafi, hoy Etc) y muy difundida por Vandana Shiva.
¿Qué significa biopiratería? Se trata de una práctica extendida sobre todo a partir de la colonización europea, mediante la cual los misioneros, los representantes de estados, los encargados de empresas, los biólogos y los antropólogos dan a conocer y se aprovechan de los conocimientos ancestrales de campesinos indígenas sobre plantas medicinales y agrícolas para su explotación económica, sin reconocer ni remunerar a quienes poseen esos conocimientos ancestrales. Los españoles, por ejemplo, se llevaron de América las semillas y el conocimiento de la papa, el maíz, el jitomate, sin dar ni las gracias, y se llevaron también muchas toneladas de corteza del árbol de la quina y el conocimiento de sus efectos contra las fiebres. En la actualidad, hasta se patentan tales conocimientos por empresas o investigadores extranjeros. De la India, se llevaron conocimiento sobre el arroz basmati y sobre las propiedades del árbol del Nim, y quisieron patentarlas. En México hubo intentos famosos de biopiratería disfrazados hace diez años de contratos de bioprospección.
Lo que empezó siendo denuncias de organizaciones de justicia ambiental contra la biopiratería, ahora se ha convertido en actuaciones administrativas de algunos gobiernos o en casos judiciales en países megadiversos. Me llamó la atención que Brasil comenzara a advertir públicamente en 2012 que una serie de contratos que permiten a empresas extranjeras acceder a tierras indígenas en la Amazonia podrían servir para camuflar la biopiratería. La palabra ha pasado de la sociedad civil a la administración estatal. ¿Será para bien o será para mal?
A veces, dicen en Brasil, la biopiratería va ligada a contratos REDD, que son los que dan control sobre bosques de comunidades indígenas para mantener el bosque y así impedir las emisiones de dióxido de carbono al quemarlos. La propia ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, dijo en marzo de 2012 que se debe evitar que las oportunidades para avanzar en la valorización de la biodiversidad disfracen acciones de biopiratería. Una ministra que usa la palabra biopiratería: ¿lo hará para impedir tales prácticas? ¿O será para mejorar los negocios, subiendo el precio cobrado por el Estado al ceder recursos genéticos para desarrollar productos medicinales, cosméticos, agroindustriales?
En julio de 2012 se anunció que una agencia del gobierno brasileño multó a diversas empresas por no compartir los beneficios de la exploración de la biodiversidad. La decisión se basó en denuncias hechas por el Departamento de Patrimonio Genético del Ministerio del Medio Ambiente a la agencia encargada, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) que anunció que 35 empresas cometieron 220 violaciones a la ley nacional de biodiversidad, lo que totaliza 44 millones de dólares. La mayoría de las empresas son multinacionales de las áreas farmacéutica y cosmética con sedes en Brasil. Algunas empresas fueron multadas por no compartir los beneficios financieros de la exploración de la biodiversidad brasileña, y otras por afirmar falsamente que habían repartido los beneficios.
Esas multas pueden ser fácilmente condonadas, pero lo notable es que Natália Milanezi, funcionaria del Ibama y responsable de imponer las multas, dijera que las empresas que no cumplen con la ley están practicando biopiratería y que lamentaba que eso no fuera todavía un delito tipificado en el código penal.
Se calcula que África pierde al año 15 mil millones de dólares por los pagos no recibidos de empresas que patentan conocimientos agrícolas y medicinales indígenas. Ecuador ha anunciado que prepara un proyecto de ley para enfrentar la biopiratería. Y en la gran reunión del Convenio Internacional de Biodiversidad en Hyderabad, en octubre de 2012, la Unión Europea explícitamente uso la palabra biopiratería para anunciar una nueva legislación que impida el uso ilegal de recursos genéticos. Eso era una manera de quedar bien en un país como India, muy sensibilizada al respecto.
Me pregunto por qué me satisface tanto el éxito de la introducción de un neologismo insultante, biopiratería, para designar una práctica común que continúa y crece. ¿Hemos ganado algo? Recuerdo la canción de Timothy Leary: Franco won the war but we had all the best songs. Los ecologistas vamos perdiendo pero lanzamos los mejores insultos.
* Joan Martínez Alier es autor de El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona, coordinador del proyecto EJOLT.
