Por Martha Lamas
Hoy en día persiste una batalla político-ideológica en el terreno de la conceptualización de “la vida”. Lo que está en juego es definir qué decisiones de los ciudadanos atañen a la sociedad y cuáles pueden ser de su exclusiva competencia. Fijar esta frontera se ha convertido en una pugna, pues una de las partes en disputa considera que usar técnicas de reproducción asistida, abortar legalmente, tener asistencia para suicidarse y acceder a la eutanasia son reivindicaciones legítimas de los ciudadanos que el Estado debe proveer, mientras que la otra parte, apuntalada en el dogma católico, rechaza cualquier intervención y regulación humana de los procesos de vida. La contraposición entre quienes se oponen a cualquier intervención sobre la vida biológica porque Dios la ha dado, y quienes sostienen que existe un umbral –de dolor, de desesperación, de angustia– más allá del cual la vida deja de ser un bien y se convierte en un mal, dificulta el establecimiento de un consenso político.
¿Qué pueden hacer las personas que desean tomar decisiones bioéticas sobre sus vidas pero no cuentan con la protección legal para hacerlo? Cada vez más grupos de ciudadanos consideran atrasada la legislación que los rige y denuncian que los códigos existentes violentan sus expectativas existenciales. Como el desarrollo tecnológico y científico avanza mucho más rápido que las normas jurídicas, toca cambiar la ley. Para ello hay que organizarse, protestar, cabildear, incluso plantear litigios jurídicos en defensa de la decisión individual de cada persona con respecto al uso de su cuerpo y al control sobre la duración de su vida. Y justamente para este tipo de acción ciudadana resulta invaluable la fuerza que otorga el respaldo de científicos e intelectuales.
Hace 10 años un grupo de médicos, filósofos y abogados que compartían la necesidad de enfrentar con argumentos científicos y filosóficos el discurso confesional que se filtraba en las propuestas legislativas crearon el Colegio de Bioética, Asociación Civil. Junto con sus actividades de investigación se propusieron hacer difusión de la perspectiva laica en bioética y decidieron asesorar a la clase política. Así, institucionalizaron lo que muchos de sus integrantes ya venían haciendo, cada quien por su lado. Los pasados 25 y 26 de septiembre sus integrantes celebraron esos 10 años realizando un simposio en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, con presentaciones y discusiones sobre una amplia variedad de temas: desde los problemas éticos en torno a la clonación y el uso de las células troncales, hasta los derechos bioéticos de los grupos vulnerables, incluyendo a los animales.
Además, siguiendo su valiosa tradición de introducir una perspectiva científica y laica en algunas decisiones legislativas, el Colegio de Bioética publicó (El Universal, 26 de septiembre) un desplegado dirigido a la opinión pública donde alerta acerca del dictamen de la Comisión de Salud sobre una propuesta de ley que trata de introducir un marco jurídico a la reproducción asistida. Tal iniciativa tiene graves inconsistencias científicas y parece hecha con el objetivo encubierto de conseguir que el óvulo fecundado tenga personalidad jurídica. Por si fuera poco, es discriminatoria, pues solamente las personas casadas podrían contar con esas técnicas, y prohíbe la crío-preservación de los óvulos fecundados. Dicho dictamen, que se emite con el apoyo del PAN y de algunos priistas, limita los derechos de las personas, dificulta el proceso de reproducción asistida y resulta anticonstitucional.
Estamos, otra vez, de vuelta al centro de la disputa bioética: ¿Cómo se conceptualiza “la vida”? La discrepancia valorativa sobre “la vida” da pie a la coexistencia de posturas bioéticas laicas y religiosas. Pero el Estado mexicano es laico y por lo tanto sus leyes deberían servir para dar sentido a la propia libertad del ciudadano, a partir de la información científica y bajo los principios de la libertad personal y la responsabilidad social. La bioética laica no establece un manual de reglas o prohibiciones, no es repertorio de censuras, sino que respalda una causa que nos beneficia a todos: la de la soberanía del ser humano sobre su propia existencia.
Discutir los temas bioéticos “candentes” –reproducción asistida, aborto, eutanasia– requiere una polémica pública, respetuosa y razonada. En México no hemos tenido todavía un debate sobre la reproducción asistida que haya involucrado a los expertos en el tema. Ante la ausencia de una legislación que reivindique la libertad de elección del sujeto y respete su voluntad, el Colegio de Bioética se pronuncia en contra de la propuesta de ley que dictaminó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
La apuesta liberadora de la bioética laica es asumir el dilema entre la libertad individual y la responsabilidad social. Para ello se requiere aceptar la existencia de la pluralidad, de la diferencia, como fundamento de la condición humana. Y ello implica defender un régimen democrático y laico, que permita a cada quien tomar las decisiones sobre su vida de acuerdo con sus creencias. Por eso hoy la discusión política acerca de cuestiones bioéticas tiene que enmarcarse en el respeto a la diversidad.
Fuente: Apro
