Después de semanas de controversia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió este miércoles a hacer pagar a los bancos un impuesto sobre los créditos hipotecarios, contraviniendo una decisión del Tribunal Supremo, a quien pidió hacer “autocrítica”.
A través de una modificación de la ley, el gobierno garantizará que “nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca”, anunció el socialista Sánchez en rueda de prensa, convocada a pocas horas de conocerse el anuncio del Supremo.
Sánchez movió ficha en medio del gran revuelo generado en España desde hace semanas alrededor de la pregunta de quién debe pagar el impuesto sobre las transacciones inmobiliarias antes de firmar un crédito hipotecario: los bancos o sus clientes.
Hasta el 18 de octubre, correspondía hacerlo a estos últimos, pero ese día el máximo tribunal dio un vuelco a la jurisprudencia y determinó que la carga recaería en los bancos.
Sin embargo al día siguiente, tras fuertes caídas de los bancos en la bolsa de Madrid, el tribunal decidió suspender la sentencia para reexaminarla.
Y finalmente el martes, luego de una maratónica sesión extraordinaria que mantuvo expectante al país, el Supremo retornó la situación a su origen, con el cliente corriendo con el gasto, provocando una ola de indignación en el país.
Sánchez pide “reflexión” al Supremo
El gobierno respeta “la independencia del Poder Judicial”, pero “no podemos dejar de lamentar la situación generada” por este viraje del Supremo, expresó Sánchez, llegado al poder el 1 de junio.
“Ningún poder está o puede estar fuera de la crítica”, apuntó Sánchez, pidiendo al Supremo “reflexión” y “autocrítica” sobre sus bandazos en estas dos semanas.
“Esta situación no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni sobre todo y especialmente para los ciudadanos”, agregó.
El Tribunal Supremo acepta las críticas, afirmó su presidente Carlos Lesmes, quien no obstante se defendió alegando que todo el asunto tuvo su origen en la “falta de claridad de la ley” que regula el impuesto hipotecario.
Al contradecir al tribunal en este caso, Sánchez busca erigirse en el representante político de una parte de la población descontenta con el Poder Judicial, según analistas.
“Es un tema de reputación del Tribunal Supremo, de credibilidad, de cómo ha gestionado (el asunto)” y Sánchez “ha visto una ventana de oportunidad y la está aprovechando” haciendo frente a una decisión “altamente impopular”, dijo a la AFP Antonio Barroso, analista de Teneo Intelligence.
En un país aún traumatizado por la crisis financiera, Sánchez responde a “la desconfianza de parte de la ciudadanía ante algunas instituciones que perciben como que actúan no tanto a favor de los intereses generales, sino a favor de intereses particulares, en este caso intereses del sector financiero ” opinó de su lado Oriol Bartomeus, profesor de políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona
Manifestación el sábado
“Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada”, denunció el martes el partido de izquierda radical Podemos, aliado crucial en el Parlamento del gobierno minoritario de Sánchez, que llamó a una manifestación el sábado frente a la sede del tribunal.
El anuncio de Sánchez “está bien pero no basta”, remarcó el líder de Podemos, Pablo Iglesias, este miércoles, exigiendo que los bancos reembolsen a las familias el dinero del impuesto que han recolectado por años para las arcas de las regiones españolas.
Desde 2014, 1,5 millones de personas pagaron ese impuesto, según Gestha, el sindicato de funcionarios del ministerio de Finanzas. El impuesto oscila entre el 0,5% y el 1,5% del préstamo, según las regiones.
Esta situación ocurre en momentos en que el Supremo es objeto de críticas cuando se prepara para juzgar a principios del año próximo, en un proceso muy sensible, a los dirigentes independentistas catalanes por su papel en el intento de secesión de octubre de 2017.
La fiscalía solicitó el viernes pasado fuertes penas de prisión de hasta 25 años contra estos dirigentes por rebelión, un cargo controvertido descartado por la Abogacía del Estado, representante del gobierno español, que pidió penas inferiores de hasta 12 años.
Fuente: AFP
