Por Tatiana Coll
Ciro Gómez Leyva apareció en la pantalla con el rostro desencajado, visiblemente resentido y contrariado por la decisión de retirar, aunque fuese momentáneamente, la Ley sobre el Servicio Profesional Docente que debía de ser votada sin excusa ese mismo día. Su mirada y su voz trasminaban mucho más que una simple molestia; en realidad se percibió una ira escasamente controlada, una ira que sólo puede ser provocada por un enraizado odio de clase: ¡no era posible que un tumulto popular haya doblegado al Congreso!
Después lo dijo claramente: han aceptado sacar la ley que representa el corazón mismo de la reforma, y eso no se puede permitir. Una ira que se percibe igualmente en las cúpulas mediáticas del continente cuando hablan de los diversos gobiernos democráticos, una ira muy parecida a la de los medios chilenos, encabezados por los momios pinochetistas, cuando se refieren a los estudiantes que luchan por una educación pública.
Siguiendo puntualmente esta pauta, las televisoras y radios han establecido un duro estado de sitio sobre el magisterio democrático. Los empresarios, los medios y el Pacto por Peña Nieto están concentrados en construir un cerco que les permita avanzar impunemente hacia la represión, ya lo dice abiertamente el señor Camacho Quiroz. Sus comentaristas repiten sistemáticamente la misma cantaleta: vandalismo, irracionalidad, oscuros intereses personales, por lo cual concluyen: los maestros no quieren ser evaluados.
Mentiras bien calculadas, pues no ha habido actos de vandalismo en las marchas y plantones de miles de maestros; no hay irracionalidad en acudir a la manifestación pública cuando después de meses en que han presentado sólidos argumentos en cientos de documentos nadie los toma en cuenta; no hay oscuros intereses cuando se está defendiendo el derecho al trabajo y, sobre todo, no hay rechazo a ser evaluados, sino a cómo y para qué se les quiere evaluar. No son los maestros los que tienen sitiado el Congreso y a los ciudadanos, como despotrican los medios: es la cerrazón total, el desprecio y la displicencia de todos los que deciden en torno a estas modificaciones lo que ha sitiado a los maestros democráticos y los obliga a romper el cerco con sus únicas posibilidades: la movilización masiva.
Podría asegurar que 90 por ciento de los congresistas ni siquiera han leído con un mínimo de detenimiento las leyes que votan tumultuariamente, irracionalmente, a gritos y sin presentar ningún argumento válido para arrancar a los maestros la estabilidad laboral. Si se aplicara una evaluación, incluso estandarizada, a los diputados sobre el contenido de las leyes que votan, los resultados serían patéticos; están acostumbrados a actuar bajo consigna y en la impunidad.
El corazón de la reforma es efectivamente la Ley del Servicio Profesional Docente, que asienta textualmente que en los casos de quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa. Esto determina prácticamente un estado de excepción sobre las condiciones generales de trabajo de uno de los profesionales que históricamente han aportado más a la fundación de un país justo y digno.
No hay para ningún otro profesionista una ley específica que reglamente de manera excluyente y excepcional sobre los derechos laborales. Ni a los médicos, ni a los ingenieros, ni a ningún especialista contratado con una plaza de base se les somete a esta nueva reglamentación. No se concibe nada semejante para esa enorme cauda de funcionarios que andan brincando de puesto en puesto sin siquiera tener el perfil adecuado; tampoco a los representantes de la nación que nunca, ni siquiera, rinden cuentas a sus electores.
No se han realizado evaluaciones a los expertos que construyen esa cantidad de exámenes estandarizados, plagados de errores reiteradamente señalados, igual que los libros de texto, que pululan por el Conacyt, Ceneval, Comipens, INEE y otros organismos autónomos.
La mentira más grave y cínica de todas las que a diario nos remachacan en los medios, la que el propio presidente Peña Nieto ha dicho, y que repiten todos, es la de que no serán afectados los derechos laborales del magisterio. Demagogia y cinismo han caracterizado siempre al discurso priísta, en el cual es todo un experto el señor de los chinchones, actual secretario de Educación; sin embargo, la ira que traspasó la mirada y palabras de Ciro Gómez Leyva y otros, como el diputado Alberto Villarreal, del PAN, demuestra que el objetivo real es deshacerse ya de ese magisterio democrático molesto. Es el mismo odio de clase que llevó al obispo de Ecatepec a decir a Fox que no importaba si tenía que acabar con unos 300 atenquenses, pero que no reculara en la decisión.
Fuente: La Jornada
